La Marina rescata a 27 menores chiapanecos en Baja California Sur
Explotación laboral infantil
"No tiene nada que ver con el crimen, es un tema laboral", dijo la presidenta en su conferencia matutina. Se investiga probable trata de personas y explotación laboral infantil.
La Secretaría de Marina (Semar) rescató a 27 menores de edad en el Golfo de California durante un operativo. Los elementos navales localizaron una embarcación con movimientos irregulares en la Terminal Dos de La Paz, Baja California Sur. Al abordarla, encontraron a 27 menores de edad, entre 14 y 17 años, y a un joven de 18, todos originarios del estado de Chiapas, algunos de ellos no hablaban español.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves 31 de octubre que las autoridades investigan si el traslado de estos 27 menores de Chiapas al Golfo de California constituye un caso de explotación infantil. La mandataria reveló que, si bien los jóvenes declararon que “iban a trabajar al campo”, el esquema de su contratación es examinado para descartar delitos mayores.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el caso se conoció en el Gabinete de Seguridad. “Lo que nos informaron hoy es que se trata de adolescentes de Chiapas que iban a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y otras en Baja California Norte”, señaló. Y añadió: “Primero, son niños; y segundo, son menores de edad. El esquema bajo el que fueron contratados debe investigarse a fondo para saber si constituye delitos mayores”.
“No, no, no tiene nada que ver con el crimen, es laboral”, afirmó ante una pregunta de la prensa. “A menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación, pero lo que informaron hoy en el gabinete es que es más bien niños adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también Baja California Norte. Son niños, son menores de edad, y el esquema en el que están contratando pues… hay que darle una investigación para ver si constituye delitos mayores”, detalló.
El grupo fue trasladado a bordo del ferry “Santa Marcela II” al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa. Una vez en tierra, quedaron bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Las autoridades reportaron que se les brindó atención médica y que se encuentran en buen estado de salud.
Como consecuencia de lo expuesto por Sheinbaum, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con apoyo de la Fiscalía General de la República, inició una investigación formal por “trata de personas en la modalidad de explotación laboral”. El vicefiscal general, Jesús Arnoldo Serra Castelo, informó que se entrevistará a cada uno de los menores para certificar su origen y las condiciones en las que se encontraban.
Otras versiones
El caso está marcado por versiones oficiales que contrastan. Mientras la presidenta y la fiscalía estatal apuntan a una posible explotación, otras autoridades han ofrecido una narrativa diferente.
Ángel Daniel Corrales López, encargado de Protección Civil de Sinaloa, descartó que se tratara de una actividad relacionada con el tráfico de personas. Afirmó que los 27 menores eran jornaleros agrícolas que regresaban a Chiapas después de que, durante una revisión en su lugar de trabajo en Baja California Sur, no se pudiera acreditar que contaban con la autorización de sus padres o tutores.
Posteriormente, la Secretaría de Marina emitió un comunicado precisando que las 28 personas llegaron “por sus propios medios” al recinto portuario de La Paz. La institución señaló que su personal detectó una “situación atípica” y, por ello, realizó las gestiones para trasladarlos a Sinaloa.
Al profundizar en la investigación, se supo que, según declaraciones de algunos de los adolescentes, su destino eran los campos agrícolas de Valle Constitución, en Baja California, o del municipio de Comondú, para la siembra de espárragos. La Fiscalía General de Sinaloa indicó que 25 de los jóvenes entrevistados coincidieron en que viajaban de forma voluntaria. Ninguno contaba con el permiso parental requerido por la ley para trabajar, lo que configura una situación laboral irregular.
La complejidad del caso se acentúa por el perfil de los jóvenes. No todos hablan español, por lo que las autoridades han requerido de traductores de lenguas indígenas para tomar sus declaraciones. Algunos han podido contactar a sus familias por teléfono.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política en Sinaloa, consideró que las características del caso podrían asemejarse a esquemas de trata de personas o explotación laboral infantil. “La persistente necesidad de atribuir el mal al narco, como si todo lo que ocurre en México se explicara por esa figura. Cuesta más aceptar que detrás de la migración a los campos agrícolas hay empresarios ‘respetables’ y un sistema en el que también participan las autoridades”, dijo la investigadora Iliana Padilla, citada por el diario El País, reflejando la dimensión estructural del problema.
Mientras se determina su situación jurídica y se localiza a sus familias, los 28 jóvenes permanecen bajo protección institucional en un albergue de Ahome, a la espera de que las autoridades definan su reintegración familiar y social.
