San Pancho, Nayarit: ordenan demoler torres de Punta Paraíso
Un tribunal federal ordena demoler las torres de Punta Paraíso en San Pancho, Nayarit, tras años de litigio y con dos en riesgo de colapso.
Un tribunal federal retiró ayer, 7 de octubre, confirmó las sanciones que la Profepa impuso a la compañía Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., empresa responsable del desarrollo Punta Paraíso en San Pancho, Nayarit y ordena derribar las torres levantadas irregularmente sobre terrenos ganados al mar. La resolución pone fin a seis años de litigio y llega en un momento crítico: dos de las tres torres del complejo están en peligro de desplomarse tras el paso del huracán Rachel.
Desde 2017, habitantes de la playa de San Pancho, en Bahía de Banderas, Nayarit, solicitaron a autoridades municipales, estatales y federales detener la construcción de las torres del desarrollo Punta Paraíso, impulsado por el empresario mexicano Carlos Lemus Mateos, asociado con inversionistas canadienses, a través de la empresa Pacific Lifestyle Properties. Se trata de un complejo que alberga 44 unidades habitacionales, valuadas en cerca de 630 mil dólares cada una.
Ese mismo año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó que una barrera metálica del complejo rebasaba los límites permitidos, se introducía en la franja federal y bloqueaba el paso público a la playa. Como la empresa no acató la instrucción de desmontar el obstáculo, la autoridad optó por suspender de manera parcial y provisional las obras en esa área.
De acuerdo a los residentes, la obra se asentó indebidamente sobre un médano y en un espacio donde anidan tortugas marinas. No sólo eso: la construcción se erigió sobre un suelo frágil frente al vaivén de las mareas. Desde 2018 en San Pancho se registraron protestas callejeras y los vecinos señalaron anomalías en el estudio de impacto ambiental que autorizó el proyecto.
Ahora, el inmueble ha sido ya desalojado y clausurado. La comunidad de San Pancho, que resistió desde 2017, ve ahora cómo la justicia federal ratifica lo que advirtió durante años.
Dos torres de lujo en riesgo de colapso
Este año, el fuerte oleaje asociado al huracán Rachel dejó expuestos los pilotes de las torres de Punta Paraíso, ubicado frente a la playa de San Pancho. José Santos Salas, director de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, explicó que la probabilidad de derrumbe es elevada, porque bajo la construcción se abrió una oquedad de aproximadamente cuatro metros y porque las dos torres principales presentan una inclinación pronunciada en dirección al océano.
“Escuchábamos el agua y se movían ya los edificios”, describió el funcionario durante la inspección del inmueble. “Si colapsa o no, eso ya se verá, pero por lo pronto hicimos la evacuación para evitar accidentes”.
Santos Salas añadió que “la mitad de dos torres está volando, no tiene más que los puros pilotes, no tiene sostén de tierra, de piedra, no tiene nada, está volando”.
El operativo de evacuación incluyó a 13 personas extranjeras: once canadienses y dos estadunidenses. Parte de ellos optó por volver a sus naciones; el resto se trasladó a sitios de menor riesgo. Efectivos de Protección Civil de los gobiernos estatal y municipal ejecutaron el cierre del inmueble el fin de semana pasado. Policías estatales mantienen resguardo en el sitio debido al riesgo de colapso.
A juicio del funcionario, el conjunto ya no reúne condiciones para ser habitado, por lo que tendría que ser derribado. No obstante, precisó que especialistas en construcción y las autoridades correspondientes realizarán una evaluación y determinarán las acciones a seguir.
El mar llegó antes que la resolución judicial
El mandato judicial emitido ayer por magistrados del Décimo Segundo Tribunal Colegiado exige devolver al estado natural 1,466.008 metros cuadrados de superficie ganada al mar, lo que implica derribar las edificaciones levantadas sin autorización. Asimismo, la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V. deberá cubrir una sanción económica de 96 mil 220 pesos. El fallo administrativo añade que los inmuebles conocidos en el expediente como “Edificio A denominado Torre 1” y “Edificio B denominado Torre 2” pasarán a formar parte del patrimonio nacional.
“Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental, pues implica que prevalezca la protección del ecosistema, la recuperación de la superficie afectada y la salvaguarda de los bienes nacionales”, afirmó la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
El origen del conflicto data del 13 de agosto de 2009, fecha en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un título de concesión a favor de la empresa sobre 1,469.92 metros cuadrados de franja marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. La condición era preservar el área sin alteración alguna.
Una resolución administrativa del 26 de marzo de 2014 amplió la concesión hasta 2,534.003 metros cuadrados, con motivo de los terrenos ganados al mar. El mismo documento autorizó destinar el espacio a fines recreativos y de ornato, con la prohibición expresa de darle cualquier otro uso.
Pese a esas condiciones, la compañía se apropió de 1,466.008 metros cuadrados de superficie ganada al mar y levantó allí sus construcciones. La irregularidad quedó documentada en una inspección que arrancó el 1 de diciembre de 2021 y desembocó en una resolución sancionadora del 15 de agosto de 2022.
El 28 de septiembre de 2022, la compañía presentó un recurso de nulidad. El 6 de mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló a favor de la validez del acto administrativo. Disconforme, la empresa interpuso un amparo que recayó en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado.
Cuatro años después de la resolución que ordenaba sancionar a la empresa por sus torres ilegales en San Pancho, el mar reclamó su territorio.
“Estamos perdiendo playa en todas partes”
Ante legisladores de la Cámara de Diputados, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, admitió que la desaparición de playas en el país obedece tanto al incremento del nivel del mar y al cambio climático como a las edificaciones que modifican la dinámica costera.
“Estamos perdiendo playas en todas partes, no solamente por el aumento del nivel del mar, sino también por el desgaste que estamos teniendo por las construcciones”, explicó. La funcionaria añadió: “Tenemos que trabajar en la adaptación, porque ya llegó el cambio climático y ahora nos tenemos que adaptar a él”.
La normativa es clara: el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales prohíbe inhibir, restringir, obstaculizar o condicionar el acceso a las playas y a la franja federal adyacente. El artículo 15 precisa que los particulares sólo pueden obtener derechos de uso, aprovechamiento o explotación sobre bienes nacionales, nunca de propiedad. Y el artículo 119 define la Zofemat como una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa.
