Juez ordena a Sedena entregar expediente completo de Ayotzinapa

Han pasado más de once años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y hoy, miércoles 4. de marzo, las familias que han exigido desde entonces que el Estado mexicano transparente todo lo que sabe al respecto han anunciado una victoria judicial. Un juzgado federal recién ordenó a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) entregar el expediente completo sobre Ayotzinapa: la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, que incluye al menos 853 folios militares que las familias han exigido durante años.

La resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México fue emitida el pasado 19 de febrero dentro del juicio de amparo 1350/2023. En un comunicado en conjunto, el Centro Prodh, Tlachinollan y Serapaz explican que este fallo establece que la falta de continuidad en los folios de los archivos militares “constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares” y debe ser entregada, desestimando el argumento de la Sedena de que esos documentos no existen.

La sentencia reconoce el derecho de las familias a la verdad y determina que los folios de este expediente, en poder de la Sedena, no pueden clasificarse como confidenciales, secretos o reservados en tanto existe “un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa”. La orden judicial abarca no solo al CFRI, sino también a otras instancias militares de inteligencia que pudieran tener registros de lo sucedido en septiembre de 2014.

La Sedena y el expediente oculto del Caso Ayotzinapa

La existencia de estos folios que fueron omitidos en los expedientes entregados por el Ejército es un viejo señalamiento de las familias de los 43 normalistas, así como de las organizaciones que han acompañado la investigación y el proceso legal de un caso que ha sido reconocido por el mismo gobierno federal como un crimen de Estado.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su sexto y último informe de 2023, reveló que había tenido acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos. Esta ausencia era sospecho y, por sí misma, parecía una evidencia, según las organizaciones, de un “ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense”.

En agosto de 2023, las familias interpusieron un amparo ante lo que describieron como la “parálisis” de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), creada por decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador para coadyuvar en la investigación. En su demanda, reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo así el Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había observado que los avances en la investigación se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información por parte de la Sedena, puntualizando que el litigio “pudo haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación”.

Una nueva detención

Además de esta victoria legal, el día de ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció una nueva detención relacionada con el caso. Mauro Antonio Mosso Benítez, ex director de Tránsito y Vialidad del municipio de Iguala y ex policía estatal en 2014, fue capturado el pasado fin de semana por su presunto involucramiento en la desaparición de los estudiantes. Según informó el Gabinete de Seguridad, se le acusa de delincuencia organizada y de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los normalistas el 27 de septiembre de 2014.

La detención se produjo durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala, donde también se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Mosso Benítez fue puesto a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

Esta captura se suma a las de otras diez personas detenidas a finales de 2024, entre ellas policías municipales y propietarios de funerarias en Iguala, como parte de las investigaciones que, más de una década después, aún no logran esclarecer el paradero de los jóvenes. Hasta ahora, apenas tres fragmentos de hueso de tres de los 43 estudiantes han sido identificados.

Las familias, incansables

En medio de estas noticias y resoluciones judiciales, las familias de los normalistas desaparecidos perseveran. Varios padres y madres han muerto en los últimos años sin conocer el paradero de sus hijos y en medio de una lucha social de más de una década. En un comunicado emitido esta semana, las familias insisten en denunciar los gestos vacíos del gobierno hacia los crímenes que derivaron en la desaparición de sus hijos y hacia los Normales Rurales en general.

Por ejemplo, calificaron como “desafortunadas” las declaraciones que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, realizó durante la conmemoración del centenario de la Normal de Ayotzinapa, celebrada a puerta cerrada en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México.

“Durante estos años de lucha por encontrar nuestros hijos hemos sido testigos de las desatenciones y de las represiones orquestadas desde las instituciones como las que representa el funcionario hacia las normales rurales“, señalaron las familias en su comunicado. “Declaraciones que se enmarcan solo en protagonismo y que dista mucho con sus actos en pro de las normales rurales del país. No se puede reconocer la lucha y resistencia de la normal de Ayotzinapa desde el escritorio”.

En su mensaje, los padres reafirmaron su postura de mantenerse “en la lucha por nuestros hijos, que ante este crimen de estado no quedará en el olvido ni en la impunidad”. Asimismo, hicieron un recorrido por la historia de represión que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, a la que definieron como “la institución que más ha sufrido los embates de parte del Estado con la intención clara de desaparecerla porque ha sido, siempre, una voz crítica y que no calla ante las injusticias”.

Recordaron que, además de los 43, durante la vida de la Normal han caído más de diez jóvenes normalistas, y mencionaron por sus nombres a Juan Manuel Huican Huican, Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, Fredy Vázquez Crispín, Eugenio Tamarit Huerta, Yonathan Morales Hernández, Filemón Tacuba Castro, Julio Cesar Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Las familias también rememoraron represiones previas, como la de 2007, cuando estudiantes fueron desalojados de manera violenta en el Congreso de Guerrero con saldo de varias normalistas lesionadas por proyectiles de goma y gases lacrimógenos. Y el desalojo del 12 de diciembre de 2011 en la autopista del sol, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús y más de 28 jóvenes resultaron detenidos y torturados. “Casos que hasta el día de hoy permanecen en la impunidad, ya que los únicos responsables detenidos obtuvieron su libertad”, denunciaron.

Claudia Sheinbaum anuncia reunión con padres de Ayotzinapa

Ante la noticia de la resolución judicial que obligaría a la Sedena a entregar el expediente completo del caso Ayotzinapa, además de la reciente detención, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que prevé reunirse con los padres de los 43 a finales del presente mes de marzo, después del día 26, para actualizarles sobre el estado de las indagatorias. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cautelosa y señaló que, para respetar el debido proceso y la autonomía de la institución, debe ser la Fiscalía General de la República la encargada de detallar los pormenores en los avances específicos de la investigación.

“Yo preferiría que lo informara la Fiscalía y también que se informara a los padres”, puntualizó la mandataria, subrayando que la comunicación directa con las familias es prioritaria y evitando, así, brindar más información a los periodistas La reunión se dará en un momento marcado de nuevo por la expectativa en el que las familias exigen resultados concretos sobre el paradero de los jóvenes y la sanción a los responsables, mientras el Poder Judicial le recuerda al Ejército que la verdad no puede encuartelarse.

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