La reforma al Poder Judicial, una propuesta que carece de perspectiva de género
La reforma al poder judicial carece de perspectiva de género. Lo vemos todo el tiempo: existe una misoginia judicial en los tribunales del país. Feminicidas que permanecen impunes porque las normativas con las cuáles debe revisarse la violencia de género son ignoradas; juezas y jueces que liberan a agresores sexuales porque quien recolectó las pruebas no tomó en cuenta la naturaleza del delito; mujeres que permanecen en prisión y sin sentencia acusadas hasta de brujería, perpetuando estereotipos sexistas.
Un ejemplo reciente es el de la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un intento de feminicidio. El 9 de septiembre de 2019, dos hombres le arrojaron una cubeta con ácido que quemó 90 por ciento de su cuerpo. Antonio Vera Carrizal, expareja de la saxofonista y exdiputado priista, fue detenido como autor intelectual. Hace unos días, el juez José Gabriel Ramírez Montaño lo absolvió por falta de pruebas. El argumento del juez es que “no se logró destruir la presunción de inocencia”. Vera Carrizal hubiera salido libre de no ser por la intervención de la jueza de apelamiento, Maria Antonio Esteva Chávez quien dejó sin efectos la boleta de libertad del agresor y de sus cómplices.
No es un caso aislado. La semana pasada, al exgobernador Mario Marín, acusado de ordenar la tortura de la periodista Lydia Cacho y de proteger a una red de pederastas, un juez le concedió llevar su proceso penal en casa a pesar del riesgo que tal decisión implica para la periodista que ha sufrido varios atentados y amenazas de muerte. Lo mismo ocurrió este 21 de agosto, en Guanajuato, donde una jueza absolvió a los implicados en el feminicidio y desaparición de la profesora Guadalupe Barajas Piña, encontrada en fosa clandestina junto con otros 79 cuerpos.
Como si fueran fábricas, muchos tribunales en México producen injusticias en serie: criminalizan la pobreza, perpetúan la discriminación y alimentan violencias racistas, clasistas y, por supuesto, de género. Todas son barreras que alejan a sectores de la población, en especial a aquellos históricamente marginados, de cualquier posibilidad real de justicia.
Pero la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no aborda estas problemáticas, que también han pasado inadvertidas en la mayoría de los foros de discusión. Sus prioridades se centran en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reducción de salarios, los controles anticorrupción y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
“A pesar de que, en un inicio, gran parte del discurso público que justificaba esa reforma estaba enfocada en mejorar el acceso a la justicia de las personas y reducir la impunidad, se está perdiendo de vista en la propuesta actual”, advierte Maïssa Hubert, subdirectora de la organización Equis Justicia, que desde hace 12 años investiga sobre la justicia que reciben las mujeres en los tribunales de México.
“Debe tomar terapia para adecuarse al rol de madre tradicional mexicana”.
“No se puede ser madre y trabajar al mismo tiempo”.
“Ella es culpable de la violación cometida por su pareja”.
“Abortó intencionalmente porque es madre soltera y no quería tener más hijos”.
No son frases vacías sino fragmentos de resoluciones judiciales de la Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán. Cada una de estas afirmaciones muestran la manera en que el sistema judicial mexicano reproduce la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.
Cuando las mujeres sufren violencia, su primer impulso es buscar apoyo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la Defensoría Pública, en la policía o en las autoridades municipales o comunitarias. El Poder Judicial no figura entre las instituciones a las que suelen recurrir, según el análisis Reforma judicial feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias, de Equis Justicia para las Mujeres.
Y en los casos en que finalmente llegan a los tribunales, se enfrentan a un sistema judicial que perpetúa la discriminación y la violencia. Tras analizar más de 100 sentencias, Equis Justicia descubrió que 47 por ciento de juezas y jueces invisibilizan las violencias, 69 por ciento no protege a las mujeres y 80 por ciento no analiza los contextos donde se producen y reproducen las violencias contra ellas.
En febrero pasado, la absolución del presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en el Estado de México provocó indignación. El juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, con sede en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, absolvió a Alejandro N por “falta de pruebas suficientes”. La madre le preguntó si no le creyó a su hija, el juzgador respondió que sí creyó el relato sobre el tocamiento, pero alegó que la menor no especificó el lugar, el día ni la hora de la agresión.
La misoginia judicial es una constante: la normativa especializada en violencias de género se aplica de manera insuficiente, la recolección de pruebas con perspectiva de género es deficiente, la reparación integral de los daños queda relegada y las medidas para asegurar el cumplimiento real de las sentencias son inadecuadas. A esto se suma la falta de datos específicos sobre las violencias contra mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales y trans, que evidencian un vacío en la comprensión y atención.
“Esto nos deja a ciegas para entender qué tipos de violencias se están dando y las diferentes barreras de acceso a la justicia que tienen las mujeres, en función del grupo social o identitario con el que se identifican”, dice en el reporte Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia.
La aplicación de fórmulas penales sin considerar las causas, los contextos individuales y la perspectiva de género impacta también en el encarcelamiento de mujeres, que ha crecido 22 por ciento en los últimos seis años. Hoy más de 13 mil mujeres están en prisión, pero sólo la mitad tiene una sentencia. Y al menos 21 enfrentan acusaciones con señalamientos como brujería o adoración del demonio, según el diario Milenio.
“Si no queremos que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad se nos escape del debate y la acción pública, debemos repensar todos los elementos del sistema judicial desde una perspectiva de ‘justicia abierta feminista´”, afirma Gamboa.
Garantizar que nadie se quede atrás ni fuera del acceso a la justicia. Ese debería ser el corazón de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, pero esta prioridad parece no estar en el centro de la propuesta ni del debate de los foros sobre el tema.
“Se han organizado muchos espacios relacionados con la reforma judicial, por ejemplo, diálogos con jueces o entre legisladores, pero la sociedad civil organizada y la ciudadanía en sí no ha estado involucrada en esos diálogos. Las soluciones propuestas están un poco desconectadas de los obstáculos cotidianos que enfrentan las personas”, dice Hubert.
Para Equis Justicia, las soluciones deberían incluir la creación de consejos consultivos plurales y diversos con la sociedad civil, la descentralización de la justicia hacia territorios urbanos y rurales, y la implementación de elecciones con verdadera representatividad social y participación ciudadana.
También abogan por el diseño de códigos procesales universales, comprensibles y simplificados, la revisión y simplificación de los procesos y plazos legales, y el fortalecimiento de la formación del personal del Poder Judicial para garantizar no solo los derechos de las mujeres, sino también los de las personas LGBTI+, migrantes e indígenas.
