“No tengo nada que esconder”, dice Samuel García ante presuntas triangulaciones halladas por la ASF
El viernes, la ASF presentó avances en las investigaciones por un presunto esquema de triangulación de recursos de Nuevo León, que fueron a parar a la cuentas bancarias del despacho fundado por Samuel García y su padre.
Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, se dijo abierto a investigaciones por la presunta triangulación de 728 millones de pesos en recursos estatales hacia el despacho jurídico fundado por él; su padre, Samuel García Mascorro y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
“Se los digo de nuevo: no tengo nada que esconder, siempre vamos a dar la cara porque soy incorruptible”, dijo el emecista en un videomensaje sobre un exhorto del Congreso local para indagar las irregularidades.
En el marco de la segunda entrega de los informes de la ASF correspondientes al 2025, el órgano fiscalizador detectó un posible desvío de recursos del gobierno estatal hacia GMA Firma Jurídica y Fiscal, el despacho de la familia García.

El pasado viernes, durante la entrega de los informes de la ASF a la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló el esquema de triangulaciones que ya había sido denunciado desde el año 2024.
De acuerdo con el esquema presentado por el auditor y las investigaciones del diario Reforma, del dinero que el gobierno de Nuevo León entregó a proveedores:
- Suministros MYR recibió 964 mdp, 237 los transfirió a su filial Productos Mexicanos JACE y ésta transfirió 202.9 mdp al despacho del gobernador.
- Mota-Engil transfirió 5 mil mdp a empresas del Grupo Ventor, que depositó 385.3 mdp en el despacho
- Txat Latam, que entregó 65 mdp a la consultora Ferro & Méndez y ésta entregó 62.9 mdp al despacho.
- Bemase transfirió 144.4 mdp a North American Heavy Equipment y ésta depositó 77 mdp al despacho.

En total, el despacho fundado por la familia García recibió más de 728 mdp. El mismo despacho envió más de mil mdp a Saga Tierras y Bienes Inmuebles, una inmobiliaria fundada por Samuel García y su padre. A través de la empresa, el gobernador adquirió propiedades que no fueron declaradas.
En su defensa, García presentó una notificación de “no ejercicio de la acción penal” en la carpeta de investigación integrada a nivel local. Sin embargo, el caso también es indagado por la Fiscalía General de la República (FGR).





