ONU: las desapariciones en México son “crímenes de lesa humanidad”
La ONU llevará el caso de México ante la Asamblea General: existen indicios para calificar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.
De “carácter urgente”. Así calificó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada la decisión de llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, al activar un mecanismo previsto para casos especialmente graves.
El Comité de la ONU concluyó que existen “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue publicada hoy, jueves 2 de abril, y se sustenta en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento excepcional que el Comité utiliza cuando recibe información que, a su juicio, contiene indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, precisó que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El organismo fue contundente: bajo el derecho internacional y los criterios de la ONU, la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un “crimen de lesa humanidad” que en México se comete, practicamente, todos los días pues, de acuerdo a las cifras, cada 45 minutos desaparece una persona en el país.
No obstante, así lo aclaró, no encontró pruebas de que exista –actualmente– una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma.
El Comité señaló, sin embargo, que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la “guerra contra las drogas” a nivel nacional, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos. Por supuesto, en algunos casos denunciados, las investigaciones también apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.
Como muestra de la gravedad de la situación, el Comité citó el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país. Las estimaciones indican más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. Otras fuentes dentro del expediente elevan la cifra de restos no identificados a 76.000.
El organismo advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita a México en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial”. Agregó que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.
Un día antes de la resolución, el 1 de abril, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas habían solicitado al Comité que emitiera sus conclusiones «a la mayor brevedad posible». En su carta, denunciaron que el gobierno de México había llevado a cabo una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, en los hechos, ha implicado la «reducción o ‘rasura’ de cifras oficiales», generando dudas sobre la transparencia.
Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General. El Comité planteó que la Asamblea General de la ONU valore acciones concretas, entre ellas brindar cooperación técnica a México, ademas apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
Asimismo, el Comité propuso la creación de un mecanismo eficaz para garantizar la verdad, la protección y la asistencia a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a organizaciones y defensores que las acompañan.
El organismo reafirmó su disposición de mantener la cooperación con el Estado mexicano y subrayó que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como una sanción, sino como una herramienta para fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a la crisis.
