Ocho de cada diez participantes en consulta lineamientos sobre derechos de audiencias
La consulta sobre la "Ley de audiencias" concluyó con 82.2% de rechazo. Artículo 19 advierte sobre facultades no previstas en la ley.
La consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias concluyó el pasado 21 de agosto con un resultado contundente: ocho de cada diez participantes expresaron su oposición a los lineamientos promovidos por la administración federal.
La consulta de la llamada “Ley de Audiencias” estuvo a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Su estrategia fue abrir una página web para que cualquier persona interesada pudiera participar a través del envío de un documento o publicando un comentario. Aunque el sitio no cuantifica las publicaciones favorables o contrarias a la iniciativa –no hay buscador, ni filtros que automaticen ese proceso–, la organización Mexicanos Contra la Corrupción procesó los 8,889 comentarios de los participantes para conocer las tendencias.
De acuerdo con su análisis realizado, en la consulta solo el 9.7 por ciento de los comentarios respaldó la iniciativa de esta nueva “Ley de Audiencias”. Un 6.1 por ciento adoptó una posición intermedia —aceptando partes del proyecto pero objetando otras—, mientras que un 2 por ciento restante evitó pronunciarse a favor o en contra.
“El resultado no admite matices: 82.2% de los comentarios fueron en contra y apenas 9.7% a favor. Un 6.1% ofreció una posición matizada y 2% no tomó postura”.
El formulario digital estuvo abierto desde el 27 de julio hasta el 21 de agosto, un periodo de 26 días. La plataforma recibió un total de 8 mil 889 comentarios. Además, los participantes adjuntaron 271 documentos, cuyo contenido total alcanzó las 2 mil 523 páginas, según el informe de MCCI.
Un polémico anteproyecto
El 28 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó el anteproyecto de lineamientos que estaría a consulta pública. Sheinbaum sostuvo entonces que el objetivo no era sancionar, sino fomentar la autorregulación de los medios: “No es estar multando. El objetivo es un proceso de autorregulación del medio”.
Sin embargo, las preocupaciones de los participantes se concentraron en torno a la posible afectación a la libertad de expresión. Dos de cada tres participantes asociaron la propuesta con posibles restricciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el análisis de MCCI. El segundo motivo de desconfianza, mencionado en el 34.2 por ciento de los comentarios, fue la injerencia estatal en la protección de las audiencias.
Otro 24.6 por ciento cuestionó la capacidad de la autoridad para definir criterios sobre la veracidad de la información, mientras que el 14.8 por ciento señaló la falta de autonomía de la CRT respecto del gobierno federal. El 11.5 por ciento criticó que las obligaciones recaigan exclusivamente en los concesionarios de radio y televisión y no en la comunicación gubernamental. La frase “el gobierno miente y nadie lo evalúa” apareció en 1,026 comentarios, según MCCI.
Organizaciones civiles también presentaron observaciones formales. El análisis fue suscrito por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) y Perteneces A.C., organizaciones que han manifestado su preocupación por el contenido del anteproyecto. El documento sostiene que la ley solo autoriza a la CRT a vigilar el cumplimiento de reglas, no a calificar la veracidad de la información ni a intervenir en decisiones editoriales.
Según el documento, el anteproyecto atribuye a la CRT competencias que no están previstas en la legislación: evaluar si una información es falsa o carece de contexto, supervisar cómo los medios diferencian información de opinión y anular las resoluciones de los defensores de las audiencias.
El texto advierte que el proyecto introduce un esquema de sanciones que no existe en la ley actual. La normativa vigente solo prevé castigos por tres faltas específicas: la ausencia de mecanismos de defensa para las audiencias, la falta de una persona defensora y la omisión de un código de ética. El documento señala: “La autoridad y no el legislador sería quien definiría qué conductas pueden ser castigadas”.
