Luego de las movilizaciones de campesinos, el Congreso hará 50 cambios a la iniciativa de Ley de Aguas
Tras semanas de protestas de grupos campesinos, el Congreso revisará una nueva Ley de Aguas con 50 cambios. Mientras el gobierno habla de justicia social; expertos como Elena Burns califican estos ajustes como "cosméticos".
Luego de semanas de movilizaciones de grupos campesinos, el Congreso anunció que para atender a los reclamos de los productores agrícolas realizará 50 cambios a la inicitiva presidencial de reforma a la Ley de Aguas, pero expertos y organizaciones ciudadanas consideran que los ajustes previstos son un “cambio meramente cosmético que perpetúa un modelo que permite acaparar el agua a discreción”.
La iniciativa se votará esta semana en el Congreso y varios grupos agrícolas amenazan con realizar nuevas protestas y bloqueos.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció el sábado un nuevo dictamen para crear la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta incluye 50 cambios realizados tras acuerdos con agricultores y transportistas, luego de largas jornadas de protestas con bloqueos carreteros.
Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Monreal afirmó que se revisaron 124 artículos para “aclarar, precisar y modificar aspectos fundamentales en beneficio de los productores”. Destacó que el objetivo es garantizar el derecho humano al agua y preservar la rectoría del Estado.
Uno de los cambios centrales, solicitado por los agricultores, establece mecanismos para heredar o transmitir concesiones de agua junto con la tierra, con trámites expeditos en un plazo máximo de 20 días hábiles.
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, defendió el paquete como “un acto de justicia para el pueblo de México”. Aseguró que pondrá fin al “mercado negro del agua”, donde “quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio con ella, no lo puedan hacer más”.
Morales López sostuvo que la reforma terminará con el acaparamiento y la sobreexplotación, garantizando el “binomio tierra-agua” para herencias o ventas. El dictamen está previsto para votación en comisión este miércoles 3 de diciembre y en el Pleno al día siguiente.
Las protestas continúan
Estas modificaciones legislativas llegan como respuesta a la presión social. Durante las semanas previas, agricultores y transportistas bloquearon durante días enteros carreteras, además de tomar casetas y aduanas en rechazo a la iniciativa original.
La movilización no cesa a pesar de los cambios. Organizaciones como la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) ya habían convocado a una protesta este lunes 1 de diciembre, en la que tomarán las casetas de peaje de las autopistas Osiris y Calera.
Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, explicó que la protesta se debe a la falta de respuesta de Conagua a compromisos establecidos en una minuta firmada el 20 de noviembre. “Son temas del agua, de cuota energética”, aclaró, señalando que entregaron un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a ayudarlos, pero a la fecha “no nos han resuelto nada”.
Desde el análisis técnico, el proyecto ha sido fuertemente cuestionado por Elena Burns, exsubdirectora General de Administración del Agua de Conagua, quien aseguró que los ajustes son “insuficientes y en algunos rubros regresivos”.
Fotos: Julieta Nevarez, Cuartoscuro
Burns argumenta que, en lugar de una transformación, se conserva la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que permitió la privatización del recurso. “Todo el desastre que hemos vivido en estos 33 años es responsabilidad de esa ley y no hicieron prácticamente ningún cambio”, aseveró.
La experta alerta sobre un nuevo “fondo de reserva” para reasignar volúmenes de agua, que quedaría bajo la discrecionalidad de Conagua. “Habiendo estado en la administración del agua, me quedó claro lo que ofrecerían los actores por obtener derechos al agua”, dijo.
Esta postura es respaldada por la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), organización civil que denuncia que el proyecto fue dictaminado por la misma Conagua, omitiendo propuestas de 16 parlamentos abiertos ciudadanos. La CNAA denuncia que la iniciativa mantiene un capítulo para “promover y fomentar” la privatización de obras hidráulicas.
Un punto crítico es la evasión en el pago de derechos. De acuerdo con cifras presentadas por Burns, los grandes usuarios industriales “tienen concesiones para 4 mil 300 millones de metros cúbicos de agua y pagan derechos sobre 900”. La CNAA precisó que en 2023, Conagua solo recaudó 12.4 de los 55.6 mil millones de pesos debidos por este concepto.
Además, la reforma reduciría el plazo para solicitar prórrogas de concesiones de 4 años y medio a 6 meses. Para Burns, esto sería “un mecanismo para la extinción masiva de pequeñas concesiones”, beneficiando a grandes concesionarios.
Los puntos concretos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales
El dictamen presentado por Monreal enumera modificaciones en dos leyes. En la Ley de Aguas Nacionales se redefinen conceptos como “reasignación” y “uso agropecuario familiar”, se elimina la “seguridad hídrica” como mecanismo para reducir volúmenes y se fortalecen los Organismos de Cuenca.
También se actualiza el Registro Público Nacional del Agua y se obliga a inscribir sistemas comunitarios y padrones agrarios. En cuanto a sanciones, se tipifican “delitos contra las aguas nacionales” y se prevé la suspensión o revocación de concesiones.
Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
En la nueva Ley General de Aguas, se define su objeto orientado al derecho humano al agua y la justicia social. Se reconocen el derecho al saneamiento y al agua para consumo personal, y se fortalecen los Organismos Operadores.
Pese a todo esto, el proyecto llega al debate legislativo en un clima de polarización. Para el gobierno, es el fin de una ley de 33 años que convirtió el agua en mercancía. Para sus críticos, es la perpetuación de ese mismo sistema, con un lenguaje de derechos humanos pero sin herramientas para hacerlo efectivo.
La CNAA y Burns señalan omisiones graves: no se reconoce el derecho al agua de los pueblos indígenas ni se establece un mínimo vital gratuito. Tampoco se corrige la opacidad y la corrupción histórica en la gestión de concesiones.
