La infancia en México: entre desapariciones, reclutamiento forzado y asesinatos
La REDIM presentó su último balance anual sobre la situación de menores de edad en México y las violencias que enfrentan.
Este 2026, las infancias se enfrentan a un panorama complejo en el que persisten las desigualdades, violencias de todo tipo, pobreza extrema, faltas a la justicia intergeneracional y discriminación. Así lo señala el “Balance Anual sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2025″, entregado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) a la Presidencia de la República.
Frente a Palacio Nacional, este 6 de enero, un grupo de niñas y niños, acompañados de personal de la REDIM y de la Reinas Magas, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que escuche sus problemáticas y reciba el informe.
La cara más cruda de este panorama tiene que ver con las condiciones de violencia visibles en asesinatos, feminicidios, desapariciones, desplazamiento y reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales.
Según los datos estadísticos revisados por REDIM -con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)- entre enero y noviembre de 2025 se registraron mil 991 niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio, de estos 565 fueron cometidos con armas de fuego. Mientras que por el delito de feminicidio (clasificado como el asesinato violento de una mujer o niña por razones de género) se registraron 58 casos, mayoritariamente en el Estado de México, Sonora y Chihuahua.
Y aunque la cifra de homicidios presentó una disminución del 11.5% respecto a 2024, la REDIM advierte por las condiciones de inseguridad que facilitan estos crímenes y la respuesta armada del Estado, por ejemplo, en el caso de la ejecución extrajudicial de las niñas Alexa y Leidy, asesinadas a balazos por militares en Badiraguato, Sinaloa.
Infancias desaparecidas y reclutadas por el crimen
Frente a la grave crisis de desapariciones en México, la niñez también se ve afectada. En el último año se contabilizaron 10 mil 707, de los cuales 2 mil 856 siguen en calidad de no localizadas.
Esta emergencia nacional ha movido incluso a menores de edad a participar en jornadas de búsqueda de sus seres queridos, se trata de infancias que han tomado en sus manos la responsabilidad de las autoridades, rebasadas en su tarea de procuración de justicia y esclarecimiento de los casos.
Mientras que en materia de reclutamiento forzado, el gobierno mexicano ni siquiera cuenta con esquemas para tipificar esta práctica como delito, por lo que la información es opaca.
Una aproximación a este fenómeno se encuentra en las estadísticas de menores privados de la libertad, pues según los datos recopilados por el Inegi, en 2024 entre 388 y mil 84 personas adolescentes fueron privadas de la libertad por diversos delitos, por lo que a una parte importante puede considerarse como probables víctimas de la leva criminal.
En los últimos meses, el hallazgo de un centro de desaparición y adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, exhibió las dinámicas de reclutamiento de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos integrantes captan a menores con ofertas de trabajo falsas y mediante propaganda en redes como TikTok.
Pobreza y trabajo infantil
Más allá de la violencia armada, las desigualdades ensombrecen las oportunidades y posibilitan discrminación. Según los datos de REDIM, el 84.8% de la niñez indígena vive en situación de pobreza, una cifra abismal comparada con el 35.8% de la población no indígena.
Otro dato alarmante es el incremento del trabajo infantil. Actualmente, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México (13.1% de la población infantil), lo que representa un aumento de más de 400 mil menores desde 2019.
Pese a estas condiciones, la organización señala una falta de prioridad presupuestal para la niñez. Este 2026, el Estado propone una asignación de 1.1 billones de pesos para la infancia. No obstante, REDIM advierte que este monto representa sólo el 10.8% del presupuesto federal total, una caída constante desde 2015, cuando se destinaba el 15%. Esta disminución relativa refleja una pérdida de prioridad en áreas críticas como salud, educación y protección de las infancias.
