Estados Unidos condena a activistas por hacer fanzines y leer a Emma Goldman
Bajo la ley antiterrorista de Trump, Estados Unidos condena en Texas a 8 activistas y presenta como evidencia la posesión fanzines y folletos antifascistas. .
Elizabeth Soto enfrenta una sentencia de 50 años de prisión en Texas, Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos los acusaron a ella y a otros siete activistas de grupos terroristas y presentaron como evidencia del crimen varios folletos, fanzines, una impresora y membretes de un club de lectura bautizado como la feminista y anarquista de origen lituano, Emma Goldman.
Elizabeth Soto fue condenada junto a su esposo Ines, quien enfrenta una pena de diez años. Cuando escuchó la sentencia resumió el desconcierto ante el tribunal: “Todo esto porque no les gustó mi club de lectura”.
Y es que los agentes del FBI no encontraron explosivos ni planos militares en los dominios de los activistas del Caso Prairieland. Pero hallaron una impresora, una guillotina de papel, una encuadernadora, fanzines de temática feminista, un poema sobre la pérdida de un hermano a causa del cáncer y un ensayo que analiza las películas Hereditary y Mindsommar. Eso y unas calcomanías con las leyendas “Chinga la Migra” y “ACAB” (all copa are batards) fue suficiente para sentenciar a 8 activistas a condenas de hasta a 100 años de prisión.
Se trata de la primera gran condena dictada al amparo de la orden ejecutiva que designó a “Antifa” como una organización terrorista en Estados Unidos. Este juicio sienta el primer precedente judicial en Texas y no son pocos los expertos en derecho penal y defensa de las libertades civiles que tildan la condena como desproporcionada o directamente absurda: los ocho manifestantes acumulan penas que suman, juntas, 450 años de prisión federal.
El fallo, emitido esta semana por los jueces Mark Pittman y Reed O’Connor —designados por Donald Trump y George W. Bush, respectivamente—, pone punto a la fase inicial del proceso contra los participantes en una protesta celebrada el 4 de julio de 2025 en el centro de detención migratoria de Prairieland, en Alvarado (Texas). Las sentencias, que oscilan entre los 30 y los 100 años de cárcel, han sido calificadas por organizaciones como Defending Rights and Dissent como una “advertencia” contra cualquier forma de disidencia política.
El mensaje es claro: en Estados Unidos puedes ser considerado terrorista si posees folletos, fanzines o cierto tipo de literatura, si reproduces cierto tipo de ideas.
Fuegos artificiales, disparos y fanzines
La protesta del 4 de julio de 2025, en Texas, incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales en solidaridad con varias personas detenidas por ICE. También se registraron daños a vehículos policiales y un puesto de seguridad migratoria. Cuando un agente llegó al lugar y desenfundó su arma, una de las manifestantes, Benjamin Hanil Song —antiguo marine de la reserva—, disparó su rifle y alcanzó al oficial en el hombro.
Aunque el oficial sobrevivió al ataque, Song fue condenado a 100 años de prisión federal, la pena más elevada entre los ocho acusados. Le siguen Maricela Rueda, con 70 años; y Elizabeth Soto, Autumn Hill, Meagan Morris, Savanna Batten y Zachary Evetts, todos ellos con 50 años de reclusión. Daniel Sanchez-Estrada, quien no participó en la protesta, fue sentenciado a 30 años por transportar una caja de panfletos de izquierdas tras una llamada carcelaria de su esposa, también implicada en el caso. Ines Soto, esposo de Elizabeth, aguarda su sentencia para el próximo 1 de julio.
ACAB, CHINGA LA MIGRA
La Fiscalía Federal argumentó que los acusados conformaban una “célula de Antifa en el norte de Texas” y que el operativo fue planeado como un intento de asesinato contra un agente de la ley.
Para sustentar esta teoría, los fiscales, entre ellos Frank Gatto, presentaron como evidencia la posesión de literatura de izquierdas, entre ellas panfletos del club de lectura Emma Goldman, una imprenta casera —compuesta por una impresora de oficina, una guillotina y una encuadernadora—, así como calcomanías con lemas como “ACAB” (“all cops are bastards”) y “Chinga La Migra”. En resumen: poseer un par de fanzines con ideas disidentes puede ser usado como evidencia de terrorismo en Estados Unidos.
El juez Reed O’Connor justificó la dureza de las penas al señalar que existe una “alta necesidad de disuadir este tipo de conducta”, y calificó el ataque como un “asalto a la democracia”. Los fiscales, por su parte, sostuvieron que los acusados, por sus “creencias extremistas”, requerían “tiempo adicional en prisión”.
Expertos en sentencias han cuestionado la acumulación de cargos. Un ejemplo que ha venido a cuento es el de una mujer condenada recientemente por intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh, cuya sentencia fue muy inferior a la recomendada.
El futuro de los condenados
El fallo de Prairieland ha sentado un precedente que está siendo replicado en otros estados. En Spokane, Washington, tres personas fueron condenadas el mes pasado por un cargo similar de conspiración para obstruir a un agente federal. Más recientemente, 15 activistas en Mineápolis fueron acusados de pertenecer a grupos “antifa” que “se oponen violentamente a la aplicación de las leyes migratorias”, según consta en los pliegos acusatorios.
Entre los aspectos más polémicos del caso se encuentra la situación de las acusadas transgénero, Autumn Hill y Meagan Morris, quienes están recluidas en centros penitenciarios para hombres, pese a las recientes resoluciones federales que recomiendan lo contrario por motivos de seguridad, y se les ha negado el acceso a tratamientos hormonales.
Asimismo, el uso de aplicaciones de mensajería cifrada como Signal y de bolsas Faraday —utilizadas para bloquear señales inalámbricas— fue presentado por la fiscalía como indicio de conspiración, mientras que los botiquines de primeros auxilios fueron exhibidos como planificación de violencia.
Los abogados de los ocho condenados han anunciado que apelarán tanto la sentencia como el veredicto. No obstante, los simpatizantes consideran que solo un indulto presidencial, en una futura administración, podría lograr su liberación efectiva. Seth Stern, de la Freedom of the Press Foundation, advirtió que “los estadounidenses no deberían cometer el error de creer que la sentencia de Sánchez solo amenaza a inmigrantes, izquierdistas o supuestos miembros de Antifa; son la fruta al alcance de la mano, no el objetivo final”.
Mientras tanto, los familiares y el comité de apoyo de Dallas-Fort Worth continúan organizando reuniones comunitarias para redactar cartas de apoyo y recaudar fondos.
