Avanza en la Cámara de Diputados el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena
La mayoría de Morena en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general la reforma propuesta por el presidente. Con ella, no sólo la Sedena toma el control de la corporación, sino que los elementos de la Guardia Nacional gozarían de fuero militar y facultades para realizar investigaciones.
Con 22 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta decisión marca un cambio significativo en la estructura de la Guardia Nacional, corporación concebida originalmente con un carácter civil.
La reforma establece que “se transfieran a la Secretaría de la Defensa Nacional, los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Esto implica que la Sedena asumirá el control de los recursos y la operación de la Guardia Nacional.
Los diputados opositores, incluyendo a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC, argumentaron que esta medida militariza de facto a la Guardia Nacional, lo que contraviene su concepción original como una corporación civil.
La reforma también modifica el artículo 21 de la Constitución, definiendo a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial”. Esto refleja un cambio en la naturaleza de la Guardia Nacional, que ahora estará bajo la supervisión de la Sedena y conformada por militares y marinos.
Además, la reforma otorga facultades constitucionales a la Guardia Nacional para investigar delitos, lo cual es considerado por activistas y defensores de derechos humanos como una violación a la autonomía de los Ministerios Públicos.
Diputados de Morena, PAN, PRI y MC presentaron en total 22 reservas al dictamen para su discusión en lo particular. Desde su concepción, esta reforma ha generado un debate sobre la militarización de la seguridad pública en México y el papel de la Guardia Nacional en la lucha contra la delincuencia. Mientras que algunos argumentan que la reforma es necesaria para fortalecer la seguridad del país, otros temen que esto pueda llevar a un aumento de la violencia y la represión.
Especialistas como Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, han alertado sobre lo que implica militarizar a la Guardia Nacional pues significa renunciar a la posibilidad de una policía civil de alcance nacional. No sólo eso, sino que se le otorgaría fuero militar a los elementos de la Guardia Nacional impidiendo que estos sean juzgados como civiles en casos de violaciones a derechos humanos, por ejemplo; otro aspecto preocupante es la modificación del artículo 129 de la Constitución, lo cual le otorgará una carta blanca al Ejército para participar en cualquier actividad de la vida pública sin control, supervisión o rendición de cuentas.
