Un informe advierte del retroceso en la transparencia sobre fosas clandestinas
El análisis de los datos muestra que en cuatro años, la proporción de respuestas sobre fosas clandestinas disminuyó casi 22%
El informe Enterrar la verdad: Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, advierte que la transparencia sobre las fosas clandestinas en el país tuvo un notable retroceso: en 2024, el 84.4% de las fiscalías respondió la solicitud de información –de forma total o parcial–, mientras que en 2025 este porcentaje cayó al 62.5%
El documento, desarrollado de manera conjunta por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y las organizaciones Data Cívica y Artículo 19, señala que ocultar estos datos no sólo es un fallo institucional, sino una forma de prolongar el dolor de miles de familias.
“El hallazgo de fosas clandestinas no representa simples estadísticas, sino que significa una oportunidad invaluable para dar con el paradero de personas desaparecidas y brindar respuestas a las familias que continúan buscando a un ser querido”, enfatiza el informe.
Este retroceso en la información recibida sobre fosas clandestinas se hace aún más evidente al contrastarlo con los datos del 2023, cuando el 90.6% de las fiscalías respondió la solicitud de información; y más aún con los datos del 2022, cuando el porcentaje fue de 93.8%.
El análisis de los datos muestra que en cuatro años, la proporción de respuestas disminuyó casi 22 puntos porcentuales.

FOTO: ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO.COM
También se documentaron prácticas que restringen el derecho de acceso a la información: la entrega de datos incompletos, el uso de enlaces inactivos, la ampliación injustificada de las causales de reserva y respuestas que trasladan a la ciudadanía la carga de reconstruir información que corresponde a las autoridades.
“En un país que enfrenta una profunda crisis forense, resulta fundamental poder acceder a información pública clara, precisa y confiable. Cuando los datos permanecen ocultos o dispersos entre decenas de instituciones públicas, se debilita la capacidad de la sociedad para conocer la dimensión real del problema y evaluar la actuación de las autoridades encargadas de investigar y documentar estos hallazgos”, cuestiona el informe.
2025, el año más preocupante
El informe subraya que la caída más pronunciada de transparencia se registró en 2025, año en el que empezó a operar Transparencia para el Pueblo. El dato más alarmante es que 8 entidades federativas, que habían cumplido con la obligación en materia de transparencia en 2024, no respondieron en 2025.
Otro de los principales hallazgos es que las respuestas de buena calidad disminuyeron de 57.6% en 2024 a 39.3% en 2025, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de 27.3% a 39.3%.

Entre las entidades donde la opacidad fue particularmente preocupante se encuentra Quintana Roo, que registró el mayor retroceso: pasó de calificación perfecta a no entregar información útil. Otro caso preocupante es el de Baja California, entidad en la que los datos sobre fosas clandestinas fueron reservados por cinco años.
Coahuila y Nayarit respondieron después de dos meses, con cero fosas. Colima remitió a un enlace inactivo y Guanajuato canalizó a un portal sin información suficiente para identificar fosas clandestinas.
A la lista de entidades que preocupan más, se suma Morelos con cuatro años consecutivos sin responder solicitudes, junto a Hidalgo, que se declaró incompetente para entregar información. En una situación similar están Tamaulipas, que cerró la llave de la información tras la entrega de datos en años anteriores, y Veracruz, que limitó el acceso mediante respuestas administrativas insuficientes.
“Cuando las instituciones cumplen con la obligación formal de emitir un oficio o respuesta en los plazos legales, pero eluden la entrega de datos útiles o analizables, la simulación se consolida como una práctica para evadir la rendición de cuentas”, concluye el informe.




