A 21 años de su detención, la familia de Juan Carlos Ramírez Michaca exige su amnistía
La familia Michaca exige la liberación de Juan Carlos, detenido arbitrariamente y quien denunció torturas para incriminarlo de un asesinato en 2005.
El 20 de febrero de 2005 fue el último día en libertad de Juan Carlos Ramírez Michaca, un joven de 19 años detenido por un homicidio en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Pese a un cúmulo de irregularidades en su proceso y pruebas que contradicen a las autoridades, el hombre cumple una sentencia de setenta años.
A Juan Carlos le gustaba el deporte, tenía una relación estable con Alejandra Estrada (su novia de la adolescencia, hoy su esposa), había terminado el bachillerato y fundado su propia empresa.
La libertad de Juan Carlos terminó hace 21 años, tras ser víctima de una detención arbitraria y una serie de torturas que lo llevaron a prisión. Hoy es una de las personas cuyo caso está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y del Poder Judicial local, instancias que podrían definir su libertad mediante una amnistía.
“Para nosotros es la oportunidad de que a través de un estudio a fondo, minucioso, con un contexto más abierto, con más valoración, se pueda dar con que él siempre dijo la verdad y que le devuelvan su libertad”, dice Alejandra en entrevista con Fábrica de Periodismo.
La Ley de Amnistía está vigente en el Estado de México desde enero de 2021 y el beneficio se otorga a personas presas por delitos como el aborto, la sedición, el robo o para cualquier persona con una resolución de un organismo de derechos humanos internacional o local.
La familia Michaca y sus abogadas, Araceli Olivos y Roberta Cortés, han tramitado dos solicitudes de amnistía: una en 2021 ante el Congreso del Estado de México (una de las instancias también facultadas para conceder amnistías) y en 2025, una nueva solicitud ante la CODHEM, la cuál debe conocer el caso y emitir un pronunciamiento.
El Poder Judicial, el cual puede decidir sobre la emisión de una amnistía, ha otorgado el beneficio para más de 3 mil personas. Tan solo esta semana se le concedió una amnistía a Tomás Crisanto, indígena otomí también acusado de homicidio en un proceso irregular que le negó el acceso a un intérprete de su lengua y una perspectiva intercultural en el juicio.
“Le robaron su proyecto de vida”
“Vivíamos a contra esquina, a unas pocas casas y nos encontrábamos en la calle. Lo veía seguido jugar basquetbol. Lo conocí adolescente, siempre tuvo una rutina: ir a la escuela y de regreso de inmediato a ayudar a su papá en un taller de radiadores”, recuerda Alejandra.
El joven había egresado de un Conalep como técnico en informática administrativa, registró ante la Secretaría de Hacienda su empresa enfocada en postenfriadores y según su esposa, se quedó con un bloc de facturas nuevo. “Le robaron su proyecto de vida, él se sentía secuestrado”, agrega Alejandra.
La madrugada del 20 de febrero, Michaca fue detenido por agentes ministeriales que investigaban un homicidio en la colonia donde la familia vivía. De acuerdo con la abogada Araceli Olivos, las irregularidades en el proceso empezaron desde el primer momento.
“Los policías ministeriales dicen que fue detenido en la calle, a bordo de un vehículo, portando armas, cosa que es absolutamente inconsistente con todo lo que se encuentra en el expediente, con un informe de policías municipales que acuden a auxiliar a los ministeriales en la detención de Juan Carlos y sus primos”, explica Olivos.
Posteriormente, Michaca denunció haber sido golpeado, desnudado y sumergido en un tambo de agua para obtener una confesión, durante las declaraciones, un testigo lo señaló para después retractarse en dos ocasiones. Valiéndose del apellido -pues el principal sospechoso del homicidio compartía apellido con Juan Carlos- la policía encontró a alguien a quien culpar.
Los patrones de tortura se reflejan en casos emblemáticos de fabricación de culpables. Se piensa, por ejemplo, en el caso Vallarta-Cassez, el de Daniel García Ramirez o el de Brenda Quevedo, todas personas liberadas tras el hallazgo de torturas en sus procesos.
“Lo que vemos es que hay un patrón muy concreto, muy sistemático, de a quiénes son las personas que detienen. En este caso, incluso que lo mencionamos en la solicitud de amnistía, Juan Carlos será pues el elemento perfecto para ser criminalizado, había una criminalización específica para jóvenes en el Estado de México, el origen, la racialidad, su oficio”, detalla la abogada Roberta Cortés.
Canción para un padre
No les importaba nada. inventaron lo que querían
lograron lo sentenciaran, casi casi de por vida
Es inocente, señores, lo sentenció su apellido
y un par de policías corruptos, que lo arrancaron del nido
Quien canta estas líneas es Tadeo Ramírez, hijo de Juan Carlos y Alejandra. Él mismo compuso la letra con la ayuda de su hermano Carlos. La interpreta con el acordeón que sus papás le compraron con mucho esfuerzo, tras obtener buenas calificaciones en la escuela.
Los hermanos se han sumado a la exigencia de justicia para su padre, quien ha pasado por tres penales del Estado de México y un traslado al Cefereso de Miahuatlán, Oaxaca, una situación que fue revertida pero que impactó en el núcleo familiar de los Michaca.
Para Alejandra, el involucramiento de sus hijos ha sido natural, conforme crecieron se les explicó la situación y ahora participan, expresan su descontento con la autoridad y asisten a eventos donde se expone el caso.
Este viernes 20 de febrero, en el marco de un aniversario más de la detención arbitraria, la familia Michaca y personas solidarias con la causa se manifiestan en Toluca, capital del Estado de México, para exigir la libertad inmediata de Juan Carlos.
La protesta parte del Museo Torres Bicentenario, avanzará sobre la Avenida Miguel Hidalgo y tendrá dos paradas: el Palacio de Justicia y el Palacio de Gobierno de Toluca, símbolos del poder político que podría mandar a Juan Carlos de vuelta con familia.
