Bancos financiaron asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental
Un informe revela que fondos de los bancos FMO y BCIE fueron desviados para pagar a los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres en 2016.
Los fondos de dos bancos internacionales de desarrollo, destinados a un proyecto hidroeléctrico en Honduras, fueron desviados para financiar el asesinato de la activista Berta Cáceres, según revela un nuevo informe de expertos independientes. El documento, presentado este lunes, sostiene que la poderosa familia empresarial Atala Zablah, accionista mayoritaria de la compañía a cargo de la obra, está mucho más implicada en el crimen de lo que se ha podido comprobar judicialmente.
En marzo de este año se cumple una década del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores en Honduras. Cáceres fue una líder indígena lenca, feminista y activista ambiental hondureña. Cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar por los derechos de su pueblo y en 2015 fue condecorada con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente.
Hija de una partera, enfermera y política, y de un perseguido político, Cáceres creció en el entorno violento de los conflictos centroamericanos de los años ochenta. Desde joven, brindó refugio a refugiados de la guerra civil de El Salvador. Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de cuatro hijos. Su lucha final fue contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que amenazaba el río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca. Su activismo logró la retirada de importantes financiadores como el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF), lo cual la convirtió en un blanco. Fue asesinada a tiros en su casa de La Esperanza la noche del 2 de marzo de 2016. En 2022, el Congreso Nacional de Honduras la declaró Heroína Nacional.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó meses a investigar las piezas financieras del complot. Su conclusión es contundente: al menos 25,000 dólares utilizados para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE ”.
El dinero fue parte de un préstamo de 44.4 millones de dólares concedido para la construcción de la represa Agua Zarca, en el occidente de Honduras. Según el informe, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de “desvíos y/o manejos irregulares”. La trama criminal empleó este sistema para costear actividades ilegales, culminando en el homicidio.
La ruta del dinero
El mecanismo, detallado en el informe, funcionó como una triangulación. Los fondos de los bancos, que debían ser utilizados exclusivamente para la obra, fueron desviados a través de empresas vinculadas a la promotora del proyecto, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Una empresa clave fue Concretos del Caribe S.A. (CONCASA), descrita en el informe como una “empresa fantasma” fundada por el entonces director ejecutivo de DESA, David Castillo, y cuyo control administrativo fue transferido al director financiero, Daniel Atala Midence, poco antes del asesinato. A través de cuentas de CONCASA y otras compañías, el dinero fue lavado.
Finalmente, el pago a los asesinos se materializó en tres cheques, por un total de más de medio millón de lempiras (unos 25,000 dólares), que fueron cobrados los días 3 y 4 de marzo de 2016, inmediatamente después del crimen. El dinero fue repartido entre los sicarios, hoy presos.
La familia en el centro de las sospechas
El informe del GIEI pone el foco en la familia Atala Zablah, uno de los clanes empresariales más ricos de Centroamérica, dueño de la sociedad financiera Inversiones Las Jacarandas, socio mayoritario de DESA. Aunque la justicia hondureña nunca ha procesado a ninguno de sus miembros, el equipo de expertos dibuja una participación activa.
“Integrantes de la familia Atala”, señala el documento, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres”.
Las comunicaciones interceptadas muestran que David Castillo, ya condenado como coautor del asesinato, mantuvo contacto constante con miembros de la familia Atala en los días críticos. El 4 de marzo, por ejemplo, habló en varias ocasiones con Pedro, Daniel y Jacobo Atala. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho criminal”, concluye el GIEI.
El informe afirma que tanto Castillo como Daniel Atala “habrían desempeñado funciones de enlace” entre los accionistas y el nivel operativo que ejecutó el crimen. Daniel Atala sigue prófugo, con una orden de captura de la Interpol emitida en 2023.
Un crimen planificado
El proyecto Agua Zarca, impulsado por DESA desde finales de la década de 2000, buscaba construir una presa en el río Gualcarque, en territorio lenca. La comunidad, liderada por Cáceres y el COPINH, se opuso frontalmente, denunciando la destrucción de su hábitat, la contaminación del río y la afectación a su modo de vida.
Entre 2013 y 2014, la resistencia local logró que el Banco Mundial y la gigante constructora estatal china Sinohydro retiraran su apoyo al proyecto. Esta victoria sumió a DESA en una crisis financiera. Los préstamos internacionales tenían plazos y la oposición impedía el avance de las obras, poniendo en riesgo toda la inversión.
Para los promotores de la represa, la lucha del COPINH dejó de ser una protesta legítima para convertirse en un “riesgo empresarial” intolerable. Esta lógica quedó plasmada en una frase atribuida a Pedro Atala, cinco meses antes del asesinato: “O ellos o nosotros”.
En ese contexto se planificó el crimen. El GIEI detalla que la trama organizó al menos cinco incursiones previas a La Esperanza para intentar acabar con Cáceres, todas fallidas. La sexta, en la noche del 2 de marzo, tuvo éxito. Sicarios entraron a su casa y le dispararon. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y sobrevivió fingiéndose muerto.
Hasta la fecha, ocho personas han sido condenadas por el asesinato. Entre ellos están autores materiales, exmilitares y dos altos ejecutivos de DESA: su presidente, David Castillo (condenado en 2021 y cuya sentencia fue ratificada en noviembre de 2024), y el gerente Sergio Rodríguez, sentenciado a 30 años de prisión.
Sin embargo, la investigación no ha escalado hacia los máximos responsables. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía” no investigado. El informe también destaca la profunda conexión entre la empresa y las estructuras del Estado hondureño.
“Los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales”, indica el documento, mencionando vínculos de imputados con las Fuerzas Armadas y señalando que DESA fue creada por un oficial de inteligencia militar. Además, se documenta una “relación sostenida” entre directivos de DESA y el entonces ministro de Seguridad, con quien los Atala se coordinaban.
El GIEI critica además la actuación de las autoridades antes del crimen. La Fiscalía, en una investigación paralela de narcotráfico, había interceptado comunicaciones de uno de los luego condenados hablando del futuro asesinato. Si se hubieran investigado, dice el informe, se podría haber prevenido.
Una herramienta contra la impunidad
Junto con el informe, el colectivo re/presentare –una agencia de prácticas visuales e investigaciones espaciales situada en la Ciudad de México– presentó una plataforma web interactiva que busca hacer accesible al público la compleja red financiera y de poder detrás del crimen. La herramienta traduce los hallazgos en mapas y líneas de tiempo, mostrando “cómo se configuró el riesgo” contra Cáceres.
Re/presentare es parte de Investigative Commons, Una comunidad de agencias de investigación fundada por Forensic Architecture. Como agencia suele enfocar sus investigaciones en la forma en que los sistemas políticos o económicos potencian las violencias de género, ambientales o políticas. intersecciones con sistemas políticos, económicos y sociales.
Esta vez, la agencia acompañó al GIEI de Honduras y al COPINH para la creación de la plataforma en el marco del mandato internacional para la reparación del daño y la no repetición.
El caso de Berta Cáceres es uno de los símbolos más cruentos de la violencia contra defensores ambientales en América Latina, una región donde, según datos de 2024, ocurre el 82% de los asesinatos globales de activistas territoriales. A casi diez años del crimen, el nuevo informe ilumina algunos de los hilos que movieron la trama aun cuando la justicia continúa incompeta.
La investigación del GIEI concluye con recomendaciones precisas: profundizar en el rol de la familia Atala Zablah, investigar sus comunicaciones y aclarar los vínculos de DESA con el Ministerio de Seguridad. Mientras Daniel Atala siga prófugo y los máximos accionistas no rindan cuentas, el asesinato de la líder lenca permanecerá, a medias, en la sombra
