Tren Interoceánico: ASF advirtió riesgos en tramo de Oaxaca en 2019
La ASF documentó en 2019 una "deficiente planeación" en el tramo de la Línea Z donde el Tren Interoceánico descarriló, dejando 13 muertos.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, que cobró 13 vidas y dejó 98 heridos en Oaxaca, ocurrió en una sección de la vía cuyos riesgos técnicos y mal manejo contractual eran conocidos por las autoridades desde al menos 2019, según documentos oficiales de la ASF, máxima entidad fiscalizadora del país.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado una “deficiente planeación” e irregularidades en los contratos para rehabilitar precisamente el tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico donde sucedió el accidente el pasado 28 de diciembre.
La noticia, difundida el día de hoy en la portada de El Universal, despertó el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum quien esta mañana en su conferencia diaria dijo: “A quien editó El Universal el día de hoy o ayer: es inhumano, qué falta de pudor periodístico. Es una bajeza”. La mandataria se refería a la decisión de publicar retratos de algunas de las víctimas para ilustrar la noticia.
Respecto a las irregularidades detectadas por la ASF desde 2019 y hasta 2023, la presidenta se limitó a decir que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien revise los antecedentes de irregularidades en la obra.
Y es que desde hace cinco años, el gobierno sabía que el tramo montañoso entre los municipios de Mogoñé y La Mata, en Oaxaca, presentaba complicaciones por sus “pendientes y curvaturas muy elevadas”. Aún así, la obra para corregirlo comenzó con prisas y fallas.
Foto: Carolina Jiménez, Cuartoscuro
En 2019, la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) otorgó con premura un primer contrato para rehabilitar 12.65 kilómetros a la empresa Daniferrotools. La ASF, en su auditoría 263-DE, encontró que los trabajos iniciaron sin los estudios y proyectos técnicos terminados.
“Se observó una deficiente planeación de los trabajos”, concluyó el organismo. La obra comenzó con un proyecto mal diseñado que no incluía materiales esenciales, lo que obligó a hacer cambios sobre la marcha y a pedir plazos extras. El modus operandi fue claro: actuar con prisas, saltarse etapas de estudio y justificar las fallas por ser una obra prioritaria del gobierno federal.
El contrato con Daniferrotools fue cancelado y la ASF pidió investigar a los servidores públicos responsables por las irregularidades. No hay información pública sobre el resultado de esa investigación.
Pero los problemas continuaron. Un segundo contrato para el mismo tramo, por 284 millones de pesos, fue dado a un grupo de cuatro constructoras en 2021. Auditorías posteriores de la ASF detectaron un presunto desfalco de 229 mil pesos por maquinaria no comprobada y, un año después, otro posible daño al erario por 169,824 pesos.
Las dificultades técnicas del tramo Z eran enormes. Se trata de un tramo de 56 kilómetros entre Mogoñé y La Mata, Oaxaca, con pendientes y curvaturas “muy elevadas” que atraviesa una zona montañosa con terreno ondulado. La ASF rechazó los argumentos de la FIT que justificaban la prisa por tratarse de un proyecto prioritario del gobierno federal, señalando que ni la premura ni la complejidad eximen de una planeación que garantice la seguridad.
La Auditoría Superior, además de documentar las irregularidades, promovió acciones administrativas sancionatorias contra los servidores públicos responsables dentro del FIT. Además de cancelar el contrato con Daniferrotools, la auditoría revisó otros siete contratos de adquisición de materiales, como rieles y durmientes, con empresas como Amexder, S.A. de C.V. e Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V., en un proyecto global que superó los 471 millones de pesos. Estas advertencias técnicas y de gestión quedaron plasmadas en un informe oficial desde enero de 2021 y configuran un antecedente forense ineludible para la investigación del accidente que esta semana cobró 13 vidas.
Sheinbaum visita el tramo Z
El pasado domingo 28 de diciembre, la máquina principal del tren se salió de la vía a la altura del kilómetro 230+200, cerca del poblado de Nizanda. Este punto se encuentra dentro del tramo auditado y cuestionado entre Mogoñé Viejo y La Mata.
De los 241 pasajeros a bordo, 13 fallecieron y 98 resultaron heridos. Una niña de 6 años y una adolescente de 15 estuvieron entre las víctimas mortales. Hasta este martes, 36 personas permanecen hospitalizadas, aunque ninguna en riesgo vital.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó la zona el día de ayer y anunció un apoyo inmediato de 30 mil pesos para cada familia afectada, además del compromiso de un “acompañamiento permanente” por parte de un servidor público.
Foto: Carolina Jiménez, Cuartoscuro
Sheinbaum insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien investigue y determine las causas del accidente. En paralelo, ordenó buscar una “certificación internacional” para la seguridad de la vía antes de reanudar el transporte de pasajeros, tarea que encabezarán la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
La empresa FIT cuenta con un seguro para pasajeros que cubre hasta 386,289 pesos por muerte accidental y 30,547 pesos por gastos funerarios. Para acceder a él, las familias deben presentar el boleto de viaje, lo que podría ser un obstáculo tras un evento de esta magnitud.
Este tramo de vía es parte fundamental del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador que buscaba reactivar el comercio entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Las auditorías señalaban que la rehabilitación buscaba “aumentar la seguridad” y la eficiencia, un objetivo que queda en entredicho tras la tragedia.
La investigación de la FGR deberá ahora determinar si las irregularidades señaladas repetidamente por los auditores jugaron un papel en esta catástrofe.
