Juez ordena a Sedena transparentar contratos de Pegasus
La Sedena ha reconocido la existencia de contratos para la compra de software de espionaje. Un juez de distrito le ha ordenado aceptar las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y entregar los "oficios mortales".
“Oficios mortales”: así titularon los militares un par de correos electrónicos que contenían evidencias de la contratación del malware Pegasus en abril de 2019. Se trata de papeles con carácter secreto que mencionan la compra de un servicio de “monitoreo remoto de información”.
El intercambio entre la Sección de Guerra Electrónica y la Sección Segunda (inteligencia) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue encontrado en la filtración de datos del colectivo Guacamaya Leaks. Con estos correos se confirmó que el Ejército seguía usando malware de espionaje.
Pese a su amplia difusión en medios y a una instrucción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), los papeles permanecen ocultos.
Ahora, un año después de la resolución del INAI, un amparo concedido a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presenta de nuevo la oportunidad a las fuerzas armadas para que, sin más dilación ni excusas, publique los contratos que permitieron el espionaje ilegal contra periodistas, activistas y hasta servidores públicos.
Cronología de la opacidad
Tras el hallazgo de los “oficios mortales”, en los que se demostraba la compra del servicio a Comercializadora Antsua (una empresa vinculada al consorcio israelí KBH Group, autorizada para distribuir Pegasus en México), R3D solicitó vía la ley de transparencia los contratos en octubre de 2022.
La Sedena dio una escueta respuesta en la que explicó no haber encontrado documentos que respondieran a la solicitud. Tras interponer una queja, los comisionados dieron la razón a R3D en enero de 2023: el Ejército mintió y debía entregar los contratos.
En la resolución, quedó de manifiesto que la Sedena reconoció la existencia del contrato DN-10 SAIT-1975/P/2019 e incluso facturas pagadas, de acuerdo con un oficio enviado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2021.
El pasado junio, el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México señaló en su sentencia que “las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades” y concedió el amparo a R3D.
Por su lado el INAI celebró la sentencia, que ratifica la instrucción dada al Ejército hace más de un año:
Civiles: objetivos de las intervenciones militares
La investigación Ejercito Espía identificó a tres víctimas de intervenciones de las comunicaciones: el activista Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista con identidad reservada de Animal Político.
Análisis forenses confirman la infección de dispositivos no solo de ellos tres, también de Alejandro Encinas (quien fue subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa) y del diputado de la oposición Agustín Basave Alanís.
“Deseamos que el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México” señaló R3D en su comunicado.
