El Gobierno de la Ciudad de México desalojará campamento migrante en Vallejo
Más de 200 personas, entre ellas 60 menores, serán desalojadas del campamento en Vallejo. La comunidad migrante asegura que la opción gubernamental de enviarlos a refugios de la capital, limita sus posibilidades de un empleo además de interrumpir los ciclos escolares de los niños que acuden a las escuelas de la zona.
La Coordinación de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México notificó ayer jueves a las más de 260 personas que habitan un campamento migrante en la colonia Vallejo que el asentamiento sería desmantelado de manera total a las cinco de la mañana de este viernes. La medida, justificada por las autoridades en razones de seguridad y protección civil, supone un cambio de estrategia respecto a operativos anteriores.
Temístocles Villanueva, titular de la coordinación, confirmó que, a diferencia de las intervenciones realizadas en abril y diciembre de 2025 —cuando se hacían invitaciones voluntarias para trasladarse a albergues—, en esta ocasión se procederá al desmantelamiento definitivo del campamento. “Nunca se habló de un desmantelamiento, hoy sí estamos hablando de un desmantelamiento total”, afirmó en entrevista.
El argumento oficial para este operativo, que pretendía ser ejecutado en las primeras horas de este viernes, es el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona. “En este espacio se cometen delitos diariamente” afirmó Villanueva. “Hay muchas denuncias, los delitos son cada vez más graves y la confrontación vecinal se ha tornado más violenta”. Las autoridades buscan, según explicó, evitar un suceso “mucho más grave que ponga en riesgo la vida de más personas”.
A las once de la mañana de este viernes el campamento no ha sido desalojado ni desmantelado: las más de 60 familias pasaron la noche en vela esperando la llegada de las fuerzas públicas. Durante la madrugada aparecieron algunos camiones de basura y personal de la alcaldía Gustavo A. Madero, también camiones de pasajeros para ofrecer a los migrantes el traslado gratuito a dos albergues: el Vasco de Quiroga, ubicado en Tepito, y el del Bocanegra, un hotel adaptado en Peralvillo. Observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también llegaron al lugar y anunciaron que la Comisión ha interpuesto varios amparos para evitar el desalojo de este campamento.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
El rechazo de los migrantes
Los migrantes no quieren acudir a los albergues y refugio oficiales del gobierno. Algunos de ellos aseguran ya haber experimentado estancias previas en esos lugares y la experiencia, dicen, no fue grata. Acusan que son inseguros y que los horarios y reglas son estrictos, haciéndolos sentir en una cárcel pues no pueden trabajar jornadas nocturnas o fuera de los horario establecidos por los albergues.
Los migrantes temen que, con el desalojo, puedan perder las pertenencias que han acumulado durante su estancia en México y que resguardan en las pequeñas casas de madera y lamina ubicadas a un costado de las vías. Esto no es poca cosa: los migrantes se han hecho de electrodomésticos básicos para sobrellevar la vida cotidiana, además de herramientas que usan para autoemplearse y que representan su único medio de sustento.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Para lograr que el desalojo sea voluntario, a las familias migrantes se les ofreció vincularse a un programa de la Secretaría de Vivienda capitalina que consiste en un apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales durante seis meses para que puedan rentar una vivienda. Sin embargo, los migrantes consideraron que cuatro mil pesos son insuficientes para alquilar un espacio en la Ciudad de México.
Uno de los aspectos que más preocupa a las familias es la situación de los menores. En el campamento migrante de Vallejo viven al menos 66 niños, los que están en edad escolar –la mayoría– asisten regularmente a secundarias, primarias y jardines de infancia cercanas a la colonia. La reubicación, advierten los padres, interrumpirá su ciclo escolar y los obligará a buscar nuevas inscripciones en un entorno desconocido.
La controversia legal
La operación se enfrenta a un obstáculo jurídico. De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, existen tres juicios de amparo vigentes que protegen a los habitantes del campamento y que, en principio, impedirían su reubicación sin consentimiento.
Sin embargo, los funcionarios que acudieron este jueves al asentamiento para notificar a las familias calificaron esos documentos como “apócrifos”. Durante el recorrido, personal de la coordinación, acompañado por policías del sector y de inteligencia de la ciudad, tocó las puertas de los ranchitos —cuartos improvisados con retazos de madera— para levantar un censo y marcar aquellos espacios donde no encontraron ocupantes.
El asentamiento está a punto de cumplir tres años de existencia. Es el último que sobrevive tras el desmantelamiento de otros dos campamentos de gran tamaño: el de la Central del Norte y el de la Plaza La Soledad.
Los migrantes provienen principalmente de Venezuela, Honduras, Colombia y Ecuador. Al menos 170 de los habitantes del campamento son solicitantes de refugio y tienen sus casos abiertos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
A pesar de los ofrecimientos de las autoridades, la mayoría de los habitantes del campamento se resiste a ser reubicada. Prefieren, dicen, la precariedad del asentamiento —donde al menos pueden conservar sus pertenencias, mantener sus trabajos y llevar a sus hijos a la escuela— a la seguridad que, según el gobierno, les ofrecen los albergues.
