Las autoridades capitalinas violaron los derechos humanos de habitantes de San Gregorio Atlapulco
La Comisión de Derechos Humanos capitalina confirmó violaciones a los derechos humanos contra activistas de San Gregorio Atlapulco.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) acreditó violaciones a los derechos humanos de habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, después de las agresiones que sufrieron activistas el 5 de septiembre de 2024, un acto de represión que los activistas bautizaron como el “halconazo morenista”.
Ese día, integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco se manifestaron en respaldo de la lideresa comunitaria Hortensia Telésforo, quien fue acusada de despojo por la alcaldía Xochimilco, una forma común de criminalizar la protesta.
Telésforo, defensora del territorio y del agua, había logrado antes recuperar una biblioteca pública que fue renombrada como Casa del Pueblo Tlamachtiloyan. En ese contexto, los manifestantes y medios de comunicación que acompañaron la protesta fueron violentados por funcionarios públicos y elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.
“El 5 de septiembre es altamente lesivo para los pueblos, pero también lesivo para el gobierno. Porque se va generando una política de cinismo”, dijo la defensora de derechos humanos esta mañana durante la presentación del documento en la casa comunitaria, cuyo nombre en náhuatl significa “lugar donde se comparten los saberes”.
La agresión, de civiles armados y policías
Según la recomendación 01/2026, se violaron los derechos humanos a la protesta, a la integridad personal y a la seguridad jurídica de 29 víctimas que acudieron a la movilización a favor de Telésforo, entonces perseguida judicialmente.
Según los testimonios y pruebas documentales revisadas por la CDHCM, una treintena de personas vestidas de civil (que posteriormente fueron identificadas como trabajadoras de la alcaldía Xochimilco) irrumpieron violentamente con cuchillos, palos y varas de bambú para amedrentar a los activistas. Personal de la SSC se comportó de forma pasiva y omisa ante las agresiones que atestiguaron contra los manifestantes.
Después, durante una protesta en la Coordinación Territorial Tlalpan de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Comisión pudo confirmar el uso excesivo de la fuerza contra 16 manifestantes que exigían la liberación de cinco de sus compañeros, detenidos en Xochimilco ese día.
“Todavía hay servidores públicos que participaron en los hechos del 5 de septiembre que siguen en total impunidad y que son cobijados. José Carlos Acosta, el exalcalde de Xochimilco (actual subsecretario de capital humano) y el director jurídico Francisco Pastrana (asesor del alcalde de Milpa Alta)”, denunció por su parte el abogado Alejandro Velazquez Zuñiga, reconocido como víctima.
Por su parte, la defensora Anselma Margarito, representante de la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México, dejó en claro que no podían celebrar la recomendación, pues las comunidades han sido víctimas de diversos actos represivos en la capital.
La activista, quien participó en la toma del edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy renombrado como Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, es víctima reconocida en la recomendación, pues fue ahorcada, pateada y recibió insultos racistas por parte de los elementos de la SSC.
Finalmente, la defensora Hortensia Telésforo instó al cumplimiento de la recomendación y a que se deje de criminalizar la lucha de los pueblos organizados, ya que aún siguen vigentes carpetas de investigación contra los manifestantes.
“Ningún derecho nos ha sido regalado”, señaló la activista, quien lamentó que aún ocurren agresiones contra las comunidades, criminalización y simulación en procesos de consulta.
