“No hay Estado de derecho en Oaxaca”: Asamblea de Eloxochitlán de Flores Magón
La criminalización contra líderes indígenas continúa en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Señalan a Salomón Jara y Poder Judicial.
La Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón y el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad acusaron, de nuevo, al gobierno de Oaxaca y al Poder Judicial del estado de mantener una persecución política mediante más de 200 órdenes de aprehensión que consideran “confeccionadas” contra integrantes de esta comunidad indígena.
Según denunciaron, las órdenes —basadas en delitos ya prescritos o fabricados— fueron reactivadas después de que la comunidad logró la liberación de sus presos políticos, en lo que califican como una estrategia de criminalización que lleva más de una década.
Irregularidades judiciales
El conflicto judicial se centra en el expediente 16/2016, cuyas órdenes de aprehensión afectan actualmente a tres mazatecos: Adán, Antonio y Gaspar, quienes enfrentarán audiencia el 18 de agosto. La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón sostiene que estos casos deberían estar prescritos, pues en 2017, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ya había reclasificado los cargos y declarado la prescripción en un caso similar (expediente 81/2017).
Sin embargo, el Tribunal reasignó el nuevo proceso a la Segunda Sala Penal, lo que, según los denunciantes, buscó “ignorar” los antecedentes jurídicos. Además, acusaron al juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago Agustín, de omitir siete resoluciones judiciales superiores y cuatro autos de libertad en el caso de la profesora Olga Maribel, en el que insistió en sostener delitos ya reclasificados.
“No hay Estado de derecho en Oaxaca“, afirmaron en un comunicado difundido esta semana, señalando que estas actuaciones reflejan un uso abusivo del poder judicial contra pueblos originarios, particularmente contra ocho mujeres mazatecas.
Responsabilidades políticas
Las organizaciones responsabilizaron directamente al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz por sostener esta persecución, al mantener como diputada local a Elisa Zepeda Lagunas, identificada como parte de una estructura que impulsa la criminalización. Zepeda, exsecretaria de la Mujer en el gabinete de Jara, fue asignada por el Congreso local para proyectos de “justicia indígena”, pese a las acusaciones en su contra.
“El gobierno morenista provee recursos públicos a los caciques victimarios y ha tardado más de diez años en frenar una criminalización que jamás debió existir”, señalaron.
La Asamblea Comunitaria y Mujeres Mazatecas por la Libertad exigen a a la magistrada presidenta del Tribunal, Berenice Ramírez Jiménez, que garantice el debido proceso y la prescripción de los delitos en el expediente 16/2016. También demandan que el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, reconozca la prescripción y retire las acusaciones. Y al gobernador Salomón Jara que deje de financiar con recursos públicos a Zepeda Lagunas y ponga fin a la persecución.
Además, advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los derechos constitucionales e internacionales que amparan a la comunidad, y que recurrirán a instancias nacionales y globales en caso de no obtener respuestas.
Eloxochitlán de Flores Magón ha enfrentado conflictos históricos por la defensa de su autonomía, territorio y el río Xanga Ndá Ge. La reactivación de las órdenes de aprehensión coincide con un año declarado como de la Mujer Indígena, lo que, según las organizaciones, agrava la paradoja de que ocho mujeres mazatecas sigan siendo criminalizadas.
Hasta ahora, ni el Tribunal de Justicia, la Fiscalía ni el gobierno estatal han emitido una respuesta pública a las acusaciones.
