Gertz Manero señala omisiones de la fiscalía de Jalisco en caso Teuchitlán
Esta mañana, el fiscal Gertz Manero acusó varias omisiones de la fiscalía de Jalisco en el caso Teuchitlán.
A organizaciones de derechos humanos les preocupa que el caso se investigue sólo como campo de adiestramiento y no de desaparición forzada.
Por medio de una conferencia de prensa celebrada esta mañana, el fiscal general Alejandro Gertz Manero repartió chistes y sonrisas al anunciar que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará a funcionarios de Jalisco que podrían tener responsabilidades por omisión o encubrimiento tras el aseguramiento del Rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el que fue encontrado un crematorio clandestino que, al parecer, también funcionaba como campo de adiestramiento.
El fiscal señaló que existen múltiples omisiones por parte de las autoridades locales en los operativos realizados dentro del rancho tras su aseguramiento en septiembre de 2024, junto con la Guardia Nacional. Acusó que la fiscalía de Jalisco no ha terminado de enviar todo el expediente requerido por la FGR, el cual fue ya requerido con carácter de urgente.
“Lo que vamos a investigar son, primero, los delitos de carácter federal. Si en esta investigación se encuentran responsabilidades de funcionarios de cualquier nivel, no nada más local, inmediatamente tienen que ser incorporados”.
La conferencia de prensa sirvió para dar a conocer el primer informe técnico realizado por la FGR, en el cual se reconoce que hay indicio de delitos federales en el caso del rancho de Teuchitlán y acusó que las diligencias ministeriales realizadas allí el año pasado no hicieron un debido registro de los indicios y las huellas de los hechos, sobre todo en lo referente a prendas de vestir, calzado y otros objetos que quedaron en el lugar.
Tampoco se procesaron debidamente los vehículos encontrados –algunos, de hecho, ya fueron robados–; no se pidió la intervención inmediata de la FGR por los delitos de posesión y uso de armas exclusivas del ejército, ni por delincuencia organizada. Tampoco se realizo una inspección total del lugar, ni exhaustiva ni se ordenó la identificación de huellas dactilares.
“Seis meses después, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados”, señaló.
Además, dijo el fiscal, las autoridades de Jalisco tampoco han entregado la documentación del inmueble referente a su posesión o propiedad, ni existen testimonios que el ministerio público haya levantado a vecinos o personas vinculadas al lugar.
Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El fiscal hizo mención también del caso de los elementos de policía de Tala que encubrían las actividades del rancho: por este motivo, el jefe de policía fue ya detenido y hay órdenes de aprehensión pendientes contra dos policías. “No sé por qué no han sido detenidos”, bromeó.
“No se han esclarecido los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los cárteles delictivos que operan en esa región –se lee en el informe–, a pesar de que varias personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon”.
Además, el fiscal reconoció que sí se encontraron restos humanos, pequeños, en el lugar pero rechazó precisar si es verdad que el rancho funcionó como centro de reclutamiento o de exterminio del crimen organizado. “Todavía no hay elementos suficientes, vamos a ver”, declaró.
Respecto a algunas de las credenciales halladas en el rancho, el fiscal declaró que algunas de ellas pertenecen a sicarios que han sido ya detenidos en otros estados, así como varias prendas de vestir. Sin embargo, el fiscal rechazó responder si habían establecido que algunas de las pertenencias encontradas pertenecieran a personas desaparecidas, sugiriendo que más que un centro de exterminio, el Rancho Izaguirre funcionaba sólo como centro de reclutamiento.
“Esto no será un nuevo Ayotzinapa”, finalizó.
Por su parte, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro), apuntó que este primer informe presentado por Alejandro Gertz Manero sobre el caso Teuchitlán evidencia que urge una reforma en las fiscalías.
“Las negligencias documentadas de la Fiscalía de Jalisco muestran que el lugar no se procesó adecuadamente y que líneas de investigación clave no se siguieron”.
Sin embargo, apunta el comunicado, el informe es todavía pobre: no existe un análisis del contexto, ni un uso intensivo de la tecnología disponible y se pasa por alto o se minimiza que los crímenes allí cometido son de carácter federal en tanto se trata de un caso evidente de la delincuencia organizada.
“Es lamentable también que el tono que privó no haya sido de la solemnidad y empatía que ameritaba el caso”, se lee en el comunicado, en referencia al tono jocoso que usó el fiscal al responder o esquivar las preguntas de la prensa.
Centro pro: “Preocupa que la investigación federal que eventualmente podría realizarse –la atracción aún no se confirma– lleve el sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente. Todas las hipótesis deben explorarse”.
El Centro Pro señaló, además, varias omisiones y equivocaciones en el discurso de Gertz, con referencia al fenómeno de desaparición forzada en el país, una crisis humanitaria que cuenta ya más de 120 mil personas desaparecidas en el país.
Por ejemplo, ante la pregunta de cuántos casos de desaparición forzada tiene registrada la Fiscalía en la región circundante al Rancho Izaguirre, Gerz Manero dijo que que esas cifras no eran de la competencia de la fiscalía que él preside.
“Preocupa que en la conferencia se haya afirmado que #FGR no está obligada a informar sobre el número de casos de desaparición que conoce. También, que se afirme que el Banco Nacional de Datos Forenses #BNDF opera desde 2023 cuando no es así. Por ejemplo, no se han incorporado registros como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares”.
