Fiscalía del Estado de México investiga a la activista y buscadora Carmen Zamora
La defensora de Derechos Humanos, Carmen Zamora, es investigada tras acompañar casos de violencia de género y participar en jornadas de búsqueda de personas desaparecidas
La activista María del Carmen Zamora Villedas, quien acompaña a mujeres víctimas de la violencia y madres buscadoras, ha sido notificada de una causa penal abierta en su contra por el presunto secuestro de personas funcionarias del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de México.
De acuerdo con la activista, al llegar a su domicilio el pasado 11 de octubre, encontró un citatorio en la puerta. Se le notificó de un proceso por la presunta privación de la libertad de Liliana Ivonne Arizmendi Isasi y otras seis personas; días después le notificaron de un segundo proceso por robo.
Liliana Ivonne Arizmendi Isasi es la coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) con sede en Toluca (adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México), de acuerdo con la denuncia pública de Zamora, fundadora de la colectiva feminista Ehécatl.
Zamora ha participado en jornadas de búsqueda que han exhibido la crisis de desapariciones en el Estado de México. Entre julio y agosto, madres buscadoras hallaron restos humanos en el canal de aguas negras La Compañía, en una zona de basureros conocida como “El Triángulo de las Bermudas”, en Chimalhuacán.
FOTO: HAARON ÁLVAREZ/CUARTOSCURO.CON
Secuestrar a una Fiscalía
La activista señala que la raíz de la investigación en su contra son, además de las búsquedas constantes, una serie de incidentes ocurridos en el CJM de Toluca: el 30 de septiembre, Zamora acompañó a los padres de una adolescente desaparecida (sustraída de su domicilio con por un hombre mayor) a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, sin embargo, se les impidió el acceso con forcejeos.
El seis de octubre, en seguimiento al caso, Zamora y los padres de la adolescente se encontraron con la puerta del CJM encadenada, lo que le impedía a otras personas levantar denuncias. Según la activista, tuvieron que retirarse tras informarles que no serían recibidas y por la amenaza de posibles agresiones.
“¿Cómo puedo privar de la libertad a toda una Fiscalía?”, se pregunta Zamora, “Tengo 59 años, la única arma que tengo en mi celular para grabar en vivo”, señala en entrevista con Fábrica de Periodismo.
Para la activista, los procesos abiertos son una represalia por parte de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros (Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género) y de José Luis Cervantes Martínez (titular de la FGJEM), a quienes ha señalado públicamente en ocasiones previas.
En cuanto supo que estaba imputada, Zamora buscó el apoyo de instituciones: se contactó con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la Comisión de Derechos Humanos del Edomex (CODHEM) y acudió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
“No soy una mujer que deba nada, me voy a presentar a las audiencias. Sí tengo temor de que ahí me vayan a privar de la libertad”, señala la buscadora quien tiene dos audiencias programadas para el 29 y 30 de octubre. Desde el día 28, ella y compañeras de la colectiva pernoctarán afuera del Juzgado, debido a que no cuentan con los recursos para trasladarse grandes distancias.
Carmen Zamora: un historial contradictorio
Sin embargo, esta no es la primera vez que Zamora enfrenta una investigación o es señalada de cometer delitos. En 2019 fue vinculada por el delito de usurpación de profesiones en agravio de la fe pública. De acuerdo a Reporte Índigo, la activista presumía una licenciatura en derecho para cobrarle –o extorsionar– a víctimas con el fin de acelerar procesos judiciales.
En este mismo medio, una mujer de 75 años, identificada como María de Los Ángeles Espinosa y víctima de violencia de género, declaró que Zamora la obligó “a base de engaños y amenazas a firmar el perdón de una carpeta de investigación diciéndome que si no firmaba me afectaba más, aprovechándose de mi notoria inexperiencia en asuntos jurídicos”.
A Zamora también se le acusa de, a cambio de dinero, proporcionar información privilegiada al violador de la hija invidente de Gabriela Sánchez, a quien Zamora había contactado en calidad de defensora de derechos humanos, y que gracias a la información presuntamente filtrada por la activista pudo darse a la fuga.
La investigación actual dervida de los hechos ocurridos el 3 de febrero de 2023, cuando las integrantes del Colectivo Ehécatl fueron agredidas por un grupo de más de treinta hombres al interior de las oficinas del Ministerio Público, ubicado en la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas con sede en Ecatepec.
El grupo de hombres encapuchados golpeó y violentó sexualmente a las activistas, amenazándolas con llevárselas en un vehículo para desaparecerlas.
La represión contra las mujeres causó revuelo en redes sociales y dio lugar a la recomendación 04/2023 emitida por la CODHEM, en la cual se acreditaron “daños físicos, psicológicos y materiales” contra las integrantes de la colectiva, además se señaló la incapacidad de la Fiscalía para brindar seguridad en una situación de riesgo.
Y aunque esta agresión fue denunciada, el caso se ha estancado: “Esa carpeta nunca se ha judicializado ni han hecho nada (…) y estas carpetas de las que hablo se judicializaron en menos de 15 días”, cuestiona la buscadora por la celeridad que han tenido las imputaciones en su contra.
Durante su trayectoria como defensora, Carmen Zamora ha acompañado a familiares de víctimas de Juan Carlos Hernández Béjar (feminicida serial de Ecatepec) y a la familia de Montserrat Juárez (víctima de feminicidio en Ciudad de México). Al tiempo que ha recibido amenazas y atentados directos contra su vida.
“Somos madres buscadoras, hemos encontrado restos y cuerpos solas. Nuestras herramientas de búsqueda son unas varillas que nosotras mandamos a hacer, de esos ganchos amarradores de varillas de alto calibre, para buscar entre los restos de basura, en el pasto…”, explica sobre la labor de la colectiva, hecha en diversas ocasiones sin respaldo de las autoridades.
“Realmente no tenemos el poder somos mujeres de a pie, sin dinero y sin nada pero si con el apoyo de muchas compañeras”, finaliza Zamora.
