Muere Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal que enjuició a Luis Echeverría
Muere el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien intentó procesar a responsables de la Guerra Sucia hace 20 años.
Murió la madrugada de este domingo Ignacio Carrillo Prieto, a causa de un paro respiratorio. Abogado, académico y titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), desde donde promovió acciones penales contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio, en tanto autor intelectual de las masacres de estudiantes ocurridas en 1968 y 1971.
Carrillo Prieto cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM, también estudió Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo una Licencia Especial en Derecho Social en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Su interés en promover la justicia en torno a los crímenes de Estado perpetrados durante la Guerra Sucia se debió, en parte, a lo ocurrido con su prima, Dení Prieto Stoch, militante del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional quien murió durante un asalto militar a la casa de seguridad donde se resguardaba. El exfiscal ha asegurado en entrevistas que quienes estaban allí ya se habían rendido cuando el Ejército los mató.
La Femospp fue creada en 2001, por instrucciones del presidente Vicente Fox. Se trataba de una dependencia que formaba parte de la entonces Procuraduría General de la República y cuyo propósito era investigar crímenes del pasado. Carillo Puerto centró sus investigaciones en el papel de Luis Echeverría, miembros del Ejército y titulares de la entonces ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
A Echeverría, Carrillo Prieto lo citó a declarar y consiguió una orden de aprehensión contra él. Aunque el ex-presidente sentenciado por genocidio pudo evitar la prisión excusando su edad: permaneció tres años en prisión domiciliaria hasta que, en marzo de 2009, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito exoneró al presidente, Luis Echeverria Álvarez, quien murió en su casa en 2022, a los 100 años.
La impunidad de la Guerra Sucia
Bajo la dirección de Ignacio Carrillo Puerto, la Femospp inició más de 500 averiguaciones previas relacionadas con actos de tortura y desaparición forzada cometidas contra integrantes de grupos guerrilleros durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez y López Portillo.
El fiscal actuó, por ejemplo, contra los presuntos responsables de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre: el ex director de la Policía Judicial del estado de Nuevo León, Carlos Solana Macías, y el ex agente Juventino Romero Cisneros, El Tiburón, quienes salieron libres gracias a maniobras judiciales que reclasificaron y derogaron los delitos que se les imputaban.
Al extitular de la DFS, Miguel Nazar Haro, considerado uno de los toturadores más recientes de la historia de México, lo investigó e intentó imputar la responsabilidad por la desaparición de Piedra Ibarra, también de Rodolfo Reyes Crespo y del activista Ignacio Salas Obregón. Fue inútil: jueces y magistrados dieron por sobreseídos los delitos imputados y negaron orden de aprehensión contra Nazar.
La cruzada de la Femospp terminó frustrada casi en su totalidad con los sus casos más importantes estancados en la impunidad.
Wilfredo Castro Contreras, por ejemplo, fue exonerado de la acusación que pesaba en su contra por la desaparición de Bernardo Reyes Félix, conocido como Nayo en la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas.
Lo mismo ocurrió con el capitán Luis de la Barreda Moreno, ex subdirector de la DFS, quien también fue señalado por la desaparición de Piedra Ibarra. Por este caso, el hijo del subdirector de la DFS, denunció a Carrillo Puerto por una presunta “fabricación de pruebas”.
Carillo Puerto impulsó la investigación por la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, a manos del Ejército. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano. Respecto al mismo caso de Rosendo Radilla, una jueza dictó sentencia hace unas semanas concluyendo que México incurrió en terrorismo de Estado.
La Femospp fue disuelta en 2006. Dejó pendientes más de 234 averiguaciones previas, 200 de éstas relacionadas con delitos de desaparición forzada.
