Desarticulan red de pornografía infantil con operación en Oaxaca
Una red en Oaxaca de pornografía infantil explotaba a menores mediante amenazas en chats. Distribuían más de 70 mil archivos por apps como Telegram o Whats App. Un detenido enfrenta una condena que podría superar los 210 años.
Una investigación desarticuló una red de pornografía infantil en Oaxaca y revelado un patrón de coerción y violencia digital. Niñas, niños y adolescentes eran amenazados a través de chats para obligarlos a producir y enviar contenido sexual, material que luego era comercializado en foros internacionales. Un detenido, identificado con las iniciales L.A.F.V., enfrenta una pena acumulada que podría alcanzar los 210 años de prisión.
Tras un cateo en un domicilio de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en la capital oaxaqueña, la Fiscalía General del Estado (FGEO) aseguró un archivo digital de dimensióndescomunal: más de 50,000 imágenes, aproximadamente 18,000 archivos de audio y alrededor de 2,700 videos con contenido de abuso sexual infantil. La red, según las autoridades, operaba desde hace al menos dos años.
Los integrantes de la red utilizaban predominantemente la aplicación de mensajería Telegram, así como WhatsApp, para crear grupos de difusión y venta. Cada archivo —imágenes o videos de menores— se comercializaba por entre 10 y 30 dólares. La clientela incluía, según la investigación, compradores dentro de México y en el extranjero, lo que confirió a la operación un alcance transnacional.
“Esta persona vendía estos videos y se suscribían a los mismos. La evidencia que tenemos es que justamente eran videos de menores de edad que se estaban compartiendo a través de un pago”, explicó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en conferencia de prensa. El centro de esta operación era el domicilio cateado, donde se incautaron computadoras, laptops, smartphones y tablets presuntamente utilizados para gestionar el negocio ilícito.
Una red de pornografía infantil en Oaxaca: de la explotación sexual a la distribución
La evidencia recuperada apunta a la intimidación como una herramienta clave. Entre la enorme cantidad de datos, los analistas encontraron conversaciones en las que las víctimas —en su mayoría menores— eran amenazadas para forzarlas a generar y enviar más material. Este hallazgo agrava todavía más el caso de una mera distribución de contenido, en este caso pornografía infantil, a uno de explotación sexual continua y facilitada por la tecnología.
Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca
La pesquisa comenzó con una denuncia anónima recibida a través del sistema Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) del estado. En 72 horas, según detalló la fiscalía, se organizó un operativo conjunto que incluyó a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPECS), la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Este despliegue culminó con la detención de L.A.F.V.
Ahora, la complejidad del caso demanda una coordinación más amplia. El fiscal Rodríguez Alamilla anunció que se ha pedido apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para rastrear a otros implicados dentro de México. Dado el alcance internacional de la red, también se solicitó la colaboración de la Interpol y del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos para identificar a consumidores y cómplices en el extranjero, así como para determinar si hay víctimas de otras nacionalidades.
“Estamos buscando la plena identificación de varias de las víctimas. Por las características […] algunas consideramos que pueden ser de origen nacional, pero también de origen extranjero”, señaló el fiscal. La tarea de identificación y apoyo recae en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que brindan acompañamiento psicológico y legal.
Frente a un juez de control especializado en delitos cibernéticos, el detenido L.A.F.V. fue ya vinculado a proceso. Los cargos potenciales incluyen pornografía infantil, abuso sexual, corrupción de menores y violación a la intimidad sexual. La suma de las penas previstas para estos delitos podría llegar, en el límite, a 210 años de cárcel.
“Nuestra responsabilidad es colectiva”, afirmó el fiscal Rodríguez Alamilla. “Combatir este delito no solo es tarea de las instituciones, es una responsabilidad ética de toda la sociedad”. Reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través del número 089 y cerró su intervención con una consigna clara: “La niñez no se toca, porque la dignidad no se negocia”. La investigación, aseguró, permanece abierta para localizar a todos los participantes en la red, desde los productores hasta los consumidores finales.
