Acusan negligencia en derrame de Ferromex en Sonora
Especialista señala negligencia de Ferromex y autoridades tras derrame en Naco, Sonora. Aún no hay resultados de análisis ambientales ni sanitarios.
El descarrilamiento de un tren de Ferromex en la frontera de Sonora dejó no sólo el derrame de 70 mil 300 litros de una sustancia tóxica, también expuso lo que un especialista califica como una cadena de incumplimientos y negligencia en los protocolos de seguridad establecidos por Naciones Unidas. A doce días del accidente, las autoridades no han revelado los resultados de los análisis realizados a personas, agua, flora y fauna de la zona afectada.
El derrame ocurrió el 26 de julio en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora. El convoy accidentado transportaba, además, tres vagones con 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro cisterna con hidrosulfuro de sodio, sustancia de la cual se filtraron 70 mil 300 litros al cauce.
El profesor Antonio Romo Paz, investigador de la Facultad de Química de la Universidad de Sonora, sostuvo en entrevista con Excélsior que la respuesta de Ferromex exhibió negligencia desde el primer momento. “El protocolo exige notificar de inmediato a Protección Civil y aislar el perímetro”, explicó el químico, quien acumula más de 30 años manipulando este tipo de sustancias.
El especialista añadió que la ausencia de estas medidas expuso a la población civil y considera que tanto la minera como las autoridades estatales y federales deben rendir cuentas por estas omisiones.
De acuerdo a los protocolos internacionales, la contención inmediata es obligatoria y urgente, así como la coordinación con autoridades como la Profepa, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Protección Civil. La falta de contención perimetral, de acuerdo con el investigador, derivó en afectaciones directas a la salud de al menos seis personas.
Primeros afectados, sin apoyo médico
Entre los seis afectados, la situación más delicada es la de Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años. Internado en un hospital público su estado crítico se ha prolongado, según fuentes cercanas a la familia. Sus parientes denuncian que, pese a la gravedad del cuadro, la empresa no ha brindado apoyo y las gestiones ante las autoridades no han derivado en la atención médica especializada que requieren.
Vecinos del Ejido Cuauhtémoc, asentamiento más próximo al punto del accidente, refirieron haber sentido un hedor característico a compuestos sulfurados en las horas posteriores al descarrilamiento. Sin embargo, la exposición continúa durante un par de horas genera un bloqueo en la percepción de la sustancia: una fatiga olfativa que ya no detecta la sustancia y provoca una falsa sensación de seguridad entre los afectados.
Doce días después del accidente, ni la empresa ni las autoridades han hecho públicos los dictámenes correspondientes, lo cual representa un riesgo continuo para los habitantes de la región.
Algunas respuestas oficiales
La presidenta Claudia Sheinbaum describió en su conferencia matutina de este viernes el operativo desplegado tras el incidente: la Profepa acudió al lugar de manera inmediata, acordonó la zona y la empresa inició los trabajos de limpieza. Sheinbaum agregó que las sanciones correspondientes serán determinadas por la autoridad ambiental en función de las investigaciones.
Entre las disposiciones urgentes dictadas por la Profepa figuran el desmantelamiento de los vagones siniestrados, la descontaminación del perímetro y la presentación, por parte de Ferromex, de un programa de restauración que abarque tres kilómetros del cauce afectado. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el concentrado de cobre ya fue retirado y que se realizaron recorridos de campo y muestreos de suelo y biota.
Sin embargo, el antecedente del derrame de 2014 en el Río Sonora —40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado vertidos por Buenavista del Cobre, otra subsidiaria de Grupo México— añade contexto a la desconfianza de los habitantes. Aquel incidente afectó 271.6 kilómetros lineales del cauce. A doce años de aquel episodio, los Comités de Cuenca Río Sonora señalan que persisten problemas de calidad del agua, atención a la salud y reparación ambiental.
