La Cámara de Diputados aprueba amplíar el catálogo de delios que ameritan prisión preventiva oficiosa
La extorsión, actividades con facturas falsas y producción de fentanilo entran en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, una medida que vulnera derechos humanos
Anoche la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa (PPO), una medida que organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado como “perjudicial y regresiva”.
La reforma aprobada al artículo 19 de la constitución incluye delitos con los que presuntos responsables pueden ser detenidos y permanecer en prisión por tiempo indefinido mientras se investigan los hechos.
La extorsión, actividades relacionadas con la emisión de facturas falsas y el tráfico de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, son los delitos que ameritan prisión preventiva, tal como lo aprobó el bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el diputado Ricardo Monreal presentó dos reservas para excluir de este catálogo al narcomenudeo y la defraudación fiscal. “Han planteado compañeros del movimiento que le demos un tratamiento social para poder generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar el tejido social”, dijo al justificar la exclusión del narcomenudeo.
Pese a las reservas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) alertó que esta reforma “desincentiva las capacidades para investigar delitos e incumple sentencias y recomendaciones internacionales”.
En efecto, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), emitida en 2023, condenó al Estado mexicano a eliminar la figura de arraigo y adecuar las medidas de prisión preventiva a tratados internacionales.
La sentencia de la CorIDH se deriva del caso Rodríguez García y Reyes Alpízar VS México, quienes demandaron al Estado tras permanecer 17 años en prisión preventiva mientras se investigaba un homicidio con tintes políticos ocurrido en el Estado de México en 2001. Este fue uno de los encarcelamientos más largos en el mundo, en el que se documentaron vulneraciones a los derechos humanos de los procesados y torturas para obtener inculpaciones.
En septiembre pasado, un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria identificó a más de 90 mil personas presas sin sentencia en México, la mitad de estas se encuentran bajo la figura de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con ONU-DH esta medida atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia judicial y la persecución eficaz de los delitos.
