Presupuesto para desaparecidos en México: menos del 0.1%
El gasto en publicidad oficial fue casi 4 veces mayor que el destinado a atender la crisis de desapariciones. Solo 19% del personal que busca personas tiene empleo estable.
Por cada 100 pesos que gastan en conjunto la federación y los estados, no se destina ni un centavo completo a buscar personas desaparecidas e identificar cuerpos. Un nuevo estudio de las organizaciones Elementa DDHH, Fundar y Política Colectiva expone que, frente a una de las crisis humanitarias más graves del país, la inversión pública es mínima, está mal distribuida y sostiene instituciones con personal precario.
El dato central es contundente: en 2024, el gasto total identificado para búsqueda e identificación fue de 3,892 millones de pesos. Esta cifra representa solo el 0.036% del presupuesto conjunto federal y estatal. Es decir, si el presupuesto total fuera una suma de 100 pesos, la partida para esta emergencia no alcanzaría un centavo.
Este esfuerzo financiero, calificado por las organizaciones como “marginal e inercial”, contrasta con la escala del problema. México enfrenta la desaparición de más de 120,000 personas y tiene aproximadamente 79,000 cuerpos sin identificar en sus sistemas forenses. El análisis, basado en las cuentas públicas de los 32 estados, la Cuenta Pública Federal, datos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y más de 60 solicitudes de información, muestra una desproporción aún más reveladora: los gobiernos gastaron casi cuatro veces más en publicidad oficial que en atender esta crisis.
El presupuesto para desaparecidos en México no llega a donde es más necesario
La investigación no solo encuentra una inversión ínfima, sino también profundamente desalineada. No existe una correspondencia entre la gravedad de la crisis en cada territorio y el dinero que se le asigna. Los estados con mayores números de desaparición o de cuerpos sin identificar no son los que más recursos reciben.
Foto: Vitoria Valtierra, Cuartoscuro
El documento presenta varios ejemplos críticos de esta desconexión. Tamaulipas, el segundo estado con más desaparecidos en México, ocupó el lugar 21 en inversión total de presupuesto para actividades de búsqueda. Baja California, que concentra más de 13,000 cuerpos sin identificar—lo que equivale a más del 16% del total nacional—, se ubicó apenas en el noveno lugar en gasto para atender la crisis forense.
Casos similares se observan en la Ciudad de México y el Estado de México, entidades con importantes rezagos en sus servicios médico-forenses. La capital del país quedó en el lugar 30 en gasto para identificación, mientras que el Estado de México se posicionó en el lugar 13. Estos contrastes evidencian, según el estudio, la ausencia de un mecanismo nacional que priorice la asignación de recursos según la necesidad y la gravedad.
La precariedad laboral frena la búsqueda
El problema de fondo no se limita al dinero. La arquitectura institucional creada para responder, principalmente las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB), opera con serias limitaciones. Un análisis de sus estructuras orgánicas encontró que, durante 2024, al menos 906 personas integraron estas comisiones en todo el país. De ellas, solo el 19% contaba con una plaza de base, es decir, un empleo estable y con derechos plenos.
Aunque existen excepciones positivas en estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis Potosí, donde la mayoría del personal tiene contrato de base, la regla general es la precarización. La gran mayoría del personal opera con contratos temporales, de confianza o bajo figuras laborales no estandarizadas.
Esta inestabilidad tiene un impacto directo y humano en la búsqueda. Genera una rotación constante de personal, lo que impide la acumulación de experiencia y la especialización. Dificulta dar continuidad a las investigaciones y, en última instancia, afecta directamente a las familias que esperan respuestas, al ralentizar y entorpecer el trabajo sobre el terreno.
Un modelo que administra la crisis
Para las organizaciones autoras del estudio, los hallazgos dibujan un sistema fragmentado. La emergencia, concluyen, no se debe únicamente a la violencia o a los rezagos acumulados, sino a un modelo de atención que carece de estándares mínimos, coordinación efectiva y, sobre todo, voluntad presupuestal.
Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
“La respuesta pública no solo es mínima, sino profundamente desalineada con la magnitud territorial de la crisis”, señala el documento. Sin cambios estructurales, advierten, México continuará operando bajo una lógica que “solamente administra la crisis”, en lugar de resolverla.
El análisis finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades: la necesidad de aumentar sustancialmente la inversión pública y garantizar que sea proporcional a la magnitud de la crisis en cada entidad. También se pide fortalecer las capacidades de los servicios forenses estatales, garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal de las CLB, y establecer una rectoría federal efectiva en materia de presupuesto que dé coherencia y continuidad a la política pública.
Una política de tal envergadura, argumentan, es la única vía para dejar de administrar el dolor y comenzar a garantizar verdad, justicia y una restitución digna para los miles de familiares que siguen esperando.
