El director del CIDE demanda por daño moral a académica que lo ha exhibido por violencia laboral
Académicas del CIDE denunciaron que la acción legal contra Catherine Andrews forma parte de un patrón de hostigamiento y exigieron la remoción inmediata de José Antonio Romero Tellaeche por ejercer violencia de género y abuso de poder.
José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentó una demanda por daño moral contra la profesora-investigadora Catherine Andrews, quien previamente lo había denunciado por acoso laboral y era parte del grupo que interpuso una queja por presunto plagio académico atribuido al propio director.
Andrews fue notificada por un funcionario judicial la mañana del jueves 20 de noviembre. La demanda por daño moral es en contra de la profesora de la División de Historia del CIDE y del periódico El Universal, que durante 2022 documentó la denuncia de plagio presentada por un grupo de académicos ante la Comisión de Ética de ese centro de investigación.
La primera denuncia por presunto plagio se presentó por la publicación del artículo Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018, aparecido en 2019 en la revista Atlantic Review of Economics-AROE y firmado por Romero Tellaeche en coautoría con Rodrigo Aliphat Rodríguez, hoy profesor del CIDE.
Luego, el grupo denunciante amplió la queja, señaló nuevos hechos y ofreció pruebas adicionales. En esa ampliación incorporaron un segundo texto: La herencia del experimento neoliberal, publicado en 2020 por Romero Tellaeche como autor único en la revista El Trimestre Económico.
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La Comisión de Ética del CIDE resolvió, en su momento, que el director general cometió plagio en ambos artículos.
“De conformidad con el artículo 5 del Código de Ética del CIDE, el cual establece que ‘cualquier plagio doloso en un producto académico será considerado falta grave’, esta comisión concluye que los plagios cometidos por el doctor José Antonio Romero Tellaeche constituyen una falta grave”, señala el acta de sesión a la que tuvo acceso Animal Político.
La comisión recomendó rescindir el contrato. Sin embargo, aunque no hubo votos en contra, los votos en favor no fueron suficientes para que la resolución se aplicara.
La demanda contra Andrews notificada ayer se centra en dos acciones: su participación en una entrevista sobre los casos de presunto plagio denunciados por integrantes del CIDE y su recusación formal en la Comisión Académica Dictaminadora (CADI), donde funge como representante del profesorado.
Andrews explica en entrevista con Fábrica de Periodismo que ella se excusó de evaluar la solicitud de definitividad de Romero Tellaeche por conflicto de interés, pues desde 2021 había presentado una denuncia por acoso laboral en su contra y formaba parte del grupo que interpuso ante la Comisión de Ética una queja por supuesto plagio atribuido al director.
Romero Tellaeche no ha sufrido ningún daño derivado de la denuncia por presunto plagio que ella y un grupo de colegas presentaron, argumenta la investigadora. Por el contrario, considera que incluso ha sido beneficiado.
“No alcanzo a ver el daño que él haya percibido, dado que sigue en la dirección, tiene su plaza de profesor-investigador, se le dio la definitividad de profesor investigador, tiene su columna en La Jornada, sigue con su trabajo académico y fue nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”, detalla Andrews en la entrevista.
“Desde mi perspectiva, es difícil ver que hubiera sufrido un daño por la denuncia en su contra por presunto plagio. No ha sufrido ningún daño por esto. más bien, ha sido premiado”
Tras informar de la demanda al Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos (SIMGF), el grupo decidió enviar una carta a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.
En el documento, fechado el 20 de noviembre, afirman que la acción legal constituye una más de las violencias de género que el director del CIDE ha ejercido de manera sistemática y exigen su remoción inmediata.
“Desde el SIMGF rechazamos categóricamente esta acción intimidatoria. Esta medida no solo pone en riesgo la integridad de una compañera, sino que intenta utilizar al poder judicial como mecanismo de castigo contra las profesoras feministas del CIDE y, sobre todo, silenciar cualquier señalamiento sobre la opacidad y la violencia que han caracterizado la gestión del director general”, señalaron.
El grupo agregó que, tras múltiples solicitudes de diálogo que consideran han sido ignoradas, exige la remoción inmediata de Romero Tellaeche, a quien acusan de no dirigir a la comunidad con el respeto, la igualdad y la responsabilidad que su cargo demanda.
Para Andrews, la demanda envía un mensaje inequívoco: “eso que me acaba de hacer a mí es un acto de hostigamiento con fin claro de que yo deje de alzar la voz, pero también es parte de un patrón de comportamiento”.
Recordó que el 2 de octubre, integrantes del seminario entregaron un extrañamiento a la Dirección General por la forma en que el director había tratado a las mujeres durante una reunión el día anterior.
En esa carta denunciaron que Romero Tellaeche evitó, interrumpió y descalificó preguntas sobre la situación financiera del CIDE y que, además, interrumpió a una académica, pidió a otra que bajara el tono y afirmó que había olvidado una pregunta por ser larga. Una trabajadora interpretó uno de sus gestos como un beso dirigido hacia ella. Y mientras una profesora leía un texto preparado, él desvió la mirada hacia su celular sin escucharla.
Las firmantes señalaron que estas conductas no podían ser consideradas un mal momento, sino una forma de violencia simbólica históricamente utilizada para desautorizar a las mujeres y desalentar su participación en espacios públicos. Añadieron que, viniendo de la máxima autoridad institucional, estos gestos hacían sentir a muchas académicas que no estaban en un entorno seguro.
Andrews afirma que otras compañeras también han presentado denuncias por acoso laboral ante el Órgano Interno de Control por hostigamiento atribuido al director, sin que esos casos hayan sido resueltos. “Es una acumulación de muchos agravios. Lo que vemos es que el Dr. Romero busca hostigar e intimidar. Este acto va para mí, pero va para todas las mujeres del seminario y de la comunidad. El mensaje es: no se quejen, no se quejen de mí”, dice.
Violencia laboral, el capítulo anterior
Para Andrews, la demanda no es un episodio aislado, sino la continuación de un ambiente de hostilidad que ha vivido durante cuatro años. La investigadora había denunciado desde 2021 ante el Órgano Interno de Control actos de acoso laboral atribuidos al director del CIDE por ser removida de su cargo como secretaria académica.
Explica que, durante ese periodo, enfrentó una serie de situaciones que consideró hostigamiento, entre ellas la intervención de dos personas enviadas por Romero Tellaeche para interrumpir las sesiones de las comisiones académicas dictaminadoras, así como la falta de respuesta del director para concretar la entrega formal de su expediente, un trámite obligatorio como servidora pública y cuya ausencia, explica, la habría puesto en falta.
Añade que, en esos meses, el trato cotidiano incluía descalificaciones y acusaciones de ser “neoliberal” o “corrupta”, lo que describe como un maltrato constante y un intento de afectar su desempeño profesional.
Su expectativa ahora es que los tribunales descarten la acusación, pues considera que la demanda busca intimidarla y desalentar a quienes han alzado la voz dentro de la institución. “Yo espero que me exoneren en el sentido de que es una demanda por daño moral”, dice.
