Fosas sin contar: Plataforma Ciudadana reporta subregistro de fosas clandestinas
Mientras la FGR reportó 94 fosas, una plataforma ciudadana contabilizó 1,006. El informe denuncia opacidad en 13 fiscalías estatales.
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 94 fosas clandestinas en el periodo que va del segundo semestre de 2023 a diciembre de 2024. Sin embargo, el seguimiento independiente de medios de comunicación contabilizó por lo menos mil 6 hallazgos. Incluso la cifra oficial proporcionada por las fiscalías estatales es mayor: mil 451 fosas reportadas. El conteo ciudadano es aún más alto: mil 80 fosas.
La actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, presentada este 10 de febrero por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), evidencia la disparidad de cifras. También revela un patrón de opacidad que involucra al menos a 13 fiscalías locales, la desaparición de registros públicos que antes existían y un vacío institucional que, insisten las organizaciones, el Estado mexicano se niega a llenar.
La desaparición de los datos públicos
Entre 2023 y 2024, la FGR redujo drásticamente el número de fosas reportadas: pasó de 76 a 18. Las fiscalías estatales, en cambio, incrementaron sus registros de 665 a 786. Los medios documentaron una tendencia similar: 421 fosas en 2023 y 585 en 2024.
En cuanto a víctimas, la diferencia es aún más pronunciada. Mientras las fiscalías estatales informaron haber exhumado mil 616 cuerpos, los medios reportaron 2 mil 17. La Plataforma Ciudadana de Fosas estima que la cifra real podría ascender a 2 mil 159.
La FGR, además, dejó de proporcionar el desglose por cuerpos y restos óseos que hasta 2023 era público. Desde el cierre de ese año, la dependencia solo reporta el número total de fosas, sin detallar cuántas personas fueron encontradas en ellas.
Foto: Diana Valdez, Cuartoscuro
“Publicamos estos datos porque no existe una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, pese a que es responsabilidad de la FGR y las fiscalías estatales”, explicó en conferencia de prensa Jessica Alcázar, coordinadora de prevención de Artículo 19.
Alcázar recordó que en 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) retiró de su sitio web el mapa nacional de hallazgos de fosas clandestinas. Desde entonces, el gobierno federal carece de un instrumento público que concentre la información sobre estos crímenes.
“La Plataforma Ciudadana de Fosas no solo compila, evita pérdidas de información, integra versiones históricas y usa criterios técnicos para documentar las fosas ante el vacío institucional”, añadió.
Pamela Benítez, analista de datos de Data Cívica, precisó el retroceso de la FGR: “Hasta el primer semestre de 2023 entregaban datos completos: total de fosas, desglose de restos, cuerpos encontrados. Para el cierre de 2023 y todo 2024 la autoridad dio un paso atrás y eliminó todo el detalle que antes sí era público”.
13 fiscalías niegan, ocultan o simulan
La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó que cinco fiscalías estatales —Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz— negaron la información solicitada vía transparencia y se declararon incompetentes para proporcionarla.
Otras tres —Ciudad de México, Querétaro y Yucatán— reportaron cero fosas clandestinas en el periodo, pese a que las fuentes periodísticas documentaron hallazgos en esas entidades.
En Campeche, la fiscalía omitió en 2024 variables que sí había entregado en 2023, como el sexo de las personas exhumadas.
El caso de la Fiscalía capitalina es paradigmático. En 2023 entregó información sobre “enterramientos ilegales” vinculados a desaparición —al menos 10 puntos de hallazgo— pero se negó a proporcionar la ubicación por alcaldía bajo el argumento de confidencialidad y dijo no contar con una base de datos. En 2024 reportó “cero fosas clandestinas”, eliminando así la continuidad del registro.
Foto: Buscadores de Jalisco
«Las fosas no solo ocultan cuerpos, ocultan la verdad, y la justicia para que nuestros familiares regresen a casa».
La Fiscalía de Durango informó que sí tenía datos de 2023 y 2024, pero no los entregó. Remitió a enlaces de Google Drive y al mapa de la CNB que ya habían sido eliminados o desactualizados. El informe de la plataforma califica el caso como “simulación institucional: hay datos, pero no están disponibles”.
La Fiscalía de Hidalgo declaró incompetencia argumentando que no existe el tipo penal específico para “fosas clandestinas”. También remitió al mapa de la CNB, cuyo enlace ya no funciona, y aseguró que no hay registro del periodo 2006 a 2018.
Morelos, por su parte, no solo se declaró incompetente; sugirió consultar al INEGI y dijo que la información estaba reservada. En 2023 ya había negado los datos y derivado a una CNB que no tiene el registro. Las organizaciones califican esta conducta como “bloqueo sistemático”.
A esto se suma que buena parte de la información es entregada de manera desordenada, sin sistematizar e incompleta.
En Coahuila, por ejemplo, la fiscalía entregó información por sitio, pero con descripciones no homologadas —“fragmentos combustionados”, por ejemplo— que impiden distinguir entre cuerpos y restos. Los datos existen, pero no permiten conocer el número de víctimas.
Jalisco, en cambio, tiene abundante información pero se entregó sin orden ni sistematización, lo que impide comparar los datos y sus implicaciones. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía usan categorías cambiantes como “segmentos óseos” o “bolsas con restos humanos”. Aunque se reportan 990 víctimas “preidentificadas o identificadas” al cierre de 2024, las series temporales son inconsistentes.
Nuevo León reconoció que no tiene un concentrado con coordenadas o edad de las víctimas y que no está obligado a generarlo. Incluso reportó años con “cero fosas”: 2006, 2007, 2009.
En contraste, Quintana Roo reportó por primera vez tres fosas con seis cuerpos, correspondientes a hallazgos ocurridos en 2011, 2012 y 2013.
El registro de los medios y las “fosas del Estado”
Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, subrayó que los medios sistemáticamente reportan más cuerpos y restos óseos que las fiscalías. “En el periodo, las fiscalías estatales reportaron mil 616 cuerpos; los medios, 2 mil 17”, precisó.
En contraste con la información oficial, durante 2023 y 2024, los estados con más fosas reportadas en medios fueron Sonora (174), Guanajuato (91), Colima (86), Jalisco (83) y Chihuahua (78). En cuanto a cuerpos, la lista la encabezan Sonora (272), Michoacán (249), Jalisco (224), Guanajuato (217) y Colima (205).
Foto: José Betanzos, Cuartoscuro
Del total de cuerpos y restos que pudieron ser identificados, 77% corresponden a hombres.
Fabrizio Lorusso, del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Iberoamericana León, planteó una distinción clave: “Llamar clandestina a una fosa por ser ilegal estigmatiza a las personas encontradas ahí”.
Los casos más públicos en Morelos —Tetelcingo y Jojutla— hicieron evidente que no se trataba solo de fosas clandestinas sino de “fosas del Estado”: entierros masivos en panteones municipales donde la Fiscalía depositó cuerpos sin identificar, sin seguir protocolos.
El testimonio de quienes buscan
En la conferencia de prensa para presentar la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, estuvo presente Lorena Reza Garduño quien busca a su hermano Juan Carlos desde 2007. En 2017 se sumó al colectivo Regresando a Casa Morelos y comenzó a trabajar en la fosa de Jojutla.
“Tenemos esperanza de que mi hermano esté en esa fosa porque hay cuerpos de 2013 hacia atrás. Luchamos para que sean identificados. ¿Qué va a pasar con los cuerpos exhumados? ¿Quiénes los van a identificar para regresar a casa?”, cuestionó.
Edith Hernández, del mismo colectivo, afirmó: “La actualización de esta Plataforma Nacional de Fosas es muy importante porque trae el lado histórico de las familias ante la negativa de la información por parte de las autoridades”.
“Las fosas no solo ocultan cuerpos, ocultan la verdad, y la justicia para que nuestros familiares regresen a casa. Mantener esta Plataforma es darle un poquito de sentido a nuestro trabajo de documentación”, concluyó.
Las organizaciones presentaron un pliego de demandas: crear un registro centralizado y público de cuerpos en servicios forenses y fosas comunes; operar un banco de datos forenses con transparencia y consulta en tiempo real; garantizar acceso inmediato a huellas dactilares y perfiles genéticos; coordinar a la CNB, fiscalías estatales y Semefos para evitar la pérdida de cuerpos en el sistema; y asignar presupuesto y personal especializado en identificación humana.
