1,360 niños migrantes no han regresado con sus familias tras ser separados por EU
HRW califica la política de separación de familias de EU como desaparición forzada: 1,360 niños no han vuelto a reunirse con sus padres.
Mil 360 niños migrantes han sido separados de sus padres por agentes fronterizos desde 2018 por el gobierno de Estados Unidos y no han logrado reunirse de nuevo con ellos. Esto de acuerdo al reporte de Human Rights Watch (HRW) llamado “Tenemos que llevarnos a los niños” el cual también advierte que esta política implicó la comisión de crímenes de Estado como desaparición forzada y posiblemente tortura.
Este programa, pensado para disuadir a las familias migrantes que se comenzaron a organizarse en caravanas para atravesar México y cruzar la frontera con Estados Unidos, fue aplicado por primera vez durante el primer mandato de Donald Trump en la presidencia.
El informe de 135 páginas fue realizado por el Texas Civil Rights Project (TCRP), la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale y HRW. En él se concluye que el gobierno norteamericano se negó durante días o semanas a revelar a las familias el paradero y las circunstancias de sus hijas e hijos lo cual concuerda con la definición de desaparición forzada. Al ser agentes del Estado los responsables de la separación y ser una política para provocar un sufrimiento deliberado y grave con fines indebidos, esta política puede también considerarse tortura.
“Es escalofriante” escribió Michael García Bochenek, abogado de la división de Derechos del Niño de HRW y autor del informe. Bochenek aseguró que la crueldad en la política sobre separación forzada de familias fue premeditada: “Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.
No sólo eso. De acuerdo a la revisión de los documentos y correos electrónicos del gobierno estadounidense se concluye que, además de separar a las familias con la clara intención de generar un daño emocional, altos funcionarios intervinieron para que esa separación se perpetuara y que se mantuviera a niñas y niños separados de sus padres incluso cuando otras instancias federales buscaran reunir de nuevo a la familias de la manera más rápida posible.
Tan sólo entre 2017 y 2021, Estados Unidos separó a más de 4 mil 600 niñas y niños de sus familias. Pero existen 1,360 infancias cuyo paradero aún no se ha informado, las cuales conforman el 30% de las niñas y niños separados durante la primera administración de Trump.
De acuerdo con las entrevistas realizadas por HRW a las familias, incluyendo las niñas y niños, los principales sentimientos experimentado eran de intensa angustia, ansiedad y trauma. Un adolescente guatemalteco de 15 años dijo sentirse “desesperado, desconsolado y preocupado” luego de ser separado de su padre.
Sobre las y los niños que no han logrado reunirse aún con sus familiares, la justicia norteamericana ha observado que el gobierno mantiene mejores registros de los bienes materiales de las personas migrantes que de los menores que quedan bajo su resguardo. Después de años de esfuerzos para identificar y localizar a estos 1,360 niñas y niños ha quedado claro, para las organizaciones e instituciones autoras del informe, que esto no fue un efecto colateral de la política migratoria sino, de hecho, su principal objetivo.
Cuando el fiscal general Jeff Sessions dio la orden de que habría que esforzarse para reunir de nuevo a las niñas y niños con sus familias, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estado Unidos escribió para “confirmar que la expectativa es que NO volvamos a reunir a las familias” y que la reunificación “obviamente atenta contra la totalidad del esfuerzo”.
Muchos de los funcionarios responsables de diseñar y ejecutar esta política están por regresar a cargos públicos gracias al beneplácito del presidente electo Donald Trump. HRW menciona a Thomas Homan, elegido como el nuevo “zar de la frontera”, y Matthew Whitaker, elegido como embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También Stephen Miller podría regresar como Subjefe Gabinete; Miller fue asesor de la Casa Blanca y, desde ese puesto, fue uno de los responsables de diseñar la política de prohibición de viajes para ciudadanos de países musulmanes y promovió el cierre de fronteras a solicitantes de asilos.
HRW, así como el Texas Civil Rights Project y la Clínica Lowestein recomiendan con preocupación activar medidas urgentes para remediar los agravios que han sufrido estas familias, además de considerar la posibilidad de otorgarles residencia permanente como una manera mínima de resarcir el daño provocado, además de ofrecer servicios de salud mental para cualquier familia migrante que así lo solicite.
No sólo eso. Recomiendan al Senado norteamericano ejercer su libertad de asesoría y consentimiento para rechazar a todo candidato a un puesto público durante la segunda administración de Donald Trump que haya estado involucrado en la planificación o ejecución de esta política de separación de familias en tanto constituyó un crimen de Estado y una seria violación a los derechos humanos y de las infancias.
