Supremo Tribunal de Brasil sentencia a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel
La Corte Suprema de Brasil halla a Bolsonaro culpable de liderar una organización criminal para dar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Lula da Silva.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro recibió una sentencia este jueves de 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado. El Supremo Tribunal Federal (STF) lo declaró culpable de haber liderado una organización criminal que conspiró contra el orden democrático para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
La Primera Sala del alto tribunal, compuesta por cinco jueces, alcanzó el veredicto por cuatro votos a favor y uno en contra. La sentencia culmina un proceso judicial histórico que convierte a Bolsonaro en el primer exmandatario del país en ser condenado por atacar a la misma democracia brasileña.
Sentencia contra Jair Bolsonaro: por atentar contra la democracia
Los delitos por los que Jair Bolsonaro recibió esta sentencia son organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio público protegido. La pena se desglosa en 8 años y 2 meses por golpe de Estado, 7 años y 7 meses por organización criminal, 6 años y 6 meses por abolición del Estado de Derecho, y 2 años y 6 meses por cada uno de los dos cargos restantes.
A la pena privativa de libertad se suman 124 días-multa, calculados sobre el valor de dos salarios mínimos por día, y una indemnización civil colectiva sin precedentes. Bolsonaro y sus siete principales coacusados deberán pagar de forma solidaria 30 millones de reales (unos 5.55 millones de dólares) por daños morales colectivos, una sanción destinada a reparar el impacto de la intentona golpista en la institucionalidad brasileña.
“Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, afirmó el juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y último en emitir su voto a favor de la condena. Zanin, antiguo abogado de Lula de Silva, subrayó que la Fiscalía “consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente” y orientada a la “permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado”.
El único voto disidente fue el del juez Luis Fux, quien argumentó la “incompetencia absoluta” del STF para juzgar a un ex presidente y consideró que el caso debía ser examinado por una instancia inferior.
La condena sella el futuro político inmediato de Bolsonaro. Según un análisis del periódico O Globo, el fallo implica su inelegibilidad para postularse a cargos públicos, una restricción que podría extenderse hasta ocho años.
Además, el tribunal determinó que, una vez firme la sentencia, se notifique al Superior Tribunal Militar para que inicie un proceso de “indignidad para el oficialato” que podría desembocar en la pérdida de su rango de capitán en la reserva y de los beneficios castrenses asociados.
Una confesión contundente
La sentencia se sustenta en una extensa investigación que reconstruyó una trama golpista que se extendió desde junio de 2021 hasta el 8 de enero de 2023. Ese día, miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro, alentados por la negativa del expresidente a reconocer los resultados electorales, asaltaron las sedes del Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el propio STF en Brasilia.
La investigación judicial, que incluyó audios, registros de reuniones y documentos, encontró su prueba más contundente en la confesión de colaboración premiada del teniente Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro. Cid declaró que el expresidente recibió, leyó y modificó personalmente un decreto para declarar el estado de sitio, anular las elecciones y detener a magistrados del STF, entre ellos el juez Alexandre de Moraes, relator del caso.
De Moraes, quien fue el primero en votar a favor de la condena en una sesión que se extendió durante horas, afirmó que “la respuesta del Estado debe ser ejemplar, en proporción a la gravedad y al riesgo al orden democrático”. La jueza Cármen Lúcia, quien también votó a favor, calificó el caso como “un encuentro entre Brasil, su pasado, su presente y su futuro”.
Junto a Bolsonaro, fueron condenados otros siete ex altos cargos de su gobierno y militares. Las penas oscilan entre los 16 y los 26 años de prisión. Los exministros Walter Braga Netto y Augusto Heleno, los excomandantes Paulo Sérgio Nogueira y Almir Garnier, y el exjefe de la Policía Federal Alexandre Ramagem fueron sentenciados. A Anderson Torres, exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, también se le impuso una condena de 24 años. Ramagem, además, perderá su mandato como diputado federal.
Mauro Cid, cuyo testimonio fue crucial para la condena, recibió una pena de dos años de prisión en régimen abierto como parte de su acuerdo de colaboración.
Foto: Presidencia de Brasil
La ejecución de las penas que contempla la sentencia contra Jair Bolsonaro no será inmediata. La defensa de los condenados tiene derecho a presentar recursos, denominados embargos, ante el propio STF. Hasta que estos no se resuelvan y la sentencia quede firme, las condenas no se ejecutarán plenamente. Bolsonaro y Braga Netto ya se encuentran actualmente en prisión preventiva por otros procesos por obstrucción a la Justicia.
El fallo representa el epílogo judicial de una crisis política que sumió a Brasil en una profunda inestabilidad y marca un precedente jurídico en la defensa del orden constitucional en América Latina.
