Suspenden demolición de Ciudad de las Artes en Nayarit tras amparo ciudadano
Juez concedió amparo para detener la demolición de la Ciudad de las Artes en Nayarit. Colectivos denuncian violación a derechos culturales.
En respuesta a un amparo ciudadano, el Juzgado Tercero de Distrito en Nayarit concedió una suspensión provisional que detiene la demolición del complejo cultural Ciudad de las Artes en Tepic, así como la construcción del estadio de fútbol que el gobierno estatal pretendía edificar en su lugar.
La resolución judicial, emitida por la magistrada Laura Andrea Casillas Bañuelos, responde a un amparo promovido por artistas, gestores culturales, docentes y vecinos de Tepic, Nayarit, que denunciaron violaciones a derechos culturales, ambientales y de participación ciudadana, además del uso discrecional de recursos públicos y un proceso arbitrario en torno a la demolición de la Ciudad de las Artes.
El espacio en disputa alberga las escuelas superiores de Música y Danza, con una matrícula conjunta de aproximadamente 600 alumnos. Durante años, el sitio funcionó como punto de encuentro para actividades artísticas y comunitarias, a pesar deque su construcción quedó inconclusa hace poco más de una década. El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero justificó su demolición argumentando la necesidad de construir un estadio de fútbol con capacidad para 12,500 espectadores, proyecto que requeriría una inversión cercana a los 300 millones de pesos.
Las obras de demolición comenzaron el 31 de mayo, días antes de que se publicara la licitación correspondiente el 4 de junio –el proyecto completo no se hizo público, tampoco la información técnica del mismo–. Hasta el momento, se han destruido el anfiteatro, áreas verdes con más de 200 árboles, una pista de skate y otros espacios comunitarios. Los promoventes del amparo sostienen que las autoridades omitieron realizar estudios de impacto ambiental, no presentaron los permisos necesarios y no consultaron a la población afectada, como establecen diversas leyes federales y locales.
Foto: Efraín Arcadia O’Connor
La suspensión judicial obliga a quince dependencias estatales y municipales a abstenerse de continuar con cualquier acto de demolición, deforestación o construcción en el predio. Entre las instituciones notificadas se encuentran la Secretaría de Infraestructura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, y diversas direcciones del ayuntamiento de Tepic, mismas que ya han sido notificadas. La medida busca mantener lo que queda del espacio mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
El conflicto ha trascendido el ámbito local. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobernador Navarro establecer un diálogo con los inconformes, sin que hasta el momento se concrete ninguna mesa de negociación. Por otro lado, los colectivos ciudadanos han denunciado actos de hostigamiento por parte de elementos de seguridad pública cuando intentan resguardar el espacio y manifestarse.
El pasado 20 de junio, el gremio cultural que defiende el espacio, conformados bajo un colectivo identificado bajo el nombre “En Defensa de la Ciudad de las Artes” anunciaron que interpondrían un total de cuatro amparos para intentar frenar la demolición. Dos de estos recursos legales fueron acompañados del despacho legal Artículo 27, especializado en litigio estratégico y derechos culturales.
Carlos Lara, fundador de Art. 27, aseveró en ese momento en conferencia de prensa virtual:
“Es una vergüenza que la defensa de la cultura se tenga que hacer en tribunales, el algoritmo verbal del gobierno de apoyo a la cultura y hacer de la enseñanza y la educación artística un derecho queda pulverizado, porque una cosa es lo que dicen allá (la presidencia), y otra en Nayarit, ni la palabra de la presidenta vale, ha conminado en dos ocasiones al gobernados a establecer el diálogo y este ha contestado con la fiscalía”.
Carlos lara, art. 27
La suspensión de las obras representa un respiro para la comunidad cultural nayarita, aunque los daños ya ocasionados son considerables. Según estimaciones de los afectados, alrededor del 90% del complejo ha sido demolido. Resta por verse si la medida provisional se convertirá en una suspensión definitiva y si las autoridades estarán obligadas a reparar los espacios destruidos.
El gobierno estatal no se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar la medida cautelar. Por ahora, las máquinas han dejado de operar en el terreno, pero la controversia aún no está resuelta. Los colectivos culturales mantienen la exigencia de que se reparen los daños y se reconozca el derecho de la comunidad a decidir sobre los espacios que ocupa y utiliza.
