La Sedena y otras instituciones impugnan la sentencia del caso Radilla
Aunque el primer acto de Claudia Sheinbaum fue una disculpa pública por Tlatelolco, su gobierno impugna una sentencia del caso Radilla
El Estado mexicano, que en agosto fue sentenciado judicialmente como autor de terrorismo contra sus ciudadanos, ha impugnado la resolución que le ordenó investigar a fondo las omisiones en la indagatoria por desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
En agosto de 1974, el campesino y compositor de corridos Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su simpatía con el luchador social Lucio Cabañas, Rosendo fue llevado a un cuartel y, desde entonces, se ignora su paradero.
50 años después, la jueza Karla Macías dictó una sentencia de avanzada: investigar el caso con la óptica del terrorismo de Estado, procesar a militares de alto rango involucrados en la desaparición –como el ex general secretario Enrique Cervantes Aguirre– y construir sitios de memoria en instalaciones militares.
De acuerdo con una nota del periodista Pablo Ferri de El País, además de la Sedena, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y hasta la Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron un aluvión de impugnaciones por la sentencia.
Y aunque el primer acto de gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México fue reconocer la masacre de Tlatelolco como un crimen de Estado y ofrecer una disculpa pública a través de la Segob, en el ámbito judicial las instituciones del Estado participan en bloque para frenar la resolución de la jueza Karla Macías.
Sentencia incómoda para los altos mandos
En agosto, poco antes de que se cumpliera medio siglo de la desaparición de Radilla Pacheco, la organización Fundar dio a conocer la sentencia histórica que escudriñó la investigación radicada en la FGR, que detectó omisiones y ordenó al Estado indagar a autoridades militares en el marco del terrorismo de Estado.
Entre las evidencias recolectadas por la Fiscalía y que se encuentran en la sentencia existe una comunicación del entonces secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, con el presidente Luis Echeverría fechada en septiembre de 1974, en la que le informa sobre el rescate del cacique y senador Rubén Figueroa.
“Ordené al citado Mando Territorial continúe las operaciones hasta lograr la captura o exterminio del resto de los gavilleros (de Lucio Cabañas)”, se lee en la comunicación originada en el 27 Zona Militar de Acapulco.
En mayo de 2021 el secretario de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo compareció ante la FGR en su domicilio, tras eludir un primer citatorio que se le envío: Enrique Cervantes Aguirre, quien fue Jefe del Estado Mayor de la 27/a Zona Militar declaró que ni siquiera recordaba donde estaba adscrito en la época, sin que la autoridad hiciera esfuerzos para refrescarle la memoria.
La sentencia del caso Radilla señala que a Cervantes Aguirre como un “posible autor mediato o cómplice del terrorismo de Estado en el subapartado del Cuartel General de la Vigésimo Séptima Zona Militar” y pide a las autoridades recabar mayor información sobre su posible participación en actos de tortura.
Según una ficha de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Cervantes Aguirre fue recomendado por Javier García Paniagua para formar parte de la misma institución. El año pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condecoró a Cervantes Aguirre y al ex general Salvador Cienfuegos Zepeda, exonerado por la FGR de vínculos con el narcotráfico.
