México registra nueve personas víctimas de tortura al día
Las instituciones encargadas de investigar los delitos en México son también las más señaladas por cometer tortura.
Mientras el gobierno federal defiende el avance de la estrategia de seguridad, las bases de datos oficiales revelan que, entre enero y abril de 2026, el Secretariado Ejecutivo documentó 1,085 víctimas de tortura en el fuero común: un promedio de casi nueve personas torturadas cada día en México.
Esta cifra se refiere al número de víctimas registradas en carpetas de investigación en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de todas las entidades federativas de México.
En el desglose mensual se registraron 217 casos en enero, 221 en febrero, 380 en marzo y 267 en abril.
Agentes adscritos a la fiscalías son los más denunciados
El Informe de hallazgos – 2023, elaborado por el Observatorio contra la Tortura, revela que durante ese año se abrieron un total de 4 mil 592 investigaciones por tortura a nivel nacional; de estas, solo 18 casos lograron ser judicializados (es decir, presentados formalmente ante un juez): sólo el .39% de los casos de tortura llegan a instancias judiciales.
El hallazgo más crítico del informe es que las instituciones encargadas de investigar los delitos en México son, al mismo tiempo, las más señaladas por cometer tortura.
Los agentes adscritos a las fiscalías –como los policías ministeriales– acumulan el 44% del total de las denuncias. A pesar de encabezar la lista de presuntos perpetradores, el Observatorio destaca que durante 2023 no se identificó ni un solo caso judicializado en contra de personal de las fiscalías.
De las 18 investigaciones que las fiscalías remitieron ante un juez donde se especificó la corporación imputada,7 casos correspondieron a abusos perpetrados por policías municipales.
Otro foco rojo de perpetración se ubica dentro de los centros de privación de la libertad. Los custodios y el personal que administra las prisiones en los estados representan el segundo grupo con mayor presencia en los casos judicializados de 2023, con 2 expedientes penales formales en su contra ante los jueces.
Los policías estatales cierran la lista de las autoridades formalmente acusadas ante la judicatura en el periodo analizado, con 1 caso judicializado.
El documento también señala que la gran mayoría de las carpetas de investigación terminan archivadas temporalmente o bajo decretos de “no ejercicio de la acción penal”.
Tortura durante operativo en Guanajuato
En septiembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves No. 194VG/2025, la cual es un ejemplo de los datos consignados por el Informe de hallazgos del Observatorio contra la Tortura.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, durante un operativo de seguridad llamado Golpe de Timón, en el municipio de Villagrán, Guanajuat. Marinos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (policías ministeriales locales) irrumpieron ilegalmente en una vivienda donde capturaron a una víctima, identificada como “V” en la Recomendación. En lugar de presentarla de inmediato ante un juez, la mantuvieron en custodia prolongada para quebrar su voluntad a través de sufrimiento físico y obligarla a declararse miembro de una célula delictiva.
El organismo exigió al fiscal general de Guanajuato y al secretario de Marina inscribir de inmediato a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas para asegurar su reparación del daño, además de obligarlos a colaborar con la Fiscalía General de la República en la investigación penal para que los marinos y los policías ministeriales involucrados fueran castigados.
El expediente de la CNDH detalla que, durante el traslado y posterior retención, la víctima recibió brutales palizas en los glúteos, amenazas de muerte contra sus hijos y tortura psicológica extrema. Aunque la Secretaría de Marina intentó deslindarse argumentando que no participó en los hechos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmó haber dado únicamente “seguridad perimetral”, los peritajes médicos basados en el Protocolo de Estambul confirmaron el severo daño físico y el estrés postraumático de la persona agredida.
Ante la contundencia de las pruebas, la CNDH calificó el caso como una violación grave a los derechos humanos y ordenó una reprimenda institucional conjunta.
El organismo exigió al fiscal general de Guanajuato y al secretario de Marina inscribir de inmediato a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas para asegurar su reparación del daño, además de obligarlos a colaborar con la Fiscalía General de la República en la investigación penal para que los marinos y los policías ministeriales involucrados fueran castigados.
Aunque este acto de tortura sucedió en 2019, la CNDH concluyó las investigaciones, acreditó las pruebas médicas de la tortura y emitió formalmente esta resolución a finales del 2025.
