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Se profundiza la militarización de la seguridad pública:  16 estados, en manos de militares y marinos
Publicado el 5 de marzo 2024
  • Seguridad
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Se profundiza la militarización de la seguridad pública: 16 estados, en manos de militares y marinos

 –¿Señor presidente, usted recomienda o postula a algunos servidores públicos para puestos clave en materia de seguridad? –le preguntó un reportero al presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 19 de octubre de 2021.

Habían transcurrido unos 20 minutos desde que había comenzado la conferencia diaria presidencial y ya se habían tocado temas de salud, principalmente el desarrollo de la epidemia de Covid-19 y algunos aspectos de la vacunación en el país.

El presidente respondió con naturalidad. “Yo hago una recomendación siempre cuando se trata de los secretarios de Seguridad Pública. Siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo”, explicó López Obrador.

De Palacio Nacional salió otra sugerencia: “Les recomiendo también que consulten tanto al almirante (Rafel Ojeda) Durán, secretario de Marina, como al general (Luis Crescencio) Sandoval”, para que se tengan personas íntegras, honestas y evitar que la delincuencia tenga el control de las policías en los estados y los municipios.

“Eso es lo que hago. En el caso de Sinaloa, es una recomendación que se le hizo al gobernador. Está respaldado tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional”. Y para que no quedase ninguna duda, remató: “Así de claro”.  

Dos años después de la sugerencia presidencial, los gobernadores afines al presidente han atendido la recomendación y, con ello, han profundizado la militarización de las tareas de seguridad pública.

De hecho, luego de las elecciones de 2021, siete gobernadores electos (Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Zacatecas y Colima), todos de Morena, designaron a miembros de las fuerzas armadas como titulares de las secretarías estatales de seguridad.

Y la tendencia ha seguido creciendo. Casi al cierre del sexenio del presidente López Obrador, las cifras son elocuentes: 16 generales de División y de Brigada, así como almirantes y capitanes de fragata y de navío, encabezan las instituciones de seguridad pública en estados gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados.

ENTIDADINICIO EN CARGONOMBREGRADO MILITAR CV
Baja California01/ene/2023Leopoldo Tizoc Aguilar DuránGeneral Brigadier Diplomado de Estado Mayor (DEM)CV    
Baja California Sur25/may/2022Luis Alfredo Cancino VicenteCapitán de Navío, IMF. DEMCV
Colima28/sep/2022Héctor Alfredo Castillo BáezCapitán de Navío en Inteligencia Militar. DEMCV
Guerrero25/ene/2024Rolando Solano RiveraGeneral Brigadier. DEMCV
MichoacánSep/2021José Alfredo Ortega ReyesGeneral y maestro en Seguridad NacionalCV
Morelos  01/oct/2018José Antonio Ortiz GuarnerosAlmirante Cuerpo General, DEMCV
Oaxaca01/dic/2022Iván García ÁlvarezCapitán de Fragata y maestro en Admon. NavalCV
Puebla24/ene/2022Daniel Iván Cruz LunaSegunda Sección del Estado Mayor General de la SEMARCV
Quintana Roo08/jul/2023Julio César Gómez TorresCapitán de Navío I.M. DEM.CV
San Luis Potosí16/abr/2019Guzmar Ángel González CastilloGeneral de Brigada DEMCV
Sinaloa04/sep/2023Gerardo Mérida SánchezGeneral de División RetiradoCV
Tabasco02/feb/2024Víctor Hugo Chávez MartínezGeneral BrigadierCV
Tamaulipas01/oct/2022Sergio Hernando Chávez GarcíaGeneral de Brigada RetiradoCV
Tlaxcala10/ago/2023Alberto Marín Perea MarrufoCapitán De Navío IMP. DEMCV
Veracruz20/oct/2022Cuauhtémoc Zúñiga BonillaCapitán de Navío IMP. SEMARCV
Zacatecas01/feb/2023Arturo Medina MayoralGeneral de Brigada. DEMCV
Elaboración propia a partir de información pública y sus curriculum vitae oficiales

Estos nombramientos son parte de una tendencia que comenzó hace poco más de 20 años: al menos 50 elementos de las fuerzas armadas han ocupado las secretarías de seguridad estatales desde el año 2000, de acuerdo con una revisión de registros de transparencia, fichas curriculares y fuentes hemerográficas.

Los resultados de la incorporación de militares y marinos a tareas de seguridad son dispares. En el periodo 2019 a 2023, en 10 de las 16 entidades en que están a cargo de las mismas se han registrado incrementos en la incidencia delictiva, con Sinaloa (44%), Quintana Roo (18%) y Baja California (16%) a la cabeza, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por el contrario, en los seis estados restantes se han registrado disminuciones en incidencia delictiva que van de cuatro por ciento en Veracruz a 22 por ciento en Tabasco.


Los secretarios militares de Sinaloa

Sinaloa es uno de los casos emblemáticos en los que la militarización de los cargos de seguridad publica ha sido la fórmula usada para enfrentar las oleadas de violencia delincuencial, pero los resultados no marcan diferencias significativas.

Así que cuando en octubre de 2021 Lopez Obrador respaldó que el general Cristóbal Castañeda Camarillo se hiciera cargo de la seguridad en Sinaloa, ya se había probado esa ruta.

“Es una recomendación que se le hizo al gobernador, porque este secretario ha venido trabajando bien y está respaldado tanto por la Semar como por la Sedena”, confió López Obrador en su conferencia.

Se mantenía una apuesta que luego se extendió: los últimos cuatro secretarios de seguridad de Sinaloa, uno de los estados en los que la violencia ha ha tenido fuerte presencia durante décadas, ya han salido de las filas del Ejército.

En enero de 2017, después de seis secretarios civiles, el general de brigada Genaro Robles Casillas asumió el mando de la mano del gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, aunque su gestión solo duró un año y medio, pues fue destituido ante los escasos resultados en materia de seguridad pública.

Al relevo de Robles llegó el general Fermín Montealegre, ex titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información de la PGR –centro que contrató el malware espía Pegasus desde 2014–, y de la subjefatura de Inteligencia de la Sedena.

Luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y por una razón que no queda explícita, Fermín Montealegre prepara su salida del cargo que asumió desde el primer día de 2017, cuando el gobernador Quirino Ordaz llegó al poder.

Faltaban unos cuantos días para que López Obrador asumiera el poder, cuando el general Montealegre le envió una carta al entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para reportar el estado del equipo de militares que se había integrado al gobierno de Sinaloa. No eran pocos: “A petición del gobernador constitucional de dicha entidad, (el ‘Grupo Sinaloa’) está conformado por un general, 10 jefes, 48 oficiales y 71 elementos de tropa”, precisa la carta.

Y le comenta que Quirino Ordaz solicita que se le continúe apoyando con el personal militar que se encontraba en funciones en áreas clave de ese gobierno estatal.

Ante la petición, Montealegre le plantea la posibilidad de que, si el alto mando de la Sedena lo aprueba, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, entonces subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social, “ocupe la titularidad de la citada dependencia en lugar del suscrito”.

Así fue, pero Montealegre aprovechó la comunicación con el general Cienfuegos para hacer una pequeña radiografía de cómo los mandos militares ocupaban ya la columna vertebral de la seguridad pública sinaloense.   

Recomienda que, si la petición es atendida, una decena de militares comisionados en ese gobierno estatal continúen en cargos clave: tres subsecretarios, el director de la policía estatal, el jefe de la Unidad de Investigación de la misma, el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, además de varios directores más.  

La imagen muestra una de las claves de la militarización de la seguridad pública en el estado de Sinaloa

La tendencia de militarizar corporaciones civiles de Sinaloa se aprecia de manera directa en un documento de la Sedena contenido en los correos filtrados por el colectivo Guacamaya revisado por Fábrica de Periodismo.

Titulado “Funcionarios de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa”, el documento muestra que en 17 de los 18 municipios sinaloenses las tareas de la seguridad están en manos de integrantes de las fuerzas armadas: capitanes, tenientes, tenientes coroneles y mayores encabezan las policías municipales, lo mismo de Culiacán y Badiraguato que de Mocorito y Mazatlán, o de Ahome a Guasave, por ejemplo.

Castañeda Camarillo, el general avalado por el presidente López Obrador,  renunció en agosto de 2023, en una gestión marcada por dos intentos de captura de Ovidio Guzmán -el último exitoso- y la presunta infiltración del crimen organizado.

Según reportes de inteligencia militar de agosto de 2022 localizados en esos mismos archivos, un operador relevante del Cártel de Sinaloa estaba infiltrado en la Secretaría a cargo de Castañeda Camarillo.

El actual secretario es el general Gerardo Mérida Sánchez. Y en la subsecretaría asumió otro general: Leoncio Pedro García Alatorre.

Recientemente, el gobernador Rubén Rocha Moya expresó su descontento por la falta de coordinación entre los dos generales.

El propio subsecretario Alatorre admitió hace unos días que existe una situación de debilidad: “Hay más punteros (halcones) que elementos de seguridad. Tenemos gente delante de nosotros, prácticamente acompañándonos en los recorridos que hacemos y atrás de nosotros” dijo durante un informe presentado por la asociación civil Construyendo Espacios para la Paz.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan la sinceridad del actual subsecretario. Entre enero de 2017 y diciembre de 2023, Sinaloa registró un aumento de 47 por ciento.

Tantas fuerzas militares en el estado no han ayudado a contener las tasas de incidencia delictiva.

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Por: Juan Gómez

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