Caso Rosendo Radilla: una jueza declara las acciones del gobierno mexicano durante la Guerra Sucia como “terrorismo de Estado”
La sentencia de la jueza Karla Macías por el caso Rosendo Radilla ordena procesar a 30 militares por "terrorismo de Estado".
Las acciones del Estado mexicano en Guerrero, durante los años de la Guerra Sucia, deben ser consideradas como terrorismo de Estado. Eso dice la sentencia emitida por la jueza Karla Macías sobre el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército hace 50 años en el municipio de Atoyac. La resolución le exige a la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no sólo investigar el caso sino procesar a decenas de militares de alto rango por su posible implicación.
Entre los militares que la sentencia ordena investigar, se encuentra el exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre. Esto de acuerdo con lo publicado en el diario El País por el reportero Pablo Ferri, quien accedió al expediente del caso.
Se trata de una sentencia histórica por sus implicaciones en un sexenio en que el Ejército ha ganado presencia, poder y recursos. El reciente informe presentado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico para los Crímenes de la Guerra Sucia (MEH) documentó los cientos de violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por el Ejército en esos años: torturas, desaparición forzada, persecución política a todo tipo de grupos considerados enemigos del Estado mexicano.
Rosendo Radilla fue uno de esos blancos de la contrainsurgencia. Un luchador social del municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, simpatizante de los guerrilleros Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas y su Partido de los Pobres. Capturado por soldados fue llevado al 27 Batallón de Infantería en el mismo Atoyac. Ese fue el último lugar donde se le supo con vida: este 25 de agosto se cumplirá medio siglo de su desaparición.
Su nombre –Rosendo Radilla– aparece en un listado entregado por un supuesto militar desertor al colectivo ¡Eureka!, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra. El documento se hizo público en semanas recientes y su veracidad no ha sido confirmada; pero el nombre de Radilla en esa lista, insinúa que el activista fue una de las tantas víctimas de los vuelos de la muerte, práctica militar con la que el Ejército se deshizo de cientos de disidentes arrojándolos al mar desde un avión en vuelo.
Rosendo Radilla: una sentencia histórica
De acuerdo con lo reportado por Ferri en El País, la sentencia de la jueza Karla Macías señala a la Fiscalía General de la República (FGR) –junto a su antecesora la Procuraduría General de Justicia– y a la burocracia del aparato de justicia mexicano como responsables de la falta de verdad y justicia para la familia Radilla.
“La omisión reiterada y sistemática del Ministerio Público al deber estatal de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetró ha permitido que esa desaparición continúe cometiéndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayoría de los ciudadanos durante medio siglo”.
Macías acusa a la FGR de impedir el conocimiento de la verdad y de ocultarla dolosamente bajo legajos de documentos que han quedado sin consultar ni ordenar, ocultando así las acciones de funcionarios de Estado de alto nivel que podrían estar involucrado en el crimen de desaparición forzada de Rosendo Radilla.
Con los años, han sido interpuestas seis denuncias penales por la desaparición de Radilla. Pero no hay ningún imputado en relación al caso, ni avances por parte de las fiscalías. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano al considerarlo responsable de la desaparición forzada del activista, dada la participación de militares en activo, y de la investigación ineficaz que mantiene la impunidad —sólo un agente de la Dirección Federal de Seguridad recibió una condena.
La sentencia de Macías, en cambio, señala a 30 personas, incluidas altos mandos de al menos dos Batallones y una Zona Militar.
El caso del general Cervantes Aguirre, quien llegó a ser secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo y que durante la Guerra Sucia llegó a desempeñarse como jefe del Estado Mayor de la 27ª Zona Militar, es señalado en el informe del MEH como un personaje que perpetró distintas violaciones graves a los derechos humanos y de perseguir a los integrantes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas: un “caso emblemático de impunidad”. Hoy es asesor directo de Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de Defensa.
Humberto Guerrero, abogado de Tita Radilla, hija de Rosendo y quien lleva décadas buscando a su padre, hizo al solicitó a la FGR no impugnar el fallo de la jueza Macías: “Queremos sentarnos a hablar”, dijo.
La jueza Macías
Esta no es la primera vez que la jueza Karla María Macías Lovera emite sentencias demoledoras que apuntan al Ejército y otras instituciones de peso. En noviembre de 2022, por ejemplo, concedió un amparo para frenar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, lo cual le valió ser atacada verbalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia matutina.
Macías es titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato y es reconocida también por su labor como activista por los derechos humanos.
Otro de los casos en los que el criterio de la jueza ha ganado relevancia ocurrió en 2015, cuando soldados adscritos a la Base de Operaciones del Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento en Irapuato, Guanajuato, llegó a la comunidad de Pénjamo. Uno de ellos brincó la barda de un domicilio particular, abrió la puerta y permitió el acceso de una docena de militares sin una orden de cateo de por medio. Sacaron a un hombre por la fuerza –de nombre Juan Flores Solorio– y lo subieron a una camioneta. El detenido fue llevado a la Dirección Pública Municipal de Pénjamo, en donde se le dejó en libertad. La última imagen que se tiene de él es un video captado por una cámara de seguridad caminando por una de las calles cercanas.
La jueza Macías ordenó reclasificar el caso de Juan Flores Solorio como “desaparición forzada”, además de investigar penalmente a los militares implicados y abrir las instalaciones del octavo regimiento militar en Irapuato para reunir evidencias. Desde entonces el Ejército se ha negado a acatar esta resolución.
Dos años después, en 2017, Macías emitió una resolución que es considerada emblemática. Un sacerdote había interpuesto un amparo para recuperar una niña de seis años que el DIF de Guanajuato se había llevado de un albergue, pues una monja le había quemado las manos. El sacerdote contaba con la protección de Miguel Márquez Márquez, entonces gobernador de Guanajuato.
La jueza Macías no sólo negó conceder el amparo al albergue Ciudad de los Niños, manejado por el sacerdote Pedro Gutiérrez, sino que realizó una investigación que concluyó que más de 300 menores de edad sufrían maltratos crueles, tortura y abuso sexual en las distintas instalaciones de la fundación Ciudad de los Niños, a nombre del sacerdote, la cual había recibido millones de pesos del erario público.
La multa y la decisión previa de suspender el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena le valió a la jueza Karla Macías el reproche del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la crítico desde su conferencia matutina. Desde esa misma plataforma el secretario de seguridad, Ricardo Mejía, la acusó de excederse en sus facultades:
“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
