La ONU exige declarar alerta ambiental en Yucatán por contaminación de granjas porcícolas
Hay granjas porcícolas en Yucatán que poseen hasta 50 mil cerdos en comunidades con apenas mil 500 habitantes, señaló la ONU.
El relator especial de las Naciones Unidas, Marcos A. Orellana, concluyó esta semana su visita al país, no sin antes hacer una serie de recomendaciones a las autoridades como declarar alerta ambiental en Yucatán por la contaminación de granjas porcícolas.
Tras reunirse con representantes de comunidades afectadas por la ganadería industrial, Orellana expuso cómo en México se han instalado centros de alta producción que concentran hasta 50 mil cerdos en comunidades con apenas mil 500 habitantes.
“Durante la última década, el número de fábricas de cerdos –también conocidas algo eufemísticamente como granjas porcícolas– ha aumentado de manera descontrolada y exponencial.
“Así mismo, he sido informado por organizaciones de la sociedad civil sobre la existencia de numerosas granjas avícolas, cuyos impactos también empiezan a verse en las comunidades donde se instalan.
“Esto ha ocasionado que actualmente existan más de quinientas fábricas de cerdos en las inmediaciones de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas”, explicó.
La mayoría de estas operaciones industriales, dijo, carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excrementos que son descargadas después a los mantos acuíferos contaminando las aguas con estiércol de cerdo, hormonas y antibióticos.
“Como solución las autoridades y empresas han planteado la instalación de biodigestores, pero estos no solucionan el problema tóxico. Más bien, los biodigestores generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día”, anotó.
La descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes –sitio protegido por el Convenio de Ramsar– afecta de manera adversa los derechos de las comunidades, alertó el relator.
Además, agregó, las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmosféricas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono.
“Por otra parte, me resultan preocupantes la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo”, anotó Marcos A. Orellana.
Reconoció la clausura de la fábrica de cerdos en Santa María Chi como un paso positivo pues, “tras cerca de diez años, el gobierno federal está tomando acción, incluyendo inspecciones”.
Sin embargo, le preocupa especialmente el hecho de que muchas otras granjas porcícolas continúan operando en Yucatán, a pesar de la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa a los pueblos y comunidades Indígenas.
“Por lo tanto, aliento al Estado a implementar de forma coordinada e interinstitucional las medidas necesarias para que los pueblos puedan tomar una decisión con base en procesos de participación amplios y efectivos en los que cuenten con toda la información accesible acerca de los impactos a la salud de estas instalaciones”, detalló.
“Estas comunidades han venido soportando durante años olores fétidos y ruidos día y noche, plagas de moscas, y contaminación de sus aguas de pozo y el aire. Una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición”, aseguró.
El relator consideró también que las autoridades deben reforzar las medidas de supervisión y fiscalización sobre estos complejos, en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que tiendan a disuadir la libertad de expresión y asamblea, amenazar la labor de defensa a la naturaleza y criminalizar al pueblo Maya.
Opormex rechaza “generalizaciones” del relator de la ONU
La Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) aseguró que las “generalizaciones” sobre el sector no reflejan la complejidad ni la realidad de la porcicultura mexicana.
Opormex afirmó que las unidades de producción operan bajo marcos regulatorios, y continuamente actualizan sus acciones en sostenibilidad, incluyendo la automatización, procesos de tratamiento y mejores prácticas ambientales que cumplen leyes locales, estatales y federales.
La organización incluso pidió al relator de la ONU un diálogo abierto y transparente sobre el tema, exigiendo que el debate público se desarrolle con bases técnicas, responsabilidad narrativa y voces integrales.
“Nosotros estamos listos para ser parte activa de esta conversación y transparentar nuestros procesos, quedamos a la espera que el señor Orellana acepte la invitación”, indicó en un comunicado.
