Gobierno entregó 15 documentos militares a familias de Ayotzinapa, en reunión con AMLO
Los padres de los normalistas y el presidente se reunieron y acordaron una nueva cita antes de que culmine el sexenio.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron, de manos del ejecutivo, 15 documentos (de los 800 solicitados) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionados con el caso y acordaron una próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que finalice su sexenio.
La entrega de la información se dio en la reunión que sostuvieron los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada desde septiembre de 2014 con el mandatario en Palacio Nacional, luego de meses de haber roto el diálogo.
Presidencia de la República difundió un comunicado en el que detalló Arturo Medina Padilla, Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), entregó los nuevos folios.
“Entregó a madres y padres un compendio con 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, sobre los cuales precisó que se encontraban dentro de las más de 120 mil fojas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó desde 2019 a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (Ueilca), adscrita a la FGR”.
Así lo sostuvo la dependencia en el parte oficial durante la noche de este lunes, a unas horas de la reunión.
La aclaración se da en medio de las denuncias de que el Ejército ha negado a las familias información sobre la llamada “noche de Iguala”. Las acusaciones han sido lanzadas tantos por los padres de los normalistas, como de sus abogados y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El presidente ha negado en reiteradas ocasiones la existencia dichos folios.
Antes de dejar el país, el GIEI solicitó que el Ejército entregara a la Comisión para la Verdad 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala, Guerrero.
Presidencia enumeró que en la reunión se informó que se trabaja con nueve equipos de búsqueda en campo, que han intervenido 275 sitios en ocho municipios a lo largo de 551 jornadas de trabajo, además de que 73 posibles implicados en el caso fueron liberados, “impunidad que generó el fallo emitido por un tribunal en Tamaulipas”.
El comunicado se indicó que el presidente expresó a las familias de las víctimas “que en su momento dará a conocer a madres y padres un documento y que el caso será siempre un expediente abierto”.
Interrogado sobre el encuentro, el presidente López Obrador sostuvo que entre los acuerdos está una nueva reunión antes de que culmine su sexenio, marcado el 31 de septiembre de este mes.
“Hice el compromiso, me lo plantearon, de que, en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad, yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima presidenta; dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza que en estos meses que me faltan íbamos a avanzar, porque estamos trabajando bastante y se ha avanzado (…) En caso de no tener los resultados, nosotros vamos a ponerlos en comunicación y posiblemente haremos una reunión conjunta con ellos, con los padres, en la que participara -tenía yo que consultarle, yo creo que no habría problema- la presidenta electa. Para darle continuidad”, sostuvo en su conferencia mañanera de este martes.
Por su parte, el representante legal de los padre e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, aseguró que no han existido avances reales en el diálogo con el presidente. De los cientos de fojas solicitadas, les entregaron sólo 15. El resto, se les dijo, “no tenía nada que ver o se reservaba por temas de seguridad nacional.
Durante el encuentro, refirió Rufino, la mayor parte de las intervenciones del presidente eran reproches por la postura de los padres de poner en duda la investigación o de haber protestado dando portazo en una de las puertas laterales de Palacio Nacional.
Al presidente se le exigió la entrega del resto de los documentos, además de presionar para la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de tortura y desaparición forzada, y actualmente refugiado en Israel.
