Sheinbaum se pronuncia por infiltración del narco en las elecciones judiciales
Desencuentros entre Noroña y Taddei por candidatos a las elecciones judiciales que han defendido al narco.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta mañana que, ante la presencia de candidaturas a las elecciones con presuntos vínculos con el narco, le toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidir su anulación si se presentan todas las pruebas.
“Depende de la Sala Superior del Tribunal Electoral, formalmente ya están los y las candidatas, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la constitución, pues puede ser presentada (una impugnación)”, dijo en su conferencia matutina de este miércoles al ser cuestionada.
Ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña reconoció que en las más de 3 mil candidaturas a las elecciones judiciales se colaron aspirantes con vínculos criminales y actividades (como la defensa integrantes del narco) que ponen en duda la probidad requerida: “Se nos fue. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran requisitos”, dijo el morenista.
En respuesta a los dichos de Noroña, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se refirió a la etapa en la que cientos de aspirantes pasaron por los filtros del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, evaluaciones que en su momento debieron detectar los perfiles inadecuados.
“La reforma establece que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación”, mencionó Taddei esta mañana y dijo que una vez concluida la elección, el Tribunal Electoral y Senado resolverán sobre las candidaturas señaladas.
“No es de buenos deseos, es de aplicación de la norma”, cerró Taddei.
Narcoabogados y asesinatos de periodistas
Desde el inicio de las elecciones judiciales organizaciones civiles, figuras de la oposición política y defensores de derechos humanos han alertado sobre perfiles riesgosos que figurarán en las boletas el próximo 1 de junio, entre ellos los vinculados estrechamente al narco.
Se trata, en algunos casos, de exdefensores de criminales sentenciados: por ejemplo, Silvia Rocío Delgado García (candidata a jueza en materia penal en Chihuahua) quien fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde agosto de 2016 -al año siguiente de que Guzmán se fugara del penal de máxima seguridad del Altiplano.
“Él ya estaba sentenciado desde que inició su juicio. Fue un tributo a Donald Trump, fue un tributo al rey”, le dijo la defensora a la televisora Deutsche Welle en 2023, para un documental sobre abogados del narco.
En las listas figura también Fernando Escamilla Villarreal (candidato a Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Nuevo León), ex defensor de los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales “Z40” (recientemente expulsado de México y entregado a Estados Unidos) y Eleazar Medina Rojas “El Chelelo (quien se declaró culpable el mes pasado al llegar a un acuerdo con las autoridades estadunidenses).
Mientras que el aspirante Francisco Herrera Franco (candidato a juez en materia penal) ha sido insistentemente señalado por presuntas negociaciones con grupos criminales en Michoacán siendo fiscal regional y por encubrimiento en el asesinato de Roberto Toledo y Armando Linares, reporteros de Monitor Michoacán.
El colectivo Defensores por una justicia digna (Defensorxs) ha recopilado un listado de candidatos señalados por conflictos de interés, nexos religiosos (como es el caso de cinco aspirantes adscritos a la iglesia La Luz del Mundo), acusaciones de violencia sexual, portar armas de fuego y en cuyo ejercicio profesional acumulan clientes del crimen organizado.
