Caso González Méndez: Corte Interamericana responsabiliza a México por apoyar a grupos paramilitares
El zapatista fue desaparecido por un grupo paramilitar en 1999. Hoy la CorIDH reconoce al Estado mexicano como formador de estos grupos.
Esta mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el caso González Méndez vs. México, por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, integrante de las bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reconocido ahora como víctima del grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia).
“El tribunal declaró la responsabilidad internacional de México por la desaparición del señor González Méndez (…) en una situación de violencia en Chiapas, en la cual grupos paramilitares operaban con apoyo estatal para neutralizar organizaciones políticas”, notificó en la sentencia el juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte IDH.
En el texto íntegro de la sentencia, se explica el contexto de violencia en Chiapas tras el levantamiento zapatista, el proceso de paramilitarización y elementos que confirman que González Méndez, por su afiliación política, fue víctima de un entorno hostil que el Estado facilitó.
Entre los puntos resolutivos de la sentencia están la continuación de las investigaciones penales hasta deslindar y castigar responsabilidades; que el Estado brinde atención médica, becas estudiantiles e indemnización a la familia de la víctima; que se renombre una sala de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH) con el nombre de Antonio y que el Estado informe a la Corte IDH sobre el cumplimiento de la sentencia.
La desaparición de Antonio
El 18 de enero de 1999, Antonio González Méndez, indígena cho´l, base zapatista, militante del PRD y padre de cuatro hijos menores de diez años, salió por la madrugada rumbo al Río Sabanilla, donde le compraría una escopeta a Juan Regino López Leoporto, joven de 17 años señalado por Sonia López, esposa de González Méndez, como integrante del grupo paramilitar “Desarrollo, Paz y Justicia”. Desde esa noche el zapatista está desaparecido.
Un informe de análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) confirmó que un hermano de López Leoporto era integrante del grupo paramilitar; también Sonia López declaró a las autoridades que la adscripción de Juan Regino al grupo paramilitar Paz y Justicia era conocida por toda la comunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, no confundir con la Corte IDH) ha hecho hincapié en las omisiones que cometieron las autoridades judiciales durante la investigación del caso, por ejemplo, no seguir líneas de investigación ni indagar el vínculo de López Leoporto con el grupo paramilitar Paz y Justicia.
Desde enero de 1999, Sonia López ha buscado a su marido y repetidamente se ha topado con la omisión, la negligencia y la impunidad del aparato de justicia mexicano en diferentes niveles. La averiguación previa abierta en Chiapas sigue estancada a más 26 años de la desaparición.
La contrainsurgencia en Chiapas
De acuerdo con el Informe de Fondo elaborado por la CIDH, la desaparición de González Méndez se enmarca en las operaciones de contrainsurgencia en Chiapas cuando grupos criminales y paramilitares fueron auspiciados por el Estado. Concretamente, el documento se refiere a las acciones delineadas en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), un documento también conocido como la “Ofensiva Zedillo”.
Dicho documento planteó como un objetivo gubernamental “destruir o desorganizar las guerrillas locales del EZLN” y “organizar secretamente a sectores de la población civil, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) obtuvo una copia del documento militar en el que queda de manifiesto el respaldo del Estado a las organizaciones paramilitares en Chiapas. Además, con testimonios de ex integrantes del “Desarrollo, Paz y Justicia” se confirmó el apoyo que este grupo recibió desde el gobierno, particularmente del general Mario Renán Castillo, un boina verde encargado de la Fuerza de Tarea Arcoiris, agrupamiento empleado para sofocar al EZLN.
En 1997, Paz y Justicia se constituyó como una asociación civil a fin de contar con una fachada legal que le permitiera obtener ingresos, mismos que recibieron ese año mediante un convenio con el gobierno de Chiapas por 4.6 millones de pesos, el testigo de honor del convenio fue el general Renán Castillo.
Aunque el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública en enero de 2022, mediante un acto oficial encabezado por Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Estado sigue negando su implicación en la formación de grupos paramilitares. Con el caso González Méndez y la sentencia dictada por la Corte IDH, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hace de nuevo el llamado a que se reconozca la responsabilidad, algo que sería urgente ante la escalada de violencia Chiapas en donde muchos de estos grupos paramilitares continúan activos y, muy probablemente, cobrando por sus servicios.
