Tomás Crisanto fue amnistiado tras 13 años de prisión
La Sala de Asuntos Indígenas otorgó la amnistía a Tomás Crisanto, quien no contó con intérprete ni enfoque intercultural en el juicio.
Tomás Gabriel Crisanto salió ayer del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, después de 13 años de prisión. Crisanto, perteneciente al pueblo otomí, recibió una resolución de amnistía del Poder Judicial del Estado de México, un recurso impulsado por sus familiares, defensores de los derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Los magistrados de la Sala de Asuntos Indígenas resolvieron que Crisanto no contó con intérprete ni con una defensa con conocimiento de su lengua y cultura. Condiciones de pobreza, rezago educativo y barreras estructurales -exigían un estudio con enfoque intercultural e interseccional- contribuyeron a que el proceso fuera injusto.
“¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!”, escuchó Tomás Crisanto al pasar las puertas del penal acompañado de abogados y de su esposa Carmen Flores. Conmovido al volver a la libertad, Crisanto agradeció a su hija, al colectivo Haz valer mi libertad y a los abogados del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero que acompañaron su caso.
“Quiero pedirles que sean tomados en cuenta mis compañeros, que son muchos, que se encuentran privados de la libertad injustamente”, expresó Crisanto y reiteró que nunca cometió el homicidio por el que fue sentenciado a 43 años de cárcel.
Crisanto ingresó al penal de Santiaguito en 2013, cuando pasó de denunciante a denunciado. Según su propio testimonio, acudió al Ministerio Público de Lerma a denunciar a su sobrino (entonces menor de edad) por haber asesinado a una persona.
Desde entonces, su esposa Carmen Flores -integrante del colectivo Haz valer mi libertad– emprendió protestas y acompañó a la defensa legal a cargo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la cuál tramitó una solicitud de amnistía ante la CODHEM.
Hasta la fecha la CODHEM ha presentado 27 pronunciamientos de amnistía para 17 mujeres y 10 hombres, otorgándoles la libertad en 20 casos (16 mujeres y cuatro hombres). En dichos procesos la Comisión ha acreditado vulneraciones a los derechos humanos en los procesos judiciales.
