Caso Querubines: Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga recuperan cuentas bancarias
Se ordenó a la UIF a desbloquear las cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga, señalados por recibir 17 mdp mediante factureras.
Un Juzgado Federal obligó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a desbloquear las cuentas bancarias de la conductora Inés Gómez Mont y del empresario Victor Manuel Álvarez Puga, ambos prófugos y señalados por un presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos de recursos provenientes de penales federales.
De acuerdo con El Economista, la UIF envió el acuerdo 51/2025 a instituciones bancarias para el desbloqueo de las cuentas, acatando la sentencia del amparo 35/2024, el cual dio la razón a Gómez Mont y Puga.
En una revisión del documento judicial, se confirmó la sentencia del juicio de amparo 1007/2023 emitida por el Décimo Juzgado en Materia Administrativa de CDMX, después de que el matrimonio impugnara el congelamiento de 6 cuentas y 2 tarjetas de crédito el 2 de junio de 2023.
“La atribución de bloqueo de cuentas justamente se enmarca como una medida implementada por México para el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido (…) por lo que para ello debe existir una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales con atribuciones para ello, lo cual en el caso en concreto no se acreditó ni existe indicio alguno de la existencia de dicha solicitud de forma expresa”, se lee en la resolución.
Trama de desvíos en penales federales
En 2021 se conoció de una denuncia por presuntos desvíos de recursos mediante dos contratos firmados con el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) en agosto y octubre de 2016 para proveer equipos de vigilancia por 2 mil 950 mdp.
En septiembre de ese año se libró una orden de aprehensión contra el matrimonio, que de acuerdo con una indagatoria federal revelada por Animal Político, recibió recursos públicos mediante un tinglado de sociedades clasificadas entonces por la autoridad hacendaria como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, empresas fachada.
Un reportaje de Reforma dio cuenta de las triangulaciones de recursos recibidos por Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A (SPICSA) hacia un racimo de compañías constituidas en San Luis Potosí, como Tangamanga, Arromlop, Modemo, Comcemlint, Gupea y Rancel.
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que entre octubre y diciembre de 2016, Álvarez Puga recibió 2 millones 179 pesos de Gupea Construcciones, mientras que Gómez Mont recibió un total de 14 millones 843 pesos de Tangamanga y de Gupea.
Desde entonces, Gómez-Mont se ha limitado a publicar en su cuenta de Instagram -en la que solía documentar su estilo de vida- comunicados relativos al proceso legal en los que ha negado responsabilidades en el desvío de recursos, en cambio, admitió un proceso por 14 mdp, en el cual afirmó haber pagado 13.5 millones mediante un acuerdo reparatorio en 2018.
Ambos han permanecido prófugos desde 2021, mientras que tres accionistas de las empresas fachada han sido detenidos. Una de estas personas es Yareli Eunice García -accionista de Gupea- quien fue sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero en noviembre de 2023.
