Congreso de CDMX pone un tope a Airbnb y a los alojamientos turísticos
El Congreso de CDMX modificó varias leyes para comenzar a regular plataformas digitales como Airbnb y "mitigar" la gentrificación.
Este miércoles el Congreso capitalino aprobó un dictamen cuyo propósito explícito es “mitigar” los efectos de la gentrificación en los barrios de la ciudad, además de la “competencia desleal” para el sector hotelero que representan plataformas digitales de alojamiento de corta estancia como Airbnb en la CDMX.
La nueva regulación, una iniciativa enviada al Congreso por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, modifica las leyes de Turismo, Vivienda y de Reconstrucción Integral de la ciudad. Con ella intentará poner un tope al número de noches que una vivienda puede ser ofrecida en estas plataformas: un máximo de seis meses al año podrá ofrecerse como vivienda turística.
Con 49 votos a favor, 9 abstenciones y 6 votos en contra –de candidatos que consideraron que la restricción atenta contra el derecho a la propiedad privada–, la medida fue aprobada aunque todavía está en espera de comenzar a operar pues no se ha iniciado el registro oficial de inmuebles que se ofrecen a través de estas plataformas.
Apenas entre en vigor, no podrá renovarse el registro a los inmuebles que hayan tenido una ocupación mayor al 50% de noches al año –tendrán que esperar un año más para volver a registrar.
Además, una medida para proteger la inversión estatal en la oferta habitacional fue la modificación al artículo 36 de la Ley de Vivienda, la cual ahora mandata que los inmuebles construidos con recursos públicos como vivienda de carácter popular y social no podrán ser ofrecidos para alojamientos turísticos o de corta estancia en plataformas digitales.
Lo mismo aplica, según la modificación al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad, para las viviendas que hayan sido reconstruidas con inversión pública tras el terremoto del 2017: no podrán ser ofrecidas al mercado turístico.
A estas alturas resulta indudable que la gentrificación, la turistificación y la especulación inmobiliaria han afectado los precio de las rentas en la Ciudad de México. En la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, las rentas se han incrementado en un 26% sólo en los últimos cinco años según un estudio de Real State Market.
Barrios populares como la Obrera, la Doctores o incluso la Atlampa o la Guerrero, muchos construidos gracias a la organización de trabajadores sindicalizados o de damnificados tras el terremoto del 85, se han visto afectados por las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario y se cuentan cientos de desalojos y de despojos ilegales, a veces con autoridades involucradas. Esto sin mencionar las 20 mil familias que, según el Proyecto General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cada año son expulsadas de la ciudad por no poder solventar los costos de alquiler.
No es la primera vez que se intenta regular Airbnb y plataformas similares. El problema de la vivienda fue uno de los más desatendidos y polémicos de la administración de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, quien se negó a establecer una moratoria de desalojos durante la pandemia de Covid-19 como sí hicieron decenas de países y, en cambio, estableció un pacto con Airbnb en 2022 para recibir más nómadas digitales en la capital.
Apenas en marzo pasado, por iniciativa de una diputada del Partido Acción Nacional, se modificó la Ley de Turismo para intentar frenar la competencia desleal de las plataformas de hospedaje, obligarles a ofrecer mínimas medidas de protección civil para los huéspedes y generar un Padrón de Anfitriones que permitiera una regulación básica.
Según el último corte de la organización Inside Airbnb, que intenta transparentar los datos de esta plataforma digital, en la Ciudad de México existen por lo menos 26 mil viviendas ofrecidas como alojamientos temporales. La cifra es mayor, puedo que al momento de recabar los datos la organización sólo puede medir las habitaciones disponibles, no así las ocupadas en ese momento.
