La FGR investiga a Enrique Peña Nieto por el caso Pegasus
La FGR indaga presunto soborno de 25 mdd a Enrique Peña Nieto por Pegasus, por parte de empresarios israelíes.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por un presunto soborno de 25 millones de dólares por parte de empresario israelíes, vinculado a la adquisición del software de espionaje Pegasus durante su mandato. El titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, anunció este martes que solicitará al gobierno de Israel evidencias para sustentar las acusaciones publicadas por el diario The Marker.
El caso estalló tras la revelación de una disputa legal entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, socios en la comercialización de Pegasus en México. Según documentos judiciales israelíes, ambos habrían transferido los fondos al expresidente para garantizar contratos gubernamentales, incluyendo la compra del polémico software, usado para espiar a periodistas, activistas y opositores durante el sexenio peñista.
Gertz Manero destacó que, a diferencia de denuncias anteriores contra Peña Nieto —que no prosperaron por falta de pruebas—, este caso cuenta con “informes específicos y precisos” sobre la transacción. Sin embargo, advirtió que la FGR requiere la ratificación oficial de Israel para incorporar los documentos al expediente: “Vamos a reclamar que esta información mediática adquiera juridicidad”, declaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Obstáculos diplomáticos con Israel
El fiscal reconoció las tensiones con Israel, país que ha rechazado extraditar a exfuncionarios mexicanos requeridos por la justicia local, como Tomás Zerón, prófugo por el caso Ayotzinapa. “Nuestra relación no ha sido fácil. Esperamos una respuesta más rápida esta vez”, señaló, aludiendo al estancamiento de otras investigaciones.
La estrategia de la FGR se centra en el sistema de asistencia jurídica internacional, aunque Gertz admitió que Israel podría negar la colaboración. De ser así, la investigación enfrentaría el mismo destino que anteriores acusaciones contra Peña Nieto, como las derivadas de la trama de Odebrecht, que nunca llegaron a juicio.
Peña Nieto, radicado en España desde 2018, negó los señalamientos. En redes sociales, calificó las acusaciones de “dolosas” y “carentes de sustento”, mientras en una entrevista radial insistió en que desconocía a los empresarios involucrados y que nunca intervino en licitaciones.
Su postura contrasta con la de la FGR, que ya integra los nuevos datos a una carpeta abierta desde hace años por el uso ilegal de Pegasus. En aquel año, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había señalado transferencias irregulares a cuentas en el extranjero vinculadas a su administración, aunque sin imputaciones directas.
Imagen: R3D
Pegasus y los límites de la justicia
El software, desarrollado por la empresa NSO Group, fue adquirido oficialmente para combatir el crimen organizado, pero se empleó contra civiles. En 2021, un consorcio internacional de medios expuso que México fue el mayor usuario global del sistema, con al menos 50 víctimas identificadas.
Pese a las condenas éticas, las acciones judiciales han sido limitadas. Hasta ahora, solo se han judicializado casos de espionaje a particulares, pero no los presuntos sobornos en su compra. Para organizaciones civiles, esta investigación representa una oportunidad para esclarecer los nexos entre corrupción y violaciones a derechos humanos.
La FGR espera la respuesta de Israel en los próximos días. De obtenerse, se reactivarían líneas de investigación sobre lavado de dinero y cohecho. Mientras, el expresidente enfrenta el dilema de presentar pruebas exculpatorias o arriesgarse a una orden de captura internacional, como ocurrió con Emilio Lozoya, extitular de Pemex.
Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El caso revive el debate sobre la autonomía de la Fiscalía, en un contexto donde Sheinbaum ha propuesto reformas para que el Ejecutivo recupere el control de dicha institución. Para analistas, el desenlace marcará un precedente sobre la capacidad del Estado para investigar a expresidentes.
