Chiapas: cientos de familias se refugian en Guatemala ante violencia criminal
Al menos 600 personas se han refugiado en Guatemala ante el desplazamiento forzado por la violencia en la frontera sur.
La mayoría llegó a pie, incluso descalzos, caminando por horas a través de los senderos cerrados de la sierra y la selva, bordeando el Río Grijalva para conseguir cruzar la frontera con Guatemala y escapar de las balas de México, del reclutamiento forzado que practican las organizaciones criminales en Chiapas, de la extorsión y de la amenaza diaria que se vive allí.
Son alrededor de 600 personas que provienen de distintas comunidades de Chiapas. Llegaron buscando refugio al municipio de Cuilco y organizaciones de derechos humanos en Guatemala reportaron el deceso de un hombre que llegó herida por arma de fuego, también el de una anciana que por la prisa de la huída no puedo cargar con sus medicamentos para combatir la diabetes y murió en el camino.
Hay, además, familias enteras que cargan a sus hijos menores de edad, muchos en plena crisis nerviosa. Hay una niña chiapaneca hospitalizada por deshidratación.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que el éxodo de Chiapas comenzó la semana pasada, cuando los enfrentamientos entre cárteles de la droga se intensificaron. Las autoridades indicaron que en estos últimos días ellos tienen conocimiento de al menos 19 muertes debido a estos conflictos.
Al respecto, durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que se trata de meras “circunstancias”: “Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de dos grupos (…). No es un asunto como lo quieren ver nuestros adversarios de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país”.
Pero no todos están de acuerdo con él.
“Las autoridades mexicanas no protegen a sus ciudadanos” declaró el miércoles pasado la gobernadora del departamento de Huehuetenango ante el prolongado silencio de las autoridades mexicanas respecto a poblaciones enteras desplazadas a causa de la violencia.
La violencia en Chiapas no es un cuento
A pesar de los constantes esfuerzos por negar que la violencia en Chiapas no es un evento circunstancial, anecdótico ni simples enfrentamientos entre pequeños grupos de pobladores –como ha afirmado el presidente en distintos momentos–, existen esfuerzos por documentar el auge de la violencia y las agresiones en Chiapas desde hace al menos tres años.
Agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas o la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todas y Todas” (Red TDT), así como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala han hecho un minucioso registro en torno a la crisis de criminalidad en el sureste.
En el último informe de estas organizaciones –Asedio a la vida cotidiana, terror para el control de territorio…–, publicado a principios de 2024, ubica el punto de inflexión con el asesinato de Gilberto Rivera El Junior, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, ultimado al parecer por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió el 17 de junio de 2021, un mes después de las elecciones locales.
A partir de ese momento aumentaron los enfrentamientos en frecuencia e intensidad. Las ejecuciones se multiplicaron en toda la zona fronteriza, aumentaron los casos de desaparecidos –entre 2018 y 2023 se contaban más de 800 personas desaparecidas en Chiapas–. El palacio Municipal de frontera Comalapa fue atacado en más de una ocasión, el Ejército ha asegurado lanzagranadas y arsenal de guerra en la zona. Existen registros de drones que patrullan o lanzan explosivos y los enfrentamientos los protagonizan vehículos blindados que no pertenecen a las corporaciones oficiales.
No debería ser una sorpresa los cientos de familias que hoy se refugian en Guatemala, luego de huir de la violencia que se ha adueñado de Chiapas.
Desplazamiento forzado: recuerdos de la contra-insurgencia
Las familias que cruzaron la frontera con Guatemala huyeron de distintas comunidades, del Pueblo de San José y de Amatenango de la Frontera, por ejemplo.
Y es que en Chiapas, particularmente en la zona cercana a la frontera, los grupos criminales deciden si las iglesias abren y a qué hora, fijan los precios del huevo o del frijol, toman el control de la policía ejidal o de los centros de salud, reclutan jóvenes menores de edad y obligan a carpinteros, mecánicos o electricistas a trabajar para ellos.
Se ha vuelto común que la población civil sea tomada como rehén de los grupos en disputa –el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa–. Los utilizan como escudos humanos, los obligan a participar en movilizaciones o bloqueos en favor de alguno de los bandos en disputa. Han cortado suministros de alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica, teléfono; han envenenado al ganado o quemado casas cuando alguien se resiste.
Eso fue lo que pasó en San José y en Amatenango: como la gente se negó a colaborar en estas actividades, comandos criminales irrumpieron en sus casas, las saquearon y amenazaron de muerte a sus habitantes.
El gobierno guatemalteco ha levantado tres refugios en el interior de escuelas ubicadas en las aldeas de Ampliación Reforma, Unión Frontera y Monterrico, dentro el municipio de Cuilco.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se encuentra ya en comunicación con las y los mexicanos que se encuentran en Guatemala para proporcionar asistencia además de opciones de retorno al país “en caso de que lo soliciten”.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Guatemala y el consulado en Quetzaltenango, proporciona apoyo y asistencia requerida a las personas mexicanas que se encuentran en el Departamento de Huehuetenango, en Guatemala”.
Esta es la ola de violencia más alta que ha vivido Chiapas en su historia. En mayo de 2023, en la comunidad de Nueva Independencia tuvo lugar la “guerra de los 4 días”: días y noches de refriegas y disparos sin tregua que provocaron la huída de más de 3 mil 500 personas. Al menos 6 mil beneficiaros del programa Sembrando Vida abandonaron sus tierras por la violencia.
Las organizaciones de derechos humanos reportan mujeres asesinadas en sus casas, cadáveres con huellas de tortura y el tiro de gracia, presidentes municipales asesinados al salir de su casa, balaceras que duran más de 24 horas –como la que ocurrió el 14 de julio de 2022 en la Trinitaria–, hombres armados con alto calibre instalado en las bateas de las camionetas, tráilers secuestrados incendiándose a mitad de las carreteras.
Todo esto bajo los ojos de más de 15 mil elementos de las diferentes dependencias del Ejército mexicano desplegados en la zona. De poco han servido las bases, destacamentos militares, puestos de control y cuarteles de la Guardia Nacional instalados en toda la zona fronteriza. Los más suspicaces recuerdan las estrategias de contra-insurgencia y los grupos paramiltares de los años noventa y afirman que se trata del mismo fenómeno, 30 años después.
“Nos encontramos en estado de sitio como lo hemos denunciado en otras ocasiones: el pueblo está sitiado por el crimen organizado” advirtieron comunidades de Chicomusuelo en 2023 y no son pocos los pueblos que han intentado protestar, crear grupos de autodefensa, refugiarse con las comunidades zapatistas –que también se han visto afectadas–. Pero nada ha dado resultado.
Tanto las familias chiapanecas desplazadas como los habitantes de Cuilco hacen un llamado a los gobiernos para que envíen ayuda humanitaria. Los habitantes de cada aldea recibieron a los desplazados proporcionándoles víveres, cobijas, ropa. Pero ninguno de estas comunidades de Guatemala donde los exilados por la violencia en Chiapas se refugian, cuenta con alimentos o medios suficientes para atender una crisis de esta naturaleza.
