Woodside, Eni, Repsol y Pemex insisten en explotar el petróleo del Golfo de México
A pesar de los riesgos y los desastres ambientales del pasado, empresas como Woodside, Eni, Repsol y Pemex continúan apostando por la explotación de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México.
La explotación petrolera sigue representando una amenaza inminente. La actividad genera contaminación acústica que altera el comportamiento de especies marinas, aumenta el riesgo de derrames y desplaza a los pescadores que han trabajado en estas aguas durante generaciones.
Ante ello, Oceana, organización internacional dedicada a la protección de los mares, propone establecer una Zona de Salvaguarda en la que esté prohibida por completo la explotación de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México.
El desastre de Deepwater Horizon en 2010 marcó un antes y un después en la historia de la industria petrolera. La explosión de la plataforma operada por British Petroleum (BP) en el Golfo de México dejó un saldo trágico: 11 trabajadores muertos y 17 heridos. Además, el crudo extraído del pozo Macondo comenzó a filtrarse al mar, lo que provocó un derrame de casi 5 millones de barriles que duró 87 días y devastó el ecosistema marino y las comunidades costeras.
Quince años después de esta tragedia ecológica que exterminó peces, mamíferos marinos y aves, empresas energéticas como la australiana Woodside, la italiana Eni, la española Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen buscando explotar el petróleo en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, según el informe El Golfo de México, más allá del petróleo, publicado por Oceana.
De los 28 contratos otorgados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la explotación de petróleo en aguas profundas, hasta febrero de 2025 tres continuaban en fase de exploración y uno, el contrato para el Campo Trión, se encontraba en desarrollo. El resto ha sido cancelado o están en proceso de hacerlo, ya sea porque las empresas no encontraron recursos en los pozos o porque su explotación no resulta financieramente viable.
“Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como medida para asegurar la soberanía energética, se suspendieron las concesiones y contratos para las empresas privadas y se cerró toda posibilidad para abrir nuevos campos petroleros en aguas profundas. Sin embargo, con el marco legal vigente podrían reanudarse”, afirma Oceana.
La exploración en aguas profundas mexicanas comenzó en 2004. Ocho años después, Pemex descubrió el Campo Trión, un yacimiento petrolero ubicado al norte del Golfo de México, a una profundidad de 2,200 a 2,600 metros.
El 13 de noviembre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el Campo Trión es una de las prioridades para las actividades de explotación de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su operación está proyectada para 2028, aunque no existen garantías de que será rentable.
¿Por qué seguir explorando las aguas profundas?
Con la caída de la producción de petróleo en aguas someras, la industria energética mundial ha comenzado a centrar sus esfuerzos en las zonas más profundas (entre 300 y 760 metros) y ultraprofunda (por encima de los 760 metros y hasta 3.1 kilómetros). Esto, a pesar de los riesgos que implica la exploración y explotación a esas profundidades.
“Empresas extranjeras han puesto los ojos en las aguas profundas del Golfo de México pese a saber que, a mayor profundidad, hay mayores probabilidades de derrames y desastres socioambientales con impactos incalculables. Estudios científicos señalan que cada aumento de 30 metros de profundidad crece 8.5% la probabilidad de un incidente”, advierte la organización dedicada a la protección y restauración de océanos.
Debido a las limitaciones técnicas y de infraestructura de Pemex para trabajar a dichas profundidades, los contratos con empresas extranjeras son prácticamente obligatorios. Esto significa, según Oceana, que los posibles ingresos y beneficios serán para las compañías, mientras que los riesgos y los costos sociales y ambientales recaerán sobre la población mexicana y las aguas nacionales.
En la región costera del Golfo de México, compartida por México y Estados Unidos, viven aproximadamente 55 millones de personas. Al menos 15 millones tienen una relación directa o indirecta con sus recursos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El valor económico de la zona se suma a su riqueza ambiental: en 2010 se registraron más de 15,000 especies de vertebrados, invertebrados, bacterias, virus y algas, de las cuales 1,511 son endémicas. El Golfo de México es una de las regiones marinas más biodiversas del mundo.
Frente a este panorama, Oceana propone establecer una zona de salvaguarda en el Golfo de México, actualmente el país cuenta con cinco áreas de este tipo declaradas en 2016. Su objetivo es proteger ecosistemas marinos únicos, garantizar la resiliencia climática y promover actividades económicas sostenibles que beneficien de forma directa a las comunidades costeras.
La propuesta considera un área total de más de 346 mil kilómetros cuadrados, se encuentra en zonas profundas y ultraprofundas, incluye los bloques sin asignación y excluye los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Es una región de aguas profundas del Golfo de México sin concesionar y no permitiría la exploración y extracción de hidrocarburos, para priorizar actividades como la pesca y el turismo sostenibles que beneficien directamente a las comunidades costeras.
Además, sería útil para proteger más de 80 especies de la zona, entre ellas las amenazadas como el tiburón ballena, el cachalote y el tiburón martillo.
“La actual administración tiene la oportunidad de proteger el Golfo de México con una política pública firme que evite la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas, que garantice la vida marina y los derechos humanos y ambientales de los 15 millones de personas que habitan las costas del Golfo de México”, señala Oceana.
