La Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa publica un tercer informe
A diez años de Ayotzinapa y con la desconfianza de las familias, el gobierno publica su último informe de investigaciones.
A un día de que se cumpla una década de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha publicado su tercer y último informe de labores durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe, compuesto de 112 páginas y cinco anexos, es un recuento de la raquítica información de inteligencia militar localizada en los archivos de la Comisión, de los estancamientos en las extradiciones de ex funcionarios implicados en el caso, de las críticas a la liberación de detenidos por una sentencia judicial y de las búsquedas en campo que presumen hallazgos –pero no de los normalistas–.
El informe llega después de que las familias pusieran fin a las conversaciones con el gobierno de López Obrador, una administración que prometió justicia y colaboró activamente hasta 2022, cuando el señalamiento directo a la responsabilidad del Ejército provocó la salida del ex fiscal especial Omar Gómez Trejo y, al año siguiente, la renuncia de Alejandro Encinas, el primer titular de la CoVAJ.
Tras el descalabro, Arturo Medina Padilla sustituyó a Encinas en la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y en la CoVAJ, Rosendo Gómez Piedra llegó como fiscal especial en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, aunque el presidente López Obrador tomó protagonismo y presentó una carta en la que deslindó al Ejército de responsabilidades.
El tercer y último informe de CoVAJ contiene la narrativa presidencial.
Dos visiones
En la página 16 el informe de la CoVAJ destaca la carta del presidente López Obrador publicada en La Jornada con lo que consideró avances del caso y hace un reconocimiento de las dos visiones encontradas en torno al caso.
“La primera pone énfasis en la participación directa del Ejército en la desaparición de los jóvenes y es impulsada por organizaciones defensoras de derechos humanos, así como por agencias y organismos internacionales.
La segunda visión enfatiza la responsabilidad del grupo criminal denominado Guerreros Unidos, conocido por el uso de violencia extrema que operaba en esa zona, quienes actuaban en contubernio con autoridades locales”, expone el informe.
Desde mediados de 2022, el presidente López Obrador ha hecho señalamientos contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusando que el injerencismo de agencias estadounidenses está detrás de los señalamientos al Ejército.
En 2023, ante la falta de colaboración del gobierno para transparentar archivos de inteligencia militar, el GIEI salió del país tras presentar su último y sexto informe hasta el momento.
“Las organizaciones, periodistas y organismos internacionales han minimizado este enfoque (responsabilidad de Guerreros Unidos). No obstante, la identificación de dos de los estudiantes desaparecidos fue a través de información proveída por ellos”, apunta el informe oficial.
Folios CRFI, una muestra apenas
El tercer informe da cuenta de 15 nuevos folios encontrados tras una nueva búsqueda en el archivo documental de la CoVAJ, después de que la Sedena (entidad que genera y resguarda los documentos) negó la existencia de más folios.
Los asesores jurídicos y las familias ya tenían los 15 archivos tras una reunión con el presidente a mediados de año. Además, se entregaron:
- 25 documentos relacionados a los 15 nuevos folios
- 29 relacionados a 18 folio del adendum de Encinas.
- 16 relacionados a folios CRFI que permanecen perdidos.
Solo uno de los 15 folios está fechado el 26 de septiembre de 2014, el resto antes (6) y después de la desaparición (8), aunque del total sólo ocho se relacionan a los sucesos.
El CRFI 1195 menciona por primera vez el “incidente de los alumnos” y es el folio que sigue al CRFI/1194 publicado en 2023, que contiene diversas interceptaciones de mensajes de texto en los que personas no identificadas advierten a sus seres queridos de balaceras en Iguala.
El 30 de septiembre, el folio CRFI 1227 muestra bloqueos de normalistas en Tomatal y del hallazgo de un autobús de estudiantes con cuerpos decapitados en Teloloapan.
Mientras que el folio CRFI 1252 menciona información técnica (un término común en las agencias de inteligencia para referirse a intervención de comunicaciones) sobre el posible hallazgo de cuerpos de los estudiantes el 4 de octubre. El folio consecutivo CRFI 1253 refiere a comunicaciones intervenidas sobre la ubicación de una fosa clandestina con catorce cuerpos en Jardines del Sol, Pueblo Viejo, un folio siguiente, el 1254, confirma la información obtenida vía espionaje.
Para el 14 de octubre el CRFI 1309 consigna búsquedas de la policía comunitaria para localizar a los normalistas, el 1310 habla sobre protestas de los normalistas en ayuntamientos de Guerrero.
Un mes después de la desaparición, el CRFI 1400 transcribe un mensaje intervenido sobre protestas de los normalistas, para el 6 de noviembre el CRFI 1456 contiene audios intervenidos de un emisor geolocalizado en Chilpancingo posteriores a la desaparición, sin que se aporten más detalles.
Sobre los documentos relacionados a los CRFI del adendum, se trata mayoritariamente de archivos generados por el Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), un área de la inteligencia militar dedicado a espiar movimientos sociales que, entre septiembre y octubre de 2014, siguió de cerca protestas de normalistas, hallazgos de fosas y comunicaciones de Guerreros Unidos.
Por otro lado, 16 documentos se vinculan a once folios CRFI que, aunque se confirma su existencia, hasta el momento no han sido localizados por la CoVAJ. Sedena ha afirmado que todos los folios han sido entregados, mientras que otros se han clasificado por contener información de seguridad nacional.
Extradiciones pendientes
El informe destaca tres casos de extradiciones: la de Tomás Zerón de Lucio (ex titular de la AIC-PGR) prófugo en Israel; la de Abraham, ex mando de la PGR prófugo en Estados Unidos; y la de Ulisés Bernabé, ex juez de Iguala con asilo político en Estados Unidos.
Sobre Tomás Zerón, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha insistido en la extradición del ex funcionario acusado de tortura y de crear la “Verdad histórica” en contubernio con el gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto en juntas de autoridades, de acuerdo con el cuestionario hecho por la CoVAJ y obtenido por Fábrica de Periodismo.
Hasta el momento todo depende de la colaboración de Israel, país con el que no se tiene tratado de extradición.
En el caso de Abraham Eslava Arvizu, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la SEIDO,se le acusa de haber participado en torturas a detenidos. Aunque reside en Estados Unidos, se ha solicitado la extradición, pero hasta el momento no ha avanzado.
Finalmente, el ex juez de barandilla Ulisés Bernabé, a quien se señala de haber recibido a un grupo de estudiantes en la cárcel de Iguala y entregarlos al subdirector de la Policía de Iguala, Felipe Valladares (vinculado a Guerreros Unidos), solicitó asilo político en Estados Unidos. Y aunque la Oficina de Inmigración se lo concedió al creer en sus dichos, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Ulises Bernabé sí entregó a los normalistas.
Ocultamientos
En contraste con los dos primeros informes, durante la época de Encinas, a lo largo de 112 páginas la CoVAJ excluye menciones de responsabilidad al Ejército, así como las evidencias aportadas por la UEILCA y el GIEI de interceptaciones de mensajes de la DEA que confirman la colusión de miembros del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala con Guerreros Unidos.
Excluye también los detalles de los Órganos de Búsqueda de Información, como es el caso de Julio César López Patoltzin, uno de los estudiantes desaparecidos que era militar en activo y que reportaba sus actividades de espionaje en Ayotzinapa a sus mandos superiores.
Y aunque la Comisión describe de forma precisa los folios CRFI (encontrados tras rebuscar en sus propios archivos), no agrega a manera de adendum o anexo copias íntegras de los folios que permitirían ahondar en las investigaciones.
En comparación con el segundo informe, abundante en elementos sobre la responsabilidad del Ejército y del gobierno federal, como la implicación a Enrique Peña Nieto por la fabricación de “Verdad histórica” y a miembros de su gabinete, la CoVAJ no presenta mayores avances en los señalamientos, sostenidos hace apenas un año.
