Jalisco: 340 funcionarios procesados por desaparición forzada
Entre 2018 y 2026, más de 340 servidores públicos fueron procesados por desaparición forzada en Jalisco. Solo 9 casos terminaron en condena.
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2026, al menos 340 servidores públicos —en su mayoría policías municipales— fueron judicializados por desaparición forzada en Jalisco, de acuerdo a una revisión realizada por el diario Milenio.
Este dato contrasta con las más de 5,225 denuncias por desaparición registradas entre diciembre de 2018 y julio de 2025 –de las cuales 165 corresponden a desaparición forzada–, pues sólo nueve han derivado en sentencias condenatorias, una brecha que evidencia la impunidad predominante en Jalisco.
La propia Fiscalía de Jalisco reconoce que, en el mismo periodo en que se procesó a centenares de agentes estatales y municipales, el sistema de justicia logró castigar menos del 0.2 por ciento de los casos denunciados.
La justicia que no alcanza
Las cifras oficiales revelan una cadena de fracasos institucionales. Entre diciembre de 2018 y julio de 2025, las autoridades solicitaron 946 órdenes de aprehensión por delitos vinculados a la desaparición de personas. De esas, únicamente 382 fueron ejecutadas. Es decir, más de la mitad de los mandamientos judiciales nunca se materializaron.
Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en personas desaparecidas, atribuyó los procesamientos contra funcionarios públicos a la existencia de una unidad especializada en la materia. “Hay entidades que no cuentan con este esquema de trabajo, nosotros tenemos una unidad que es especialista en investigar este tipo de hechos”, declaró la funcionaria. También recordó que, desde la administración anterior, se mantiene una campaña activa contra la desaparición forzada.
Según Trujillo, los servidores públicos judicializados pertenecen a más de 30 municipios, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del interior del estado. El año con mayor número de casos fue 2020, cuando 86 funcionarios fueron llevados ante la justicia. En contraste, durante los primeros tres meses de 2026, apenas dos servidores públicos han sido procesados.
Señalamientos desde la sociedad civil y organismos autónomos
Estos datos cobran relevancia en el contexto del documento que la propia fiscalía de Jalisco entregó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el cual reconoce que solo se han obtenido 9 sentencias condenatorias.
La misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió en diciembre de 2025 la Recomendación 34/2025, en la que concentró 63 quejas relacionadas con la desaparición de 66 personas ocurridas entre 2002 y 2024 en 15 municipios, entre ellos Arandas, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. De las víctimas —seis mujeres y sesenta hombres—, solo 12 fueron localizadas, y todas sin vida. Las edades de los desaparecidos oscilaban entre los 16 y los 71 años.
El organismo documentó una actuación deficiente de las autoridades: dilación en la integración de las carpetas de investigación, nula acción efectiva de búsqueda y victimización secundaria de los familiares. En dos casos se acreditó la presunta desaparición forzada. En uno de ellos, se señaló a personal de la Comisaría de Seguridad Pública de Tala.
A pesar de que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD) tuvo conocimiento de la probable participación de policías municipales —incluyendo reportes sobre la patrulla T-40—, no inició ni concluyó una línea de investigación que permitiera confirmar o descartar la hipótesis.
En el segundo caso, se demostró la responsabilidad de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Policía de Tránsito Municipal de Arandas. La inspección ocular evidenció que los agentes detuvieron a la víctima, que esta no fue puesta a disposición de la autoridad municipal, y que el superior jerárquico no realizó acciones internas para determinar su paradero.
Fallas estructurales en procuración de justicia
La CEDHJ también señaló al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por incumplir protocolos en once casos, generando actuaciones tardías u omisas. En particular, criticó la demora en los resultados de las confrontas genéticas con Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), lo que ha impedido la localización de 54 personas y el conocimiento de la identidad de los responsables.
De manera similar, se atribuyó una situación anómala a la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco (Cobupej), que dejó de realizar acciones de búsqueda para una persona por casi dos años.
Como consecuencia de estas omisiones, la CEDHJ ordenó la inscripción inmediata de las personas afectadas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como la apertura de procedimientos internos para determinar responsabilidades administrativas de agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos involucrados. Los funcionarios implicados serán inscritos en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos por violaciones a derechos humanos.
Mientras miles de familias continúan la búsqueda de sus desaparecidos, los datos oficiales reflejan un patrón: las denuncias que no avanzan, las órdenes que no se cumplen y los procesos que no llegan a sentencia. La desaparición forzada —definida por la Convención de la ONU como la privación de libertad por agentes del Estado seguida del ocultamiento del paradero de la persona— sigue siendo, en Jalisco, un delito con alta incidencia y mínima sanción.
