El gobierno de la CDMX propone sancionar a notarios involucrados en despojos
Gobierno de Cdmx propone castigar con hasta 11 años de prisión a notarios involucrados en despojos, un delito con miles de denuncias.
Ante el aumento de despojos de viviendas ejecutados con la complicidad de notarios públicos, el gobierno capitalino ha anunciado un paquete de reformas al Código Penal y a otras leyes que buscarán sancionar a los notarios públicos coludidos en casos de despojo.
Entre enero y julio de este año, Ciudad de México registró dos mil 245 denuncias por este delito. Las iniciativas fueron enviadas por el gobierno capitalino al Congreso. El principal argumento es que, en la actualidad, se abusa de la figura conocida como “buena fe” sobre todo cuando se habla de casos de despojos o procesos que derivan en desalojo de inquilinos e incluso de propietarios al dar validez a documentos que pueden ser producto de simulación, fraude, falsificación o manipulación registral. Quien quiera defenderse de un despojo así debe enfrentar procesos largos y costosos.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
La reforma prevé penas de hasta 11 años a los fedatarios coludidos. No es un problema aislado: los fraudes notariales se han documentado a lo largo de todo el país. Desde los casos célebres –como los despojos ejecutados por el ex-gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en complicidad con notarios y otros funcionarios públicos en 2016– hasta casos más recientes en el Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, donde las autoridades ya investigan la participación de notarios, servidores públicos y grupos de choque en redes criminales dedicadas al desalojo violento y la falsificación de documentos.
Reformas para sancionar y prevenir
Los efectos de los fraudes notariales están a la vista de todos y, al menos en la capital, son uno de los factores que han agravado la crisis de vivienda y de desalojos forzados. El 27 de agosto pasado, 20 familias fueron expulsadas con violencia del edificio ubicado en Cuba 11, en el Centro Histórico. Desde entonces habitan un campamento a pie de calle mientras luchan por recuperar su hogar.
Hace un par de semanas, en una conferencia de prensa, su abogado Arturo Aparicio narró una parte de la trama que permitió el despojo: notarios del estado de Hidalgo habían validado una compraventa ilegítima, realizada a espaldas de los vecinos y su posterior desalojo. Uno de ellos es Octavio Eduardo Soto Hernández, quien fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Hidalgo en julio pasado, acusado de simular un acto jurídico para beneficiar a un tercero en la inscripción de un predio en Tolcayuca. Este mismo notario avaló las escrituras del inmueble en Cuba 11.
El segundo notario señalado es Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario 16 e hijo del delegado de la Secretaría de Gobernación, Luciano Cornejo Barrera. Fue él quien autorizó la compraventa del edificio Cuba 11 el 10 de septiembre.
“Parece que hay una red de notarios en Hidalgo autorizada a modo para dinámicas de fraude procesal. Por alguna razón, la normativa actual permite que se haga cumplir un contrato de compraventa en Hidalgo sobre un predio en la Ciudad de México”, aseguró el abogado Aparicio.
Es posible que este mismo modus operandi se haya repetido para ejecutar el desalojo de Mar Blanco 102, en la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se desalojó a personas de la tercera edad utilizando armas de fuego.
La organización vecinal que ha logrado visibilizar estos patrones criminales ha generado ya una respuesta institucional. El paquete de reformas enviado por el gobierno de la Ciudad de México al Congreso local pretende reformar el Código Penal y el Código Civil para cerrar los vacíos legales que estas redes de despojo han aprovechado.
Una de las modificaciones clave busca cambiar el mecanismo de la “buena fe”. La propuesta establece que se fijará “mala fe” cuando existan indicios de falsificación y/o manipulación notarial y registral, trasladando así la carga probatoria en esos casos.
En materia penal, se propone elevar la sanción hasta 11 años de prisión para quien simule actos jurídicos, suplante identidad o impida el disfrute material de un bien inmueble ajeno. Las penas se agravarán con multas de más de 450 mil pesos cuando el delito se cometa en contra de adultos mayores o cuando el responsable sea el titular de una notaría en ejercicio.
Además, se propone tipificar el delito de asociación delictuosa, con penas de hasta 10 años de prisión y multas de 226 mil pesos para quien forme parte de una banda de tres o más personas dedicadas a delinquir a través de las notarías.
Notarios participan en despojos en varios estados
La Ciudad de México no es la única que ha tomado medidas contra los fraudes realizados por notarios públicos.
En agosto pasado, el gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, anunció que prepara una iniciativa legislativa similar para sancionar a notarios y servidores públicos que participen en actos de despojo, luego de documentar al menos siete casos en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula.
Fotos: Rogelio Martínez, Cuartoscuro
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por su parte, informó sobre la “Operación Restitución”, un operativo coordinado con autoridades federales que desarticuló presuntas redes de despojo en la entidad.
La ofensiva resultó en la judicialización de 23 personas. Entre los procesados se encuentran 3 notarios públicos y 5 servidores del Instituto de la Función Registral y Notarial del Estado de México (IFREM) que participaban en despojos de inmuebles, además de varios exfuncionarios de áreas de catastro y desarrollo urbano. Se les imputa haber validado documentos apócrifos o permitido registros irregulares que facilitaron el despojo de viviendas.
El problema tiene raíces más profundas. El pasado 11 de octubre, el diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuéllar alertó sobre prácticas notariales irregulares que ponen en riesgo la seguridad jurídica. Advirtió que se ha dado fe de la creación de más de 1,100 empresas ‘fantasma’ o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), utilizadas para defraudar a la hacienda pública y validar despojos.
Desde 2023 el gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca, advirtió sobre un exceso de notarías en la entidad, señalando que en administraciones anteriores “se repartieron como volantes”, a pesar de que la ley establece un notario por cada 30 mil habitantes.
