Sedena contribuye al derrumbe del caso Ayotzinapa; “litiga en contra del gobierno”
Abogados militares, que "son servidores públicos de la Sedena", asisten legalmente a los soldados acusados en el caso Ayotzinapa a pesar de que éstos cuentan con abogados particulares. "Su participación se percibe como un apoyo institucional militar a los acusados y como causa de asimetría en el proceso”.
Ya fuera del gobierno, sin haberse integrado públicamente al equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, a Alejandro Encinas, el ex subsecretario de Gobernación y durante cinco años hombre de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, le bastaron 17 palabras para colocar un dardo en el centro: el Ejército mexicano socava los esfuerzos oficiales para esclarecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
A las 7:10 de la noche de este domingo 21 de enero de 2024, el hasta hace muy poco encargado presidencial de la investigación del caso detalló su posición en su cuenta de Twitter: “Es más lamentable aún que abogados de Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.
Hacía referencia a la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo de conceder a ocho militares acusados de desaparición forzada que permanecían en prisión preventiva el beneficio de llevar su proceso judicial en libertad.
Pero más allá de la decisión de la juez, a la que calificó en un tuit previo como un “nuevo sabadazo” que “allana el camino a la impunidad”, lo que llamaba más la atención a Encinas es el papel que han jugado abogados militares pagados por el Ejército en la defensa legal de los inculpados.
El rol que desempeñan los abogados militares también captó la atención del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que asesora legalmente a las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que también manifestó su preocupación por la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esa intervención es preocupante, comenta Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, porque abogados militares que son “servidores públicos de la Sedena han estado brindado apoyo legal a los militares acusados e incluso a otros que tienen carácter de testigos desde inicios del caso”.
Su participación se ha ido incrementando en este gobierno, puntualiza, conforme la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado acusaciones contra elementos del ejército que tuvieron presuntamente alguna responsabilidad en los hechos de Iguala.
Los abogados militares justifican su intervención con base en el artículo 51 del Código de Justicia Militar, que regula la intervención de la defensoría de oficio militar y abre la posibilidad de que intervengan en procesos del fuero común (civil) federal o estatal.
Lo que genera inconformidad es la participación de los abogados militares, pese a que los acusados cuentan con abogados particulares, “que son muy activos en sus procesos, en los medios de comunicación y forman parte de un despacho cuyos servicios son onerosos”.
“No tendrían que estar asistidos además por abogados de oficio militares, máxime porque comparecen como si fueran abogados particulares”, cuestiona Aguirre.
Desde la perspectiva de las víctimas, “se percibe como un apoyo institucional militar a los castrenses acusados y como causa de asimetría en el proceso frente a su situación”.
La participación de abogados militares en la asistencia y estrategia jurídica de elementos del ejército que están en un proceso judicial civil como es el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa es uno de los elementos que llevan a los especialistas del Centro Prodh a concluir que la investigación se está derrumbando.
“Los recientes reveses judiciales deben analizarse en un contexto más amplio que empezó en 2022”, explica Santiago Aguirre a Fábrica de Periodismo.
“nos parece que el proceso está en franco deterioro y por eso señalamos que el caso se está derrumbando”.
Comenzó con la salida del anterior fiscal, en septiembre de ese año. Se acentuó con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en julio de 2023 y remató con la renuncia de Alejandro Encinas en octubre de 2023.
Después de eso, ha habido muchos reveses judiciales. Y ahí ha quedado muy clara, dice Santiago Aguirre, la falta de capacidades del nuevo fiscal y su equipo, “aunada a un intento del actual gobierno de distraer la atención, responsabilizándonos a las organizaciones de malas prácticas”.
A eso hay que sumar también la persistente negativa del Ejército a entregar los documentos faltantes (los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala) que el GIEI estimó relevantes para avanzar en la investigación.
Vistos en conjunto estos elementos, “nos parece que el proceso está en franco deterioro y por eso señalamos que el caso se está derrumbando”.
El pasado sábado 20 de enero la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó el beneficio de libertad provisional a ocho militares acusados de estar implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La jueza decidió cambiar la medida cautelar de prisión por una garantía de 50 mil pesos, la entrega de sus pasaportes y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado.
Los procesados forman parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Los ocho se entregaron a la FGR una semana después de que se ordenara su captura a partir del testimonio del testigo protegido Juan, quien afirma que los soldados, adscritos a los batallones 27 y 41 de Infantería, estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como el responsable de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Con la decisión de la juez, los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, a quienes la FGR acusa de no haber hecho nada para impedir la desaparición forzada de los estudiantes, podrán llevar su proceso en libertad.
La jueza revocó la prisión preventiva oficiosa con el argumento de habían cambiado las condiciones por las que el pasado 22 de junio les había impuesto esa medida cautelar, por lo que ya no existía el riesgo de que alguno de los imputados pudiera darse a la fuga. Además, consideró que la FGR no presentó pruebas suficientes que justificaran mantener la medida.
El mismo beneficio fue aplicado en agosto de 2023 al general Rafael Hernández Nieto, fecha en que la misma jueza ordenó que llevase su proceso en libertad. Entonces, el Centro Prodh manifestó un extrañamiento por la medida que consideraron preferencial y sesgada.
La prisión preventiva oficiosa u obligatoria ha sido una medida muy criticada por organizaciones de derechos humanos con el argumento de que se utiliza como una herramienta para esconder la incapacidad de las fiscalías y es una fuente de múltiples abusos y violaciones de los derechos humanos.
A juicio de expertas y expertos del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura de la ONU, esa figura obliga a los jueces a imponer prisión a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”, han concluido las expertas.
Por ello, las críticas al fallo de la jueza Duarte Cedillo no son por el cambio de medida en sí mismo, argumenta Santiago Aguirre. “Hemos trabajado por años en contra de que la prisión preventiva oficiosa sea la regla y no la excepción; hemos insistido en que esa medida es en sí misma lesiva de los derechos humanos. No es la prisión preventiva oficiosa lo que se defiende”.
“Se les otorgó el cambio a prisión domiciliaria dando direcciones de Sedena, aunque ni siquiera acreditaron sus domicilios particulares”.
En realidad, lo que desde la organización que encabeza Aguirre observan con preocupación es que el cambio de medida se aplica para beneficiar casos en particular. “En casos que involucran a civiles o marinos, específicamente en temas de derechos humanos, estas determinaciones de cambio de medida están ocurriendo de manera muy expedita y a veces con irregularidades”.
Cuenta que en el caso Ayotzinapa ya habían denunciado que el general Rafael Hernández Nieto obtuvo prisión domiciliaria gracias a un dictamen de ausencia de riesgo de fuga que “le hicieron a modo en la Guardia Nacional”.
En el caso de los ocho soldados beneficiados el pasado sábado, Aguirre se queja de que hubo circunstancias particulares:
“Se les otorgó el cambio a prisión domiciliaria dando direcciones de Sedena, aunque ni siquiera acreditaron sus domicilios particulares en la causa”. A ningún civil “se nos hubiera concedido, menos en casos de desaparición o delincuencia organizada”.
Es esa desigualdad en la aplicación de la ley en beneficio de los militares de lo que se duelen los familiares. “Eso ha sido una constante en el caso”.
De todos modos, concluye, es importante señalar que detrás de esta sentencia está la incapacidad de FGR para acreditar el riesgo de fuga y la intervención de la Sedena con sus abogados.
