Perú destituye a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”
El Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte tras agravarse la crisis de violencia en el país. Era la presidenta más impopular de Latinoamérica.
Eran casi las diez y media de la noche. Agua Marina —una orquesta emblemática de cumbia que el próximo año cumplirá medio siglo— ofrecía una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, frente a miles de personas, cuando una ráfaga apagó la música. El público se quedó petrificado al ver cómo algunos integrantes de la banda caían al suelo. El ataque, que provino desde la parte trasera del escenario, dejó cinco heridos y 27 casquillos de nueve milímetros en la escena, presumiblemente de una ametralladora mini Uzi. Este episodio de violencia, que convirtió a la agrupación en una víctima más de la ola de sicariato y extorsión, fue el detonante final que, menos de 48 horas después, llevó al Congreso de Perú a destituir por unanimidad a la presidenta Dina Boluarte.
La vacancia del cargo por “permanente incapacidad moral” se decidió en la madrugada del viernes con 118 votos a favor de los 122 legisladores presentes. No hubo votos en contra ni abstenciones. La presidenta Boluarte, de 63 años, rehusó ejercer su derecho a comparecer, al alegar que el proceso, convocado con menos de una hora de anticipación, violaba su derecho a la defensa.
Tras la destitución, el hasta entonces presidente del Congreso, José Jerí, juramentó como nuevo jefe del Ejecutivo. “Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son bandas criminales en las calles”, declaró al poco de colocarse la banda presidencial. Jerí, del partido Somos Perú, prometió liderar un “gobierno de transición, de empatía y reconciliación nacional” hasta las elecciones de 2026.
La gota que derramó el vaso
El ataque contra Agua Marina catapultó la indignación de un país abrumado por la inseguridad. Entre los cinco heridos se encuentran los músicos y un vendedor de bebidas. Este episodio impulsó a los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte a retirarle su apoyo. Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, anunciaron su respaldo a las mociones de vacancia.
“Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada”, sostuvo la legisladora conservadora Norma Yarrow durante el debate.
Dina Boluarte asumió el cargo como presidenta de Perú el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. Desde el inicio de su mandato, su gestión estuvo marcada por una profunda impopularidad y múltiples investigaciones.
La más grave la constituyen las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que estallaron a finales de 2022, tras la caída de Castillo. Organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, documentaron un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Paralelamente, la mandataria fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito en el caso ‘Rolexgate’, tras haberse evidenciado el uso de varios relojes de lujo de esa marca en actos oficiales. Boluarte defendió que eran “de antaño” y producto de su “esfuerzo”.
También fue acusada de abandono de cargo al no notificar debidamente que sería sometida a una serie de operaciones de cirugía estética en julio de 2023, periodo durante el cual el Gobierno emitió decretos con firma presuntamente falsificada. La entonces presidenta alegó que la cirugía de nariz era necesaria por “funcionalidad respiratoria”.
Inestabilidad política y sucesión
Durante su mandato, Dina Boluarte fue la presidenta más impopular no sólo de Perú sino de Latinoamérica: su aprobación apenas llegaba al tres por ciento según las encuestas. Hasta ahora se contaban seis mociones de destitución contra ella que no habían prosperado debido al apoyo de los partidos de la derecha.
Con su salida del gobierno, Perú suma seis presidentes desde 2016. Tres exmandatarios se encuentran actualmente en prisión por casos de corrupción o abuso de poder. José Jerí, el nuevo presidente interino, deberá dirigir el país hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026 y el relevo presidencial fijado para el 28 de julio del mismo año.
La carrera política de Jerí, un abogado de 38 años, no ha estado exenta de polémica. Ha estado bajo investigación por denuncias de abuso sexual y soborno, señalamientos que fueron archivados por la fiscalía por falta de pruebas. Su principal desafío al asumir el cargo será, según sus propias palabras, responder a la demanda ciudadana de seguridad y restablecer la confianza en un país fatigado por la inestabilidad.
